En el cierre de la campaña previa a las primarias de este domingo, una grave denuncia salpica al intendente santafesino José Corral y a su candidato a concejal Carlos Pereira. El portal de noticias Diario Santa Fe reveló que desde 2012 –cuando Corral ya era intendente– se crearon asociaciones civiles, manejadas por punteros políticos con antecedentes judiciales, empleados municipales y militantes de la UCR, a las cuales el municipio destinó cifras millonarias y que jamás rindieron cuentas sobre el uso de esos recursos estatales.
De acuerdo a la investigación del periodista Maximiliano Ahumada, en 2012 el intendente Corral puso en marcha el programa de Iniciativas Comunitarias: un proyecto de ejecución de obras públicas menores intermediadas por distintas asociaciones y cooperativas. En 2016, ya reelecto Corral y por entonces al mando de la UCR nacional, el proyecto fue ganando un espacio primordial dentro de la gestión municipal a tal punto que llegó a contar con un presupuesto de casi 92 millones de pesos.
El informe divulgado ayer, sobre el cual el municipio santafesino no hizo ningún comentario, sostiene que esos recursos fueron utilizados “con el fin de crear una boca de expendio política”. Los cinco casos investigados por Diario Santa Fe dan cuenta del reparto de más de 12 millones de pesos que fueron canalizados a través de distintas asociaciones creadas con ese fin.
Entre las autoridades de las cinco instituciones investigadas hay al menos ocho personas que estuvieron involucradas en más de 20 causas judiciales. Del cruce de los datos que aparecen en los decretos firmados por Corral se desprende que tres asociaciones distintas registran el mismo domicilio. Y el padrón electoral revela además que el 90% de los involucrados está afiliado a la UCR.
El Tribunal de Cuentas Municipal de Santa Fe señaló algunas irregularidades vinculadas al dinero que giró el municipio a favor de las asociaciones civiles Redimidos de Cristo, Santa Fe Nuestro Futuro, Jehová Jireh, Cambiar por la Gente y La Casa del Sur. En todos los casos se registraron incompatibilidades, aunque el órgano de control no profundizó la investigación y el municipio tampoco tomó medidas para corregirlas.
La asociación Jehová Jireh recibió entre 2011 (en ese entonces el intendente era Mario Barletta) y 2016 fondos por 1.579.780 pesos. Cuatro de sus integrantes tienen cuentas con la Justicia, según surge de la base de datos del Sistema de Consultas Penales Unificadas: Juan Carlos Viñas (alias “Gitano”) tiene una causa por lesiones leves dolosas contra Ana María González, quien integra la misma asociación. La propia González tiene causas por amenazas simples, lesiones leves calificadas, violación de domicilio, hurto y defraudación. Mirta Ojeda por actos turbatorios o molestias y Gustavo Sartin por homicidio culposo. Según registros oficiales, Viñas y Sartin son empleados municipales.
La asociación Redimidos de Cristo recibió entre 2012 y 2017 un total de 2.932.180 pesos por supuestas tareas de limpieza de desagües, entubados y boca de tormenta, entre otros servicios. Entre sus autoridades figuran Ricardo David Gudiño, Nadia Soledad Gudiño y Adela Susana Ferreyra, quien además forma parte de la planta permanente del municipio. Ricardo Gudiño cuenta con causas por robo calificado en grado de tentativa, apropiación de cosas perdidas, hurto y robo.
Santa Fe Nuestro Futuro tiene como autoridad a Susana Guadalupe López, esposa del ex director del programa de Participación y Promoción Ciudadana Roberto Montenegro. Recibieron más de tres millones de pesos y también sus integrantes se encuentran afiliados a la UCR.
Cambiar por la Gente obtuvo entre 2013 y 2017 fondos estatales por un total de 2.238.800 pesos. En los convenios firmados con el municipio aparecen, además de la firma de Corral, las rúbricas de Mauro Hernán Villalba, Mario Antonio Villalba y Sandra Patricia Gallay, quien estuvo detenida y acusada de haber participado en un homicidio calificado.
