El gobierno ya tiene en mente el número que ofrecerá como incremento salarial para los empleados de la administración pública el año próximo: 18 por ciento. El número será presentado en febrero y, se espera, servirá luego como faro para el resto de la economía, especialmente para los privados, donde mejor se registró la recuperación del salario en los últimos años. La intención oficial es que sectores como el automotor, bancario, textil, alimentario, siderúrgico, plásticos y la industria en general tomen el mismo criterio, y el porcentaje luego sirva para comenzar a trabajar sobre una reducción en las expectativas inflacionarias.
Obviamente, el gobierno continuará con su discurso de mostrar alzas salariales “libres y sectoriales”, aunque la intención es dar el ejemplo para que luego los diferentes rubros tomen el mismo criterio. Si se siguiera esta lógica, y los sindicatos de los sectores públicos aceptaran un aumento del 18 por ciento o similar, entre 2014 y 2013 (cuando el alza fue del 22 por ciento para los empleados dependientes de la administración pública nacional), los privados deberían hablar de un alza de salarios no superior al 21 por ciento, teniendo en cuenta que el promedio de este ejercicio fue del 24,5 por ciento.
La idea oficial es que haya una reducción general en los reclamos de incrementos salariales y que los sectores industriales hagan punta. Eventualmente, y bajo la supervisión del ministro de Economía, Axel Kicillof, y parte de su equipo, los sindicatos que consideren que están en situación de retraso generalizado deberán concurrir al Palacio de Hacienda y presentar su situación en las dependencias donde se evalúa la productividad de cada rubro, especialmente el industrial.
A marzo con los números
Por otro lado, en 2014, la idea del gobierno es retrasar la discusión de paritarias hasta después de marzo, cuando el primer trimestre de acuerdos de precios para alimentos que comenzará a regir el 3 de enero haya cumplido su etapa con éxito. Luego, desde abril, el componente salarial formará parte de las discusiones con los firmantes del acuerdo para definir los nuevos valores de los productos que deben estar presentes en tiempo y forma en las góndolas.
El gobierno piensa que el 18 por ciento será difícil de aceptar sin mayores protestas por parte de los múltiples gremios que agrupan a los empleados públicos que dependen de la administración nacional, sobre todo luego de los aumentos que se debieron disponer en varias provincias para las policías regionales luego de la revuelta de Córdoba.
Para esto, el criterio que se utilizará es demostrar que se trató de correcciones salariales que “no deben ser tomadas como referencia alguna”, según le aseguraba ayer a este diario una alta fuente oficial. “De ninguna manera pueden ser tomadas para ningún sector que no sean las policías provinciales”, se afirmaba. Según esta visión, “se trata de un conflicto con un grupo laboral con reglas particulares, poder de presión particular y una relación con la sociedad determinada”, que “eventualmente también deberemos reconocer que tenían salarios muy retrasados”.
El ejemplo uniformado
Para el gobierno, el ejemplo a seguir en estos casos fue el conflicto que en su momento mantuvo la Gendarmería en octubre de 2012, con los agentes de esta fuerza y la Prefectura, que llevó los salarios básicos de 5.000 a 11.000 pesos. Se recordaba que ese incremento de más del doble no provocó luego una catarata de reclamos en otros empleados públicos, y que después, entre enero y marzo de este año, las negociaciones de los salarios que dependen del sector público se mantuvieron en incrementos menores que el 24 por ciento promedio. De hecho, la situación salarial de los policías regionales en rebeldía en los últimos días era similar a la de los gendarmes, ya que partieron de un básico de 4.500 pesos en promedio y llegan ahora a pagos de aproximadamente a 10.000 pesos.
