La Cámara Nacional Electoral (CNE) tomó una polémica medida que generó un profundo enojo en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: exige a los organismos electorales provinciales el pago de un arancel variable para mantener el Registro Nacional de Electores.
Esta determinación se tomó el 12 de noviembre luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que es la CNE la que debe definir cómo se actualiza la compensación económica para garantizar el acceso a la información del Registro Nacional de Electores y su actualización continua.
“Las dependencias de administración competentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han tenido ocasión de explicar que corresponde a esta Cámara Nacional Electoral decidir sobre lo atinente a la compensación económica de los convenios de colaboración”, dice la acordada de la CNE, redactada tras una reunión entre los doctores Santiago Hernán Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via, actuando el Secretario de la Cámara doctor Sebastián Schimmel.
“Corresponde recordar que el artículo 17 del Código Electoral Nacional garantiza a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos electorales, el acceso libre y permanente a la información contenida en el Registro Nacional de Electores”, agregan.
Sin embargo, la acordada parece arrojar esta responsabilidad por la borda, obligando a las provincias a pagar por algo que, según la ley, es obligación de la propia Cámara a través del Estado nacional. Desde las provincias advierten a Data Clave que esto pone en tela de juicio el acceso libre y permanente al registro de electores, un derecho fundamental garantizado por el Código Electoral Nacional.
“En tanto lo solicitado suponga una tarea adicional o una erogación objetiva cuantificable, la previsión legal no implica que la respectiva jurisdicción no deba asumir los costos pertinentes –en el mínimo que resulte de aplicar los criterios de prudencia y austeridad que rigen la administración del fuero- para su generación y entrega”, dice la acordada de la CNE.
La fundamentación de la medida radica principalmente en la sobrecarga de trabajo de los empleados del Tribunal ante las solicitudes de los distritos. “¿acaso no están ya remunerados por cumplir con estas funciones?”, se preguntan en las distintas jurisdicciones. A su vez, remarcan que el padrón nacional mayormente se nutre de los Registros Civiles provinciales. “¿Por qué las provincias deben asumir costos adicionales por una tarea que ya realizan?”, retrucan.
En el cálculo estimativo que hicieron las provincias, la CNE recaudaría una cifra superior a los $1.300 millones. La más perjudicada por su caudal de electores, lógicamente, es la Provincia de Buenos Aires, con más de 13 millones de electores (según los registros de 2023) y un costo de $16.000 por persona por “tarea registral” y otros $25 mil por tareas técnico-informáticas. La jurisdicción que gobierna Axel Kicillof debería pagar casi $440 millones.
En segundo lugar aparece Córdoba, con más de 3 millones de electores y un costo estimado de $116 millones. El tercero Santa Fe, con más de 2,8 millones y un gasto de mantenimiento en el orden de los casi $109 millones. El cuarto lugar es para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gestiona Jorge Macri, con más de 2,5 millones de electores. Tendría un costo de casi $100 millones.
Esta medida de la Cámara Nacional Electoral generará indefectiblemente un tironeo con los gobernadores. Muchos de ellos incluso ya preguntaron si existe la posibilidad de que las provincias le exijan a Nación el pago por la utilización de las escuelas, su acondicionamiento y limpieza, además de la seguridad provista por las policías y bomberos locales, asistencia médica, entre otros costos.
A esto se suma que las provincias recuerdan que ya se hizo una inversión millonaria por parte de la propia Corte Suprema de Justicia en la digitalización de datos, destinada a simplificar los procesos de actualización de los registros electorales.
