“La ley de extinción de dominio es un gran aporte a lo que significa el combate al narcotráfico en lo que más le duele, el corazón del problema, que es la cuestión económica. Es decir, ir a capturar los bienes del narcotráfico”, dijo ayer el senador nacional Rubén Giustiniani. El legislador socialista impulsa en la Cámara alta un proyecto de ley para que el Estado pueda expropiar los bienes de aquellas personas que estén investigadas o hayan sido condenadas por delitos vinculados al narcotráfico.
Giustiniani encabezó una jornada de debate en el Centro de Estudios Igualdad Argentina junto a los diputados nacionales Ricardo Alfonsín (que propuso una iniciativa similar en la Cámara baja) y Fabián Peralta, el diputado provincial Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto.
“Hoy existe una ley, pero la ley de extinción de dominio es perfeccionar lo existente, es posibilitar a un juez las herramientas para que en determinado momento se inicie una acción paralela a la acción penal y se puedan expropiar los bienes económicos del presunto narcotraficante sin necesidad de esperar al fin del juicio, de la comprobación definitiva y de la pena del narcotraficante. Este es un desarrollo paralelo de la acción que permite al Estado decomisar los bienes económicos, llámese automóviles, vivienda, todo tipo de bien económico”, indicó Giustiniani.
“Es una herramienta muy importante que no es un invento nuestro, esto se puso en marcha en Europa, hay leyes en la materia en México, en Colombia y han dado muy buenos resultados”, agregó.
“Desde el Frente Amplio Unen hemos hablado con todos los bloques, el Frente Renovador, el PRO y el oficialismo. Y por primera vez hemos encontrado en el oficialismo que empieza a abrirse al debate, la presencia del secretario de Seguridad, Sergio Berni, y de la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, días pasados en la comisión de Seguridad Interior, ha sido la primera posibilidad de discutir en concreto con ellos radarización de la frontera, pistas clandestinas, desarrollo de la fuerza federal en todo el territorio”, explicó Giustiniani.
“No queremos que la presencia importante, bienvenida por los ciudadanos de Rosario, de 2 mil efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, quede en una foto. Queremos que esto sea una planificación a futuro, no queremos que lleguen un día y se vayan al otro, queremos debatir desde el Congreso de la Nación con el gobierno nacional una correcta distribución de los efectivos federales en todo el territorio nacional”, sostuvo.
“La primera política contra la inseguridad es la política social y la segunda es una política de reforma de la fuerza de seguridad. Y nuestro reclamo es que el gobierno nacional se haga cargo de un delito complejo como es el narcotráfico”, finalizó el senador.
Por su parte, Alfonsín señaló: “La difusión de un proyecto que ha presentado Giustiniani complementa al que presentamos con Maximiliano Pullaro en el Congreso para darle al Estado una herramienta que le permita incautar los bienes de los narcotraficantes. Una de los elementos que le permiten al narcotráfico actuar es el gran poder económico que posee y de nada sirve que tengan presa a una persona acusada de narcotráfico, condenada incluso, si no se le quitan los bienes”.
“El gobierno nacional hasta ahora negó los problemas, hizo como con la inflación y la energía, pero se han ido desarrollando de tal manera que ya no puede seguir ocultando la realidad que tiene que ver con un desarrollo preocupante de esta actividad narcocriminal”, agregó.
“La responsabilidad la tiene el gobierno central, por supuesto que las provincias y los municipios debe colaborar, pero la responsabilidad principal la tiene el gobierno nacional. Hay que actuar de manera conjunta incluso con otros estados porque una de las características que tiene esta actividad criminal es que es trasnacional, tienen una red de comunicación que conecta organizaciones criminales de distintos países”, concluyó el diputado radical.
