El gobierno reglamentó de manera parcial la ley que autoriza el uso medicinal del cannabis y sus derivados, ya que no incluyó en el decreto varios puntos de la norma, como el impulso de la «producción pública» de la planta y su «eventual industrialización».
A través del decreto 738/2017 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio curso a la legislación aprobada por el Congreso el pasado 29 de marzo.
De esta manera, se creará el Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, que estará en la órbita de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud.
El área estará dirigida por «un profesional médico calificado y con experiencia en investigación o gestión de la investigación, o en especialidades afines, con rango de director nacional».
La Ley 27.350 autoriza al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) «el cultivo de cannabis con fines de investigación médica o científica para la elaboración de la sustancia que como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados al programa».
Al respecto, la norma fija que el Ministerio de Seguridad «establecerá las condiciones de habilitación que deberán observar el Conicet y el Inta, exclusivamente en materia de seguridad de los predios e instalaciones de cultivo de cannabis».
Sin embargo, quedaron sin reglamentar algunos objetivos de la ley, como «investigar los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados en la terapéutica humana»; «contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud» en ese sentido; así como también quedó excluido el impulso del Estado de «la producción pública» de la planta y «su eventual industrialización».
Finalmente, también quedó fuera la invitación a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para que se incorporen al programa.
La ley 27.350 había sido aprobada el pasado 29 de marzo en el Senado y su texto publicado en el Boletín Oficial 20 días después, aunque restaba la reglamentación de parte del Ejecutivo.
Agencia NA
