La conducción de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara) convocó a una «huelga general regional» por tiempo indeterminado en repudia al desalojo de los operarios que acampaban hace 70 días frente a Algodonera Avellaneda, en Reconquista, Santa Fe, y rechazó el accionar policial y judicial.
Desde la organización sindical indicaron que la medida de fuerza se declaró «en el marco de la absoluta negativa patronal a negociar con los trabajadores», y en «las repetidas ausencias en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe», el cual había convocado a una nueva reunión para el día martes 1 de septiembre.
«Cientos de efectivos policiales avanzaron sobre los trabajadores en huelga y los obligaron a desalojar el acampe que mantenían frente a la planta industrial desde hace 70 días. Ello se realizó con una orden solicitada por el fiscal Alejandro Rodríguez y dispuesta de forma exprés por el juez Santiago Banegas», puntualizó en un documento la comisión directiva del gremio.
«Este nuevo accionar antisindical de la patronal y de las fuerzas represivas del estado ha llevado al Sindicato a decidir el inicio de un plan de lucha gremial, comenzando con una huelga general regional que se iniciará el lunes 31 de agosto», remarcaron desde el gremio.
Fuentes sindicales conformaron que la medida «es por tiempo indeterminado» y afectará la actividad de las plantas aceiteras y desmontadoras de algodón en las localidades santafesinas de Reconquista y Avellaneda.
Los dirigentes sindicales aceiteros aseguraron que «los funcionarios judiciales cedieron finalmente al propósito exigido en reiteradas ocasiones por el Grupo Vicentin de criminalizar el reclamo salarial de los trabajadores de la planta».
«Poco importó a los policías la respuesta de las autoridades de Seguridad de Santa Fe el último viernes, cuando reclamaron respeto por el derecho de huelga y de la condición de servicio a la comunidad que impide la actuación para la vigilancia privada permanente, como quiere el grupo empresario», enfatizó.
El sindicato denunció que a esos cientos de efectivos policiales, que se desplegaron en la planta de Reconquista, «es preciso sumar los cinco patrulleros que se apostaron en el acceso a la aceitera de Vicentin y los otros cinco móviles que hicieron lo propio frente a la planta de Buyanor, en Avellaneda», añadió.
Para los gremialistas, todo «el aparato policial en esa región de la provincia, comandado por el juez y el fiscal, se desplegó al servicio del Grupo Vicentin en sus plantas industriales de la zona», puntualizó el documento de prensa.
La Federación reseñó que ya el 18 de agosto «una patota dirigida por el abogado de la compañía e integrante de la familia, Héctor Vizcay, agredió a dos obreras de Avellaneda, quienes debieron ser hospitalizadas, ante la pasividad policial».
También expresó que «ese hecho continúa impune, pero la justicia actúa con pasmosa celeridad para criminalizar y amenazar con más violencia a quienes hace más de dos meses reclaman un aumento a partir de los ingresos de miseria que paga la empresa, utilizando a la policía como su seguridad privada».
«Todo en nombre de la paz social, solo amenazada por el Grupo Vicentin, que condena al hambre y la pobreza a los trabajadores y se niega al diálogo, ataca con patotas y clama por represión con la pasividad judicial», concluyó el gremio.
