El Gobierno desempolvará el proyecto de elaborar un Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN), para ponerlo en funcionamiento antes de 2015. Con esto, el Ministerio de Economía buscará comenzar a negociar en el último trimestre del año con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para evitar las sanciones que el organismo anunció ayer, si la Argentina no pone en orden sus estadísticas. La intención de la cartera que maneja Hernán Lorenzino es no entrar en conflictos, y comenzar lo antes posible una rueda de negociaciones para poner en movimiento nuevamente el acuerdo con el Fondo, por el cual el Ejecutivo se comprometió a elaborar una medición de la inflación a nivel Nacional, con el aval y el aporte estadístico y profesional de técnicos del organismo. Sin embargo, desde comienzos de año, no hubo mayores avances en el proyecto que en algún momento de junio de 2011 firmó Amado Boudou en sus días de ministro de Economía.
La promesa argentina sobre la renovación de las negociaciones con el Fondo por un nuevo IPC fue hecha por el propio Lorenzino el viernes pasado, a través de una videoconferencia, donde las partes se prometieron tomar contacto directo en 15 días, cuando el ministro viaje a Tokio para la próxima cumbre del organismo con el Banco Mundial en la capital japonesa.
Ayer, la directora gerente del FMI Christine Lagarde, advirtió por la mañana que el Gobierno de Cristina de Kirchner tiene tres meses para poner en orden sus estadísticas y evitar la «tarjeta roja» de una censura por parte del organismo. El Fondo le dio al país así hasta diciembre para resolver ese conflicto, «así que tienen la tarjeta amarilla y tres meses para evitar la tarjeta roja», dijo Lagarde en una rueda de consultas ante la prensa.
La exministra de Economía de Francia se refirió por «tarjeta roja» al proceso de «censura» de un país miembro del Fondo, que implica primero la prohibición de acceder a préstamos, luego al derecho de voto y eventualmente, tras varios plazos estipulados y que no bajarían de tres años, una eventual expulsión. En realidad, nunca un país ha sido expulsado del Fondo, que cuenta con 188 miembros, a causa de la calidad de las estadísticas que entrega, y mucho menos si está vigente un acuerdo para elaborar un índice con la colaboración del organismo. Como además la Argentina no tiene en sus planes ninguna intención para volver a pedirle dinero al FMI, al menos durante el Gobierno de Cristina de Kirchner, las sanciones sólo se reducirían a la imposibilidad de votar en las reuniones del board del organismo.
Sin embargo, una situación de censura contra la Argentina colocaría al país en una posición más que incómoda ante el mercado financiero mundial, en los próximos años en los que el país tendrá que negociar dos proyectos clave para los que se necesita mantener al menos el estatus actual ante el Fondo. El primero será el retorno de las discusiones con el Club de París para estructurar el pago de la deuda por unos u$s 6.750 millones (con intereses treparía a los u$s 9.000 millones). Si bien se trata de una negociación por ahora suspendida, en el Gobierno hay serias intenciones de reactivarlas durante el año que viene. Se considera en varios despachos oficiales que es necesaria esta renovación en las relaciones con el Club de París, en una economía mundial donde es necesario estar en orden y en buenas relaciones con potenciales inversores internacionales. Los principales factores negativos para avanzar en un acuerdo de este tipo son la continuidad en la crisis económica mundial, especialmente para el caso de las empresas europeas; y la situación entre la Argentina y el FMI. Como el país se niega a aceptar las inspecciones a las cuentas y variables económicas internas vigentes en el artículo IV de la Carta Orgánica del FMI, condición indispensable para los acreedores del Club de París para negociar un acuerdo, las negociaciones continúan estancadas. Se esperará ahora mejorar las relaciones con el Fondo para insistir en que Europa acepte una discusión del plan de pagos, sin que intervenga el FMI. El Gobierno cree que para esto es necesaria una venia de Lagarde, hoy bastante lejana.
La Argentina necesita además encarar 2013 con la aceptación del proyecto de inversiones que está «vendiendo» por estos días en el mundo (el viernes hablará en Wall Street) el CEO de YPF, Miguel Galuccio. El responsable máximo de la petrolera nacionalizada necesita un Gobierno en paz con los mercados mundiales para poder colocar deuda por más de u$s 5.000 millones para reactivar la caja financiera de la compañía. Pero además, Galuccio debe buscar inversores entre las petroleras mundiales (especialmente norteamericanas) para interesarlas en el proyecto de Vaca Muerta. Para ambas cuestiones el CEO necesita mercados amistosos, y una Argentina en armonía, o al menos con negociaciones abiertas ante el FMI.
El Fondo quiere, para no sancionar al país, datos fiables sobre la inflación o el Producto Bruto Interno (PBI). El plazo de tres meses fue abierto además ayer, después de una advertencia previa la semana pasada. En la conferencia de prensa, Lagarde recurrió al símil futbolístico con tono irónico. «Todos los jugadores son iguales, incluidos los argentinos, a pesar de lo buenos que son jugando al fútbol», dijo en el Instituto Peterson de Washington. Según los reglamentos del Fondo, la Argentina debe responder a los requerimientos del directorio antes del 17 de diciembre, para evitar que se abra el mecanismo de censura. Lagarde habló además a dos semanas de la reunión semestral del FMI y el Banco Mundial, que ambos organismos tendrán en Tokio.
En esta cumbre el Fondo anunciará además los requisitos para reformar sus cuotas internas de voto, como pactaron sus principales miembros en 2010. Países como Brasil o China exigen desde hace años tener más peso en el seno del directorio y el compromiso de hace dos años era cerrar el proceso en Tokio. Los países miembros debían aprobar el incremento de cuotas y la reforma de ese directorio para estas fechas.
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