El diputado provincial Rubén Giustiniani sostuvo este jueves que «el paquete de leyes impulsado por el gobierno provincial contiene una declaración de emergencia social y una serie de reformas tributarias que son consideradas un espejo de las medidas aprobadas en el Congreso de la Nación. Sin embargo, desconocen la necesidad de incorporar un artículo referido a la cuestión tarifaria en materia de servicios públicos de competencia provincial. Esto nos resulta llamativo por diversas razones».
Giustiniani digo que «la recesión e inflación que atravesó la situación económica del país durante los últimos años tuvo entre sus principales causas los constantes e irracionales aumentos en la tarifa de los servicios públicos, que generan serias dificultades en las familias, los comercios y las pymes industriales. A esto se le suma la desproporcionalidad entre los aumentos tarifarios y los incrementos salariales».
«Por estos motivos, la Ley Nacional de Solidaridad Social establece el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos de competencia nacional por un plazo de 180 días e invita a las provincias a adherir a estas medidas concebidas para a reducir la carga tarifaría real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020», añadió.
A su vez, en los fundamentos del Mensaje 4.868 que remite el proyecto de Ley de Emergencia Social, el gobernador de la provincia cita expresamente los fundamentos de la normativa nacional referidos a la cuestión tarifaria: “Las tarifas de los servicios públicos, por su parte, han sufrido incrementos que han afectado severamente la viabilidad de la industria y del comercio, y también la vida de las familias”.
«En un contexto de crisis económica -dijo el diputado Rubén Giustiniani- el Estado debe asumir un rol activo para garantizar el acceso a los servicios básicos y evitar una mayor vulneración de derechos. Es por esto que proponemos la suspensión de los aumentos en la tarifa de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable durante 180 días, a los fines de aliviar el malestar económico de las familias y las pymes santafesinas, tiempo durante el cual es preciso diagramar un nuevo esquema tarifario que respete los derechos de los usuarios y usuarias del servicio».
