En 2016 la psicóloga María Belén Catalano, integrante de Grávida, entró al Hospital Iturraspe de Santa Fe para convencer a una niña con discapacidad, embarazada por haber sido víctima de abuso, que no abortara. Mintió sobre su identidad y dijo que pertenecía al efector de salud para frenar la práctica que la nena había pedido en el marco del Código Penal, un derecho consagrado hace un siglo. El Colegio de Psicólogos le suspendió la matrícula y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que ratificó el fallo en primera instancia. El lunes 2 de enero de 2023 una niña de 12 años faltó a un turno médico que había solicitado con consentimiento de su madre para interrumpir su embarazo, víctima de un abuso de su padre. La encontraron un día después en una casa de la organización, que funciona desde 1989 con 69 sedes en todo el país. La Secretaría de Niñez provincial pidió una medida excepcional para rescatar a la menor, quien ahora se encuentra en un efector de salud acompañada por su mamá y un equipo interdisciplinario. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito piden que el Estado y la Justicia investiguen el accionar de Grávida, la demora en el acceso a la salud sexual de la nena y la posible privación ilegítima de la libertad.
“En 2016 las organizaciones luchamos para que se haga Justicia. Ahora pedimos que se investigue la demora en el acceso de una niña a sus derechos sexuales y humanos, y la privación del acceso a la salud ya que la menor tenía un turno médico al que no pudo asistir. Queremos saber cómo llegaron la niña y su madre a Santa Fe, dónde estuvieron esas horas y pedir que se sancione si se comprueba que hubo un ilícito como la privación ilegítima de la libertad”, dijo a El Ciudadano Ángeles Guerrero, militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en la ciudad de Santa Fe.
¿Qué es Grávida?
Grávida funciona desde 1989 con 69 sedes en todo el país. Está ligada a la Conferencia Episcopal Argentina y es una de las organizaciones con mayor visibilidad en la provincia. Tiene sedes en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y en las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán. En Santa Fe tienen 6 sedes: Rosario, Funes, Reconquista, Rufino, Santa Fe y Venado Tuerto.
Según su sitio web, cuentan con cooperación internacional del Comité para Intervención Caritativa a Favor del Tercer Mundo (CEI), la Comisión Episcopal de ADVENIAT para los pueblos de América Latina y el Caribe, Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), y Subcomité de Obispos para la Iglesia en América Latina (USCCB).
Su fundador es el ex director del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la diócesis de San Isidro, Juan Martín Reddel. En la actualidad la lideran el sacerdote Bernardo Ruiz Moreno, y Diana Florez del Castillo. El encargado del Área de Atención de Casos de Grávida Santa Fe es Emilio Perizzotti, hijo de Juan Calixto Perizzotti, represor ya fallecido y condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Entre ellos, el aborto forzado al que sometieron a la rafaelina Silvia Suppo, quien había sido violada durante su detención ilegal bajo el imperio del terrorismo de Estado.
Referente de Grávida es hijo del represor que forzó un aborto a Silvia Suppo, violada en cautiverio
“Hay una persecución a los derechos sexuales y el caso de esta niña no es una situación aislada. Son organizaciones con apoyo económico, político y religioso. Y vienen haciendo lobby desde hace muchos años”, señaló Guerrero.
En el sitio web de Grávida mencionan que se dedican a “acompañar y promover a la embarazada y a la mamá”, y ofrecen un “servicio de orientación, contención, promoción y acompañamiento de la mujer embarazada y de la mamá con su hijo recién nacido”.
Señalan que se enfocan en su “revinculación, estimulando y fortaleciendo su relación desde la gestación, a fin de educar en la ternura y erradicar toda forma de violencia” y que buscan “alentar, desde el servicio, un proceso de valorización y cuidado de la vida humana desde el primer instante de su existencia”.
Según explican, “los voluntarios de Grávida salen al encuentro de las mujeres en situación de vulnerabilidad” y se proponen “reconciliar, fortalecer y estimular el vínculo mamá-bebé desde la panza, así como atender y ayudar a sanar las heridas que padecen los varones y las mujeres que han vivido pérdidas naturales o abortos provocados”.
También invitan a sumar voluntarios quienes, según señalan, reciben una capacitación especializada como Consejeros del Programa de Sanación Raquel, que ofrece “acompañamiento personalizado a hombres y mujeres que buscan sanar su corazón de las heridas del aborto”.
“Son fundamentalistas porque usan su ideario y creencias para que mujeres y niñas continúen un embarazo con la promesa de acompañamiento pero luego se desentienden. Tienen lógicas similares a los grupos de tareas de la dictadura. Hablan de «salir al encuentro para reconciliar a la mamá con el bebé» pero aparecen en habitaciones sin que nadie los invite, se llevan a las personas y tienen citas donde les mienten desde el punto de vista médico y legal para convencerlas de no abortar”, señaló Guerrero.
Y agregó la militante capitalina: “Es una situación de violencia. Qué hace el Estado frente a estos grupos, porque están vulnerando los derechos humanos. Nosotras defendemos la autonomía personal. El aborto no lo deciden ni las organizaciones feministas, ni el equipo médico, ni estas organizaciones”.
Niñas, no madres: “Ellos quieren garantizar la vida de un embrión pero no la vida de un niño pobre”
Niñas, No Madres
En 2019 la campaña Niñas No Madres fue viral en todo el país al repudiar un editorial del diario La Nación titulada: “Niñas madres con mayúscula”, en el que romantizaba la maternidad infantil basándose en un supuesto instinto y desconociendo que los embarazos en menores de edad suelen ser producto de abusos, en muchos casos, intrafamiliares.
El controvertido escrito se imprimía en la previa al debate por el tratamiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en diciembre de 2020, y fue cuestionado desde la Campaña y desde distintos medios de comunicación, entre otras organizaciones.
“Hace años venimos con la campaña Niñas No Madres. Que una chica pueda menstruar no significa que el cuerpo esté en condiciones de llevar adelante un embarazo. Además, si nacen, suelen ser bebés con problemas físicos, sumado a la salud mental de esa niña”, advirtió Viviana Della Siega, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Rosario.
El caso de la niña de Garibaldi, quien con 12 años había decidido abortar pero no concurrió al hospital tras ser retenida por Grávida, alcanzó esta semana la esfera nacional. “No nos sorprende porque pasa en distintos lugares del país. En Santa Fe hace más ruido porque en ciudades como Rosario hay una historia que no admite este accionar de ninguna manera”, expresó Della Siega.
La militante rosarina explicó que este tipo de organizaciones operan en todo el país y salen a la luz para impedir abortos en mujeres vulnerables. “El mecanismo es tratar de convencer a la madre o a la niña de continuar con el embarazo. Usan la manipulación, la mentira, hablan de consecuencias nefastas al aborto y no tienen idea de las consecuencias que implica llevar adelante un embarazo para una niña de 12 años violada”, señaló Della Siega y agregó: “Una hija o hijo es tan valioso que tiene que ser deseado y recibido con amor. ¿Cómo puede ser llevado adelante un embarazo producto de una violación? Es un trato cruel, inhumano, degradante y tortuoso”.
Para la histórica referenta local, la gravedad del accionar de organizaciones integristas como Grávida radica en “cometer delitos para lograr el objetivo”. “Este tipo de organizaciones violan varios derechos: a la intimidad, a la libertad, a la privacidad, a la vida. Se escudan con acompañar, pero lo que hacen es interferir. Había una decisión tomada de la niña y avalada por su madre, pero ellos las llevaron y encerraron en una casa. Lo grave de su accionar es que cometen delitos para lograr sus objetivos. Puedo aceptar sus creencias o ideologías, pero no hacen una lucha honesta”.
A la Justicia
Desde la Regional Santa Fe de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito repudiaron el accionar de Grávida y, en un comunicado, exigieron que los organismos estatales investiguen si esta organización ultramontana incurrió en la violación del artículo 47, inciso c. de la ley provincial 12.967 y su decreto reglamentario 619/10. “De ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento, considerando como situación suficientemente grave el haber puesto en peligro la salud de una niña”, señalaron.
En tanto, la ministra provincial de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, dijo a Radio SI: “El Estado no está incentivando o manipulando una interrupción, sino que trabaja en equipos interdisciplinarios con los derechos de la niña, víctima de un abuso intrafamiliar”.
Y aclaró que desde el Ministerio pondrán a disposición de la Justicia las herramientas de la intervención que viene haciendo el Estado para que determine si hubo una privación de la libertad.
En la Legislatura, a favor y en contra
Diputadas provinciales, organizaciones feministas y sindicales presentaron una nota a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena, para pedir “en carácter de urgente” información sobre las medidas solicitadas por el Ejecutivo provincial al Poder Judicial respecto al accionar de Grávida; las medidas solicitadas a la Inspección General de Personas Jurídicas; si existen aportes económicos estatales a la ONG Grávida y en qué concepto; si existen contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a la ONG Grávida, detalle de las mismas, detalle de las intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social; detalle de las intervenciones del Ministerio de Salud; y detalle de las intervenciones del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad.
En tanto, el bloque Vida y Familia de la Cámara de Diputados de Santa Fe emitió un comunicado en el que manifiesta su repudio el “nefasto proceder de las instituciones del Estado provincial”, la “persecución montada para dar con el paradero de la niña y su madre” y “la ausencia total de políticas públicas que promuevan un real acompañamiento para las víctimas de este tipo de delitos penales”.
“Causa estupor el avasallamiento por parte del Estado provincial de derechos humanos fundamentales como el legítimo ejercicio de la libertad de elección sin presión alguna, el desconocimiento del principio de autonomía sanitaria establecida en la ley civil y la intromisión estatal en los derechos de cuidado y tutela de la madre todo ello para la consumación de una aberrante práctica bajo una ideologizada referencia a la «conquista de derechos» establecida por la inconstitucional ley 27.610”, expresó la alianza en un texto firmado por la legisladora Natalia Armas y sus pares Juan Argañaraz y Nicolás Mayoraz.
