Fuente, Tribuna de Periodistas
En las últimas horas, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) oficializó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), documento reservado que establece los lineamientos estratégicos que guiarán la labor del organismo en los próximos años. Si bien retoma prioridades históricas como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida, también incorpora conceptos ambiguos que podrían abrir la puerta a tareas de inteligencia sobre ciudadanos, periodistas y analistas críticos del gobierno de Javier Milei.
El plan fue elaborado bajo la conducción de Sergio Neiffert, jefe de la SIDE, y detalla en 170 páginas los intereses estratégicos del país, los objetivos generales de inteligencia y posibles acciones concretas. Aunque el documento está plagado de formulaciones generales, zonas grises y definiciones abiertas, incluye pasajes que podrían interpretarse como habilitaciones para vigilar a actores internos, sin establecer límites claros.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de recolectar información sobre quienes “erosionen la confianza pública” en los funcionarios responsables de la seguridad nacional. No se aclara si este concepto aplica únicamente a actores extranjeros o si también podría abarcar a ciudadanos, periodistas, académicos o especialistas que cuestionen, por ejemplo, los operativos de seguridad liderados por la ministra Patricia Bullrich frente al Congreso.
Otra sección del PIN identifica como sujetos de interés a quienes generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del Gobierno. El texto no especifica si esto alude a actores externos —como fue en su momento la American Task Force Argentina (ATFA), que presionaba a favor de los fondos buitre— o si incluye a economistas críticos, analistas o incluso a quienes el propio presidente Milei califica de “econochantas”.
Según publica diario La Nación, el documento menciona como prioridad de la SIDE el monitoreo de quienes busquen “manipular” a la opinión pública durante procesos electorales o promuevan “desinformación”. Esta categoría, nuevamente poco precisa, podría referirse tanto a operaciones extranjeras como las de Rusia en elecciones de países occidentales, como a periodistas y comunicadores acusados desde el oficialismo de divulgar noticias falsas.
En línea con esto, se menciona el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, para influir en la “percepción” y afectar los procesos “cognitivos” de la sociedad. Queda en el aire si esto permitiría vigilar incluso a influencers afines al oficialismo o funcionarios del propio gobierno que intervienen en redes sociales durante períodos de veda electoral.
Consultado por diario La Nación, el vocero presidencial Manuel Adorni solicitó que se le enviaran preguntas por escrito sobre este tema, pero no respondió antes del cierre de esta edición. La SIDE, cabe recordar, responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los hombres más cercanos al presidente.
El plan señala además que los agentes de inteligencia deberán poner atención a fenómenos asociados con la pobreza, la desigualdad y las migraciones internas, en tanto pudieran representar un riesgo para el “desarrollo integral” del país. Esta formulación, sin mayores precisiones, deja abierta la posibilidad de vigilancia sobre organizaciones sociales o movimientos territoriales.
También se plantea como prioridad el seguimiento de actores que incurran en prácticas monopólicas o de cartelización. No se especifica cómo se compatibiliza esa función con el rol que desempeña la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, actualmente dirigida por Eduardo Montamat.
Hay que recordar que, a nivel presupuestario, la SIDE recibió en mayo una ampliación de $25.250 millones, alcanzando un total anual de $80.872 millones, de los cuales $13.436 millones corresponden a gastos reservados.
El descargo del Gobierno
«Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos», plantea el comunicado difundido en la tarde del domingo por el Gobierno.
Además, subrayó que Javier Milei «ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos».
Destacaron, en tanto, que el Plan de Inteligencia Nacional es «un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina» y detallaron que al mismo «solo tienen acceso el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación».
EL PERIODISMO (90%)
Los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad.
Fin. https://t.co/CrGOlxtbte— Javier Milei (@JMilei) May 25, 2025
El comunicado de la Oficina del Presidente fue replicado por el propio Javier Milei, quien insistió en sus críticas al periodismo, al que acusó de ser «los mayores creadores de noticias falsas». Alconada Mon, autor del artículo de La Nación, ratificó en redes la información que publicó.
Reafirmo y ratifico lo publicado hoy: La SIDE pone la mira en quienes “manipulen la opinión pública” o erosionen la confianza en los funcionarios. Link: https://t.co/UWycleIQBz pic.twitter.com/MNptxSbx0c
— Hugo Alconada Mon (@halconada) May 25, 2025
