Para 2014 el gobierno nacional quiere implementar un cambio “revolucionario” en las negociaciones salariales: pretende que las discusiones paritarias comiencen en febrero y terminen en la primera quincena de diciembre. Esto es que en lugar de concentrar la mayor parte de los cruces entre empresarios y sindicatos durante cuatro meses (marzo a junio), la pelea por los aumentos salariales se extienda durante 11 meses. Con esto lo que se busca es reducir la presión inflacionaria, vinculada con la necesidad para los sindicatos de plantear un aumento modelo al que todos los sectores querrán superar para mostrar una buena negociación frente al resto.
En la argumentación se menciona que, si se discute todo un año, habrá menos apego a una cifra predeterminada y se podrá concentrar el planteo de mejora salarial anual en la situación particular de cada sector. El mundo ideal en esta estrategia es que cada cámara y sindicato se fijen en lo que fue el nivel de producción en los 12 meses anteriores al comienzo de cada discusión, para vincular la suba de sueldos a esa evolución real. Así, según esta teoría, la presión inflacionaria por el factor laboral se atenuaría, ya que no habría un porcentaje medianamente uniforme (que luego se traslada a los precios), sino diferentes alzas salariales individuales que no deberían presionar sobre el nivel general del IPC.
“Podemos estar todo el año con las oficinas de negociaciones paritarias abiertas. Trabajaremos el doble de tiempo, no habrá problema con eso”, aseguraban a este diario altas fuentes del Ministerio que maneja Carlos Tomada, al plantear la estrategia que tiene el gobierno en mente. La actual conducción de la cartera laboral planea dejar una especie de “legado” para la próxima gestión.
La implementación del nuevo cronograma de negociaciones paritarias depende de lo que comience a aplicarse este año. Cuanto más sindicatos estén dispuestos a discutir este ejercicio de acuerdos de paritarias que superen los 12 meses, más fácil será que estos se vayan acomodando durante el próximo año en meses diferentes al período marzo-junio.
El primer ensayo en este sentido fue la paritaria firmada por el gremio de Luz y Fuerza de Oscar Lescano, que cerró un alza salarial del 30,6 por ciento en 18 meses. Esto implica que el sindicato volverá a negociar en julio del año próximo. Para Trabajo se trata de un sector clave, ya que del alza sectorial que se cierre en las huestes lescanistas dependerá la posible indexación tarifaria que se deba aplicar o el aumento en los subsidios del que deberá hacerse cargo el gobierno.
Siguiendo ese ejemplo, el Ejecutivo quiere ahora que todos los gremios que dependan de subsidios estatales o sean servicios públicos regulados se “sumen voluntariamente” al cierre de paritarias a más de 12 meses. En la lista de sindicatos a los que se invitará a este tipo de acuerdos se inscriben los ferroviarios (en todas sus variantes), obras sanitarias, aeronáuticos, gas, trabajadores viales y marítimos. La intención sería que escalonadamente estos gremios vayan cerrando paritarias a 18 meses, para que en 2014 discutan aumentos de sueldos entre agosto y octubre.
Más hacia fin de año, después de las elecciones de octubre, el gobierno llamará a los trabajadores públicos para discutir aumentos salariales pensando en el año próximo. Si se llegara a un acuerdo, estos gremios serían los que volverían a hablar de aumentos salariales para 2014 recién entre octubre y los primeros días de diciembre. En este último sector de empleados públicos se inscriben también los docentes. Para este caso, el gobierno quiere aplicar una reforma radical: que discutan sus paritarias a fin de cada ejercicio y no a comienzo del período lectivo, para evitar las interminables protestas y huelgas generalizadas que cada año paralizan el inicio de las clases. Además, y como objetivo de máxima, la intención es reducir también la cantidad de gremios de docentes, al menos, a la mitad.
Para que la estrategia de extender las negociaciones paritarias pueda tener efectos positivos, el Ministerio de Trabajo quiere que haya al menos un sindicato industrial poderoso que acepte firmar un acuerdo de paritarias a 18 meses. En la mira está la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Antonio Caló. Parece difícil. Los herederos de Lorenzo Miguel ya le plantearon al gobierno que la intención de aumento salarial para este año es de 35 por ciento pero para 12 meses. Si se proyectara este reclamo a los 18 que piensan en el Ejecutivo, el alza salarial llegaría casi al 50 por ciento.
Hay un plan B: Smata, el sindicato que comanda el aliado al kirchnerismo Ricardo Pignanelli. Este gremio de los mecánicos debe comenzar a discutir sus paritarias este mes, y como se trata de un sector donde en general los acuerdos son fáciles –el costo laboral no es lo más importante de la estructura productiva de las terminales automotrices–, parecería factible la alternativa de un acuerdo de incremento salarial de largo plazo. Para los privados incluso sería un dato positivo.
El problema es que una posibilidad de un acuerdo de paritarias de largo plazo no está en los planes de Pignanelli, que incluso antes de comenzar a discutir los aumentos de este ejercicio hablaba de la alternativa de acuerdos de seis meses. Su argumento era que la situación de la demanda brasileña no daba respuestas adecuadas para el ritmo de producción local, y que se necesitaba más tiempo para saber cuál sería la situación de las terminales para este año.
