Por Gastón Rodríguez – Tiempo Argentino
De un lado la multitud que marchó toda la noche, que llegó desde cada rincón de la provincia, que prometió quedarse hasta que saliera el veto y que ya todos nombraron el “Mendozaso”. Del otro, una Casa de Gobierno de persianas bajas, vallada y con custodia policial. La modificación de la Ley 7722 que habilitó el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto puso en evidencia cómo la clase política es incapaz, por torpeza o corrupción, de entender el reclamo popular. “Al gobernador, a los senadores, al cuerpo legislativo de todas las bancadas –advierten en las calles– les decimos que jugaron con el bien más preciado de esta tierra: el agua. Y por eso han despertado un monstruo”.
Ese era el escenario hasta el lunes pasado el mediodía, cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a desalojar la plaza con gases y balas goma.
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La marcha
El domingo a la noche, desde San Carlos, una caravana de unos tres kilómetros salió hacia la capital. Caminaron más de cien kilómetros para unirse a las demás columnas y concentrar frente a la Casa de Gobierno. Los unía el repudio a la reforma de la ley 7722 que “protege el agua de todos los mendocinos”.
Cerca de las 7.30 de este lunes, los manifestantes comenzaron a concentrarse en dos grandes grupos. Los que vinieron desde el sur, se juntaron en la zona de “El Cóndor”, mientras que el resto de las columnas eligieron reorganizarse en el Nudo Vial. Desde allí comenzaron el tramo final hasta la explanada de la Casa de Gobierno que, desde anoche, se blindó con vallas y policías. Para el mediodía, ya había más de 80 mil personas y el #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia era tendencia de Twitter en Argentina.
El viernes, con 36 votos a favor, 11 en contra y una abstención, Diputados reformó la histórica Ley 7722 sancionada hace 12 años. Un rato antes, los senadores habían dado la media sanción al proyecto, mientras en las calles se organizaba el repudio a la nueva normativa con asambleas, cacerolazos y cortes de ruta.
El proyecto de reforma impulsado por el gobernador Rodolfo Suárez, de Cambiemos, y acompañado desde el peronismo, derogaba la prohibición a la utilización de cianuro, ácido sulfúrico y otras soluciones contaminantes en las explotaciones mineras.
El rechazo a la medida fue total. Organizaciones ambientales como Greenpeace, Vida Silvestre, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otros, expresaron su repudio.
“La reforma de la Ley 7722 es un reflejo de la política argentina con respecto a lo ambiental, en donde un grupo muy pequeño de gente adinerada sigue decidiendo en detrimento de los derechos de la mayoría, a costa del derecho al agua y el derecho a la salud no solo de Mendoza, sino de todo el país. Solo se piensa en pos de un beneficio económico”, le dice a Tiempo Nicole Becker, la referente de Jóvenes por el Clima que participó hace unos días de la COP25 denunciando la situación de Vaca Muerta y el Fracking.
Hasta el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, pidió públicamente que “no se no promulgue las modificaciones a la Ley 7722″.
En una carta abierta al gobernador Suárez, la autoridad máxima de la Iglesia Católica de la provincia expresó que “comprendo que no es fácil vetar la ley que Ud. mismo proyectó y los legisladores aprobaron. Sin embargo, seguramente en estos días, Ud. habrá podido ‘escuchar el clamor del Pueblo’ y ello lo habrá llevado a una nueva mirada sobre este tema tan impactante para una Provincia que vive la emergencia hídrica más severa en décadas».
Tanta presión obligó al secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, a comprometerse a recibir esta tarde a un grupo de ambientalistas, aunque enseguida aclaró que “la ley está en proceso de promulgación y no será vetada”.
