En una audiencia oral presidida por un Tribunal Penal de 2ª Instancia se firmó ayer un acta acuerdo que tiene pocos antecedentes en la ciudad, ya que 113 familias que se establecieron en un terreno ubicado en Constitución al 4300 podrán ser propietarias tras dejar atrás una causa penal iniciada en 2012 por usurpación. En un acto que no tiene antecedentes en los últimos tiempos, el trabajo de la Justicia, el aporte del Estado, tanto provincial como municipal, y la aceptación del propietario del inmueble logró que 429 personas, la mitad de ellas menores de edad, puedan acceder a su casa propia tras acordar un plan de pago, pasando de un conflicto que nació sumamente complejo a un acuerdo donde primaron las necesidades sociales.
El asentamiento irregular en el terreno se originó en 2009, y en 2012 el propietario inició una causa penal por usurpación solicitando su desalojo, lo que fue concedido por el Juzgado de 1º Instancia de Distrito en lo Penal y Correccional 6ª. Esta decisión fue apelada por la Defensoría General y la causa terminó llegando a la Cámara Penal.
Por una solución
Hace alrededor de seis meses el caso llegó a la Fiscalía de Cámaras, y a la Defensoría de Cámaras quienes empezaron a trabajar buscando una solución al considerar, desde un primer momento, que se estaba ante una situación sobre la cual “ameritaba aplicarse más una mirada social que penal” para encontrar una salida.
Así las cosas, la defensora de cámara Marcela De Luca se convirtió en una de las encargadas de llevar adelante las gestiones, ya que no hubo ninguna organización social que interviniera en el caso, dijeron fuentes judiciales.
En ese marco se decidió realizar un relevamiento poblacional del lugar porque no había datos precisos sobre el mismo. Con especial ayuda de dos referentes que viven allí pudieron tener contacto directo con la gente y acceder a los datos necesarios. También comenzaron las primeras reuniones con algunos funcionarios municipales y provinciales.
De allí surgió que en el asentamiento vivían 429 personas en total, 250 de ellas argentinas, 156 paraguayas, 8 bolivianas, 11 peruanas y 4 colombianas. En total son 113 familias, de las cuales aproximadamente la mitad de sus integrantes son menores de 18 años.
Otro dato aportado desde la Justicia es que se trataba en su mayoría de “gente trabajadora que se desempeña principalmente en la construcción, en el cuidado de personas y en tareas de limpieza”.
También surgió que como muchas de las casas eran de material era necesario plantear una excepción al régimen de loteos, porque las construcciones eran “sólidas”.
Allí se inició un nuevo contacto con funcionarios municipales y de la provincia y se decidiá aplicar esa excepción, ya que muchas de las medidas aplicadas en los lotes y las viviendas “no cuadran con las ordenanzas municipales”.
Además, la provincia se terminó comprometiendo a mejorar a futuro las condiciones de habitabilidad del lugar con servicios fundamentales como el trazado de calles y los servicios de agua, luz y electricidad.
En una segunda instancia se aplicó un principio de oportunidad para finalizar con la cuestión penal y se hizo a través de un acuerdo firmado ayer entre las partes. Allí los ocupantes se comprometieron a pagar un 30 por ciento del valor estipulado de cada terreno al contado y el resto en cuotas de 1.500 pesos.
Como referencia se tomó que un terreno de 200 metros cuadrados tendría un valor de 165 mil pesos financiados con anticipo y 90 cuotas. Una vez cancelada la deuda los ocupantes adquirientes podrán acceder a una escritura, manteniendo el dominio libre de embargos, hipotecas o inhibiciones.
Durante la firma del acta acuerdo, la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren recordó que desde la Fiscalía “siempre se manifestó que se trataba de una cuestión social y no penal”. “La única forma de solucionar esto era por la vía de un acuerdo, algo que se consiguió por lo que no resulta necesario proseguir con la cuestión penal, por lo que solicitamos que se disponga del sobreseimiento”, concluyó la funcionaria.
En el Concejo se declaró el “interés social”
La denuncia por usurpación de los terrenos de Constitución al 4300 fue tratada en simultáneo en el Concejo Municipal donde a través de una ordenanza aprobada a fines de noviembre de este año se declaró de interés social la intervención urbanística coordinada por la Secretaría de Estado del Hábitat, permitiendo la adquisición de los lotes.
La razón de la sanción de la norma radicó en la necesidad de encontrar una solución que evitara el desalojo de las familias sin desmedro de los intereses de los dueños de las tierras. “Dadas las características de las viviendas del lugar y de sus habitantes, en su mayoría con ingresos provenientes de su trabajo, aunque no formal, que les permitiría afrontar la adquisición del terreno a través de las posibilidades que los propietarios aceptaron”, se destacó en el Palacio Vasallo.
“El alto grado de consolidación material de las viviendas construidas no sólo evidencia el tiempo de radicación sino además contribuyó a fortalecer los vínculos sociales que las familias fueron construyendo mediante la participación cotidiana de distintas acciones comunitarias, logrando una integración por fuera de la escala barrial”, se añadió.
