La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Municipal estudia diversas alternativas para gravar a las viviendas desocupadas de la ciudad. Las tres iniciativas que están sobre la mesa coinciden en «desincentivar la ociosidad» o la especulación inmobiliaria para atender el déficit habitacional, aunque existe un contrapunto en la modalidad de asistencia para los destinatarios.
Si bien existen matices en la letra fina, los proyectos proponen cobrar un diferencial del 50% sobre lo que pagan de Tasa General de Inmuebles (TGI) aquellos que tengan una propiedad en desuso. Evalúan detectar la ociosidad en viviendas a partir del bajo consumo de luz o gas que registren durante un determinado tiempo. Para eso proponen remitirse a datos de la Empresa Provincial de la Enrgía y Litoral Gas, a fin de generar un registro de los posibles contribuyentes.
Las voluntades están dirigidas a contrarrestar la dificultad de acceso a la vivienda, aunque en las distintas posturas varía la materialización de esa ayuda. Aparece la posibilidad de volcar lo recaudado a créditos subsidiados para inquilinos, así como también emerge la posibilidad de ayuda para quienes estén camino a terminar su casa propia.
Contrapuntos
Los proyectos presentados en Comisión de Presupuesto y Hacienda por Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), María Eugenia Schmuk (Bloque Radical) y Eduardo Toniolli (Frente de Todos – PJ) fueron cuestionados por Germana Figueroa Casas. La edila de Juntos Por el Cambio fundó su posición en que un cobro diferencial podría entorpecer al rubro Construcción o afectar la actividad inmobiliaria.
El debate inicial tiene lugar en un contexto de déficit habitacional a nivel nacional, inherente a la ciudad. Un informe reciente del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) expuso que en Rosario hay 55 mil familias que alquilan el lugar donde viven, mientras que existen 80 mil unidades habitacionales vacías.
Si bien este número fue cuestionado por el titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Andrés Gariboldi, quien sostuvo que los datos corresponden al censo del año 2010, el concejal Toniolli respondió que “teniendo en cuenta el boom inmobiliario que existió durante una parte de esa década, es inverosímil pensar que hayamos retrocedido a 20 mil como dicen los corredores”.
Debate inicial
La posibilidad de un gravamen a la vivienda ociosa tomó forma durante esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Lorena Carbajal. La edila socialista reconoció a este diario que no es la primera que vez que se presentan iniciativas de este tipo, pero “siempre fue complejo viabilizarlas”.
Las complejidades para su implementación guarda relación con las posibilidades que tiene el Municipio para establecer un impuesto. Por este motivo es que se piensa en un cobro adicional sobre una tasa municipal y no en agregar un nuevo concepto.
En ese sentido, Carbajal analizó: “Sería muy positivo que el Concejo aportara para facilitar el acceso a la vivienda. Todos coincidimos en el espíritu de un estímulo para que las viviendas no estén desocupadas, pero es complejo establecer alguna sobretasa que no sea objetada”.
Luego de analizar las propuestas, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda consideró que para el eventual registro de viviendas ociosas, habrá que tomar en cuenta diversos parámetros, entre ellos, los consumos de luz y gas. “Recién se inicia el estudio. Pusimos todos sobre la mesa y cada uno va a hacer su aporte. Quedamos en evaluar la viabilidad técnica como jurídica para instrumentarlo”, señaló.
La especulación como argumento
El edil justicialista Eduardo Toniolli, apuntó a contrarrestar las dificultades que atraviesan específicamente los inquilinos. Para la presentación de su proyecto tuvo en cuenta datos del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), que dan cuenta de 80 mil viviendas ociosas en Rosario, mientras hay unas 55 mil familias sujetas a un contrato de alquiler.
“Rosario tiene más casas sin gente que gente sin casas”, aseguró, y agregó que esos datos exponen “un proceso de financiarización de la vivienda, marcada por la inversión en ladrillos con fines especulativos, provocando una distorsión en el circuito inmobiliario y un aumento sistemático de alquileres”.
Su iniciativa establece una forma de detectar aquellas viviendas que se encuentran deshabitadas o en desuso. Propone un cruce de datos con la EPE, en el que se mida el consumo energético, a partir del cual se pueda establecer si el inmueble tiene una utilización recurrente o no.
“La idea es que lo recaudado vaya a políticas ligadas al acceso a la vivienda, ya sea alquiler o compra de lotes a través del Banco Municipal, que esta entidad pueda aprovechar esos fondos para otorgarles créditos a tasas subsidiadas”, detalló Toniolli en diálogo con El Ciudadano.
Agregó que la idea recoge una propuesta similar que impulsa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la sobretasa del 50% sobre el TGi podría generar una recaudación extra aproximada de 352 millones de pesos para el municipio.
El destino de lo recaudado
Por su parte la concejala del Partido Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, coincidió en que el diferencial sobre la vivienda ociosa debe ser del 50% sobre el TGI y reconoció que la manera más precisa para llegar a detectar la ociosidad es mediante el consumo de servicios.
Sin embargo, consideró que el destino de lo recaudado es una cuestión a discutir entre quienes presentaron las iniciativas. Si bien el objetivo es atender el déficit habitacional, las divergencias radican en el cómo.
En ese sentido, Gigliani aseguró: “Existen diferencia en cuanto al destino de esos fondos, en nuestro caso presentamos en su momento varios proyectos que tenían como finalidad abastecer un Fondo Municipal de Vivienda, que en su momento se aprobó, pero nunca se creó”.
Rechazo al proyecto
La propuesta de un diferencial en el cobro ya cosechó algunas objeciones. La concejala Germana Figueroa Casas, de Juntos por el Cambio, consideró que primero habría que unificar los tres proyectos para un análisis minucioso, pero rechazó la idea de crear el registro en base a la detección de consumo.
En diálogo con El Ciudadano, señaló: “En este momento hay un montón de viviendas ociosas producto de estudiantes que se volvieron a sus pueblos, teniendo en cuenta eso, ¿Cómo vas a determinar cuáles están vacíos si vas a ir por el lado de uso de servicios?
Por otra parte consideró que la implementación puede afectar la actividad de la construcción. En ese sentido analizó que una tasa diferencial “va a castigar” a quienes pretenden concluir desarrollos inmobiliarios en los próximos meses.
“Seguir metiéndonos en esto me genera preocupación, estamos hablando de gente que ya paga bienes personales y yo soy partidaria de no aumentar la presión tributaria. Esto no se soluciona persiguiendo”, reflexionó Figueroa Casas sobre al posibilidad de aplicar el diferencial sobre TGI.
