Por Candela Ramírez
El Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) de Rosario dio a conocer una noticia que golpeó a la comunidad de sobrevivientes, familiares y querellas del juicio El Villazo: la lectura del veredicto será en Rosario y no en Villa Constitución, lugar donde ocurrieron los crímenes que investiga el juicio.
En un comunicado emitido el viernes pasado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) cuestionó esta definición del TOF integrado por Germán Sutter Schneider, Otmar Paulucci y Ricardo Vázquez.
El juicio investiga los crímenes cometidos a partir del 20 de marzo de 1975 en la localidad ubicada al sur de Rosario. “Con esta causa acreditamos que el genocidio empezó antes del 24 de marzo de 1976”, manifestó a este medio la querella de Apdh cuando empezó el juicio en noviembre de 2023.
Apdh, entre otros organismos, esperaba que la lectura del veredicto, que se estima será en agosto de este año, se hiciera en Villa Constitución porque ya habían logrado que los testimonios de las víctimas y familiares se hicieran allí.
Julia Giordano, integrante de Apdh, dijo a El Ciudadano: “Esto va en contra no solamente de un pedido hecho por la querella y las acusaciones sino en contra del principio que nos indica que los juicios deben hacerse en el lugar de los hechos. La lectura del veredicto lleva solo una audiencia y es muy importante para toda la sociedad de Villa Constitución que ha seguido este juicio, poder encontrarse y acompañarse porque más allá del resultado de esta sentencia, de que sea favorable o no a nuestros intereses, ya sea para la alegría o el dolor es importante poder compartirlo con las personas que vienen sosteniendo este proceso”.
Además, subrayó que a través del juicio también la comunidad tiene la oportunidad de “repensar su historia, poder contarla de una manera distinta y vivir esa fecha junto con los protagonistas del proceso”.
El pedido de revisar la decisión “fue respaldado y apoyado por el intendente y Concejo Deliberante de dicha ciudad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos, el CELS y muchísimas organizaciones sindicales, políticas, de derechos humanos”.
Desde el TOF1 plantearon que la decisión ya está tomada y sostienen que hacer la última audiencia en la sede de los tribunales federales y no en una sala prestada en otra ciudad es importante en términos operativos: no faltará ningún miembro ni equipo ni herramienta y, consideran, se hace todo más rápido. Además subrayaron que “siempre fue así acá o en la ciudad de Santa Fe, no es una práctica distinta a la que se hizo en todos los juicios de lesa humanidad. No es novedoso, no es que en este caso hicimos algo distinto”.
Sin embargo, el TOF1 sí hizo un pedido a la Corte Suprema de Santa Fe para que las audiencias de alegatos, que empezarían a fines de abril, sí se hagan en Villa Constitución. Todavía no hubo resolución al respecto.
Testimonios y certificados de salud
En el comunicado emitido, Apdh también puntualiza otro problema. Dice así: “Se han rechazado los certificados médicos de víctimas y familiares que, ante impedimentos en la salud, solicitan que se utilicen sus testimonios previos como prueba en el juicio. Y no sólo eso, sino que se ha ordenado realizar pericias a esas personas, descreyendo de sus patologías o impedimento psíquicos; revictimización que conlleva daños irreparables y la posible pérdida de pruebas valiosas para el juicio”.
Definen a ese rechazo como “un acto que implica la revictimización de quienes participan en este proceso”. Sin embargo, según fuentes judiciales, este rechazo no es del TOF1 sino de las defensas de los acusados y aun no hay resolución
El enojo de Apdh tiene que ver con resguardar la salud psíquica de sobrevivientes y familiares que ya han prestado su declaración en reiteradas ocasiones, es decir que han revisitado una historia traumática una y otra vez.
Desde la recuperación democrática en 1983 hubo múltiples instancias de este tipo: ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984, en los juicios por la verdad en los noventa, cuando se reabrieron las causas de lesa humanidad en 2006 en cada una de las etapas de la investigación.
Por eso desde Apdh reclaman que no conviertan “a las víctimas y testigos en un objeto de prueba constante”. El tribunal aún no se expidió sobre este tema.
