La Guardia Civil detuvo este lunes a 51 personas –entre ellos alcaldes, empresarios y políticos– en una redada en varios lugares de España contra una trama de corrupción que concedió obras públicas por valor de 250 millones de euros, a cambio de comisiones ilegales.
Otras cinco personas fueron imputadas en esta operación, que golpeó una “trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y Comunidades Autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia”, informó la fiscalía anticorrupción española en un comunicado.
Entre los 51 detenidos en Madrid, León, Valencia y Murcia, figura el ex consejero (ministro regional) de Presidencia y Justicia de Madrid entre 2008 y 2011, Francisco Granados, un conservador que también fue alcalde del pueblo madrileño de Valdemoro, según fuentes judiciales.
La operación, denominada “Punica”, está dirigida por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española). En junio, ese juez abrió diligencias por “delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal”.
La fiscalía denuncia una “connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales” para conceder “adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los últimos dos años”.
A cambio de estas adjudicaciones de obras públicas, los empresarios pagaban “comisiones ilegales”. Asimismo, fueron arrestados seis alcaldes en ejercicio, cuatro de ellos pertenecientes al derechista Partido Popular (PP, en el poder en España), un socialista y el último perteneciente a un pequeño partido Unión Democrática Madrileña.
Entre los detenidos también figuran dos empresarios, David Marjaliza y Alejandro de Pedro, que supuestamente serían los cerebros de la trama.
La operación se inició en enero de este año, tras una comisión rogatoria enviada por Suiza por “sospechas graves de blanqueo”, lo que dio origen a esta investigación en España por parte de la fiscalía anticorrupción.
El operativo “pone de manifiesto que el estado de derecho funciona, que los jueces, los tribunales y la policía judicial que colabora con los jueces en la investigación de delitos sobre corrupción está plenamente efectiva”, dijo el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, tras conocerse este enésimo caso de corrupción política en España.
Tanto el PP como el Partido Socialista reaccionaron rápidamente suspendiendo de militancia a sus miembros afectados por la investigación. “Ni un minuto un corrupto en el PSOE de (el secretario general de los socialistas españoles) Pedro Sánchez”, dijo en rueda de prensa el secretario de organización del PSOE, César Luena. La corrupción es uno de los principales problemas para los españoles, según la última encuesta mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas, que la coloca en el segundo puesto tras el desempleo cuya tasa se sitúa en 23,67 por ciento.
Dar de baja, no expulsar
El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha resuelto “dar de baja”, no expulsar del partido, al ex vicepresidente del gobierno, ex presidente de Bankia y funcionario del FMI, Rodrigo Rato, así como de otros 12 afiliados por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, según ha informado el partido en un comunicado.
Rato había pedido la “suspensión temporal de militancia hasta que los hechos queden esclarecidos”, pero el partido explica que no existe la suspensión temporal y que simplemente le da de baja, según informó El País.
El ex ministro de Economía de Aznar, y otros del PP, son acusados de haber “consentido, propiciado y aceptado” el uso indebido de fondos de la entidad mediante la atribución y el uso de las tarjetas opacas, en las que 83 consejeros de Caja Madrid y Bankia cargaron a las cajas 15,5 millones de euros en gastos personales.
