Carlos Fayt tendrá un rol decisivo en el debate por la sindicalización de la Policía (en una causa que involucra a la fuerza bonaerense pero puede sentar precedentes) que por estos días transcurre en la Corte Suprema de Justicia. Un asunto espeso por el momento en el cual el máximo tribunal decidió tratarlo (plena temporada electoral) y también por sus efectos colaterales según sea la sentencia (que importa al peronismo de la provincia de Buenos Aires y a las centrales sindicales). Las orientaciones de las diversas posturas cortesanas desembocan en la realidad de que el ministro decano podría aportar el voto definitorio. Justamente, hace una semana apareció en el acuerdo de los justices y se mostró audaz, con un humor notable. La Corte volvió a reunirse ayer, aunque sin cuestiones estruendosas en agenda.
La semana pasada, la Corte desarrolló una audiencia en la cual expusieron las partes en disputa. Estuvieron presentes Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. El abogado del oficialismo se mostró en absoluta oposición a la posibilidad de un gremio policial. La misma línea del dictamen de la Procuración General.
Zaffaroni dejó el Sí
Se trata de un criterio que genera disonancias en el interior del kirchnerismo, ya desde la realidad de que, antes de dejar la Corte, Eugenio Zaffaroni prácticamente elaboró un borrador de un voto a favor del gremialismo policial. El juez más identificado con el oficialismo dejó el tribunal antes de que el caso fuese tratado.
La visión de Zaffaroni es distante de la doctrina que domina en núcleo duro del gobierno, que ve a las fuerzas policiales como un actor que si se viera fortalecido por la vía gremial podría llegar, según el caso, a poner en riesgo la institucionalidad. Este razonamiento tiene tres sustentos fácticos: ante todo, los amotinamientos policiales de diciembre de 2013, cuando el oficialismo venía de perder las elecciones. Luego, desde el plano exterior, los ataques contra el orden constitucional al gobierno de Rafael Correa en Ecuador y de Manuel Zelaya en Honduras.
Garré mantiene el No
Estas ideas suscribe, por ejemplo, Nilda Garré, que dejará una representación diplomática para asumir en el Congreso. Esa suerte de repunte tiene correlatos en la Justicia. El caso más visible es el del juez Daniel Rafecas, habitualmente respaldado por Garré cuando ésta estaba en el gabinete, que pasó de rival del kirchnerismo por el affaire Ciccone a ser ahora un satélite cercano y protegido por el bloque oficialista en el Consejo de la Magistratura. Por cierto: el plano ideal de Rafecas se terminaría de concretar si la Casación Penal federal revocara la sentencia del Tribunal Oral Federal 3 que anuló la causa por los supuestos sobornos en el Senado y le valió al magistrado una causa penal en el despacho de Luis Rodríguez. No será una parada sencilla.
En cuanto al debate sindical, Lorenzetti y Maqueda tienen una jurisprudencia reciente que tiende a ampliar derechos limitados por vínculos de sujeción.
De la Sota avisa
Es imposible desligar ese factor del hecho de que, esta semana, el gobernador José Manuel de la Sota advirtió a un grupo de hombres del peronismo que el gremialismo policial será ley y que ese será un desafío máximo para el próximo gobernador del peronismo que, además de con la fuerza provincial, se encontrará con nuevas fuerzas municipales bajo dominio de los intendentes. De la Sota conoce la Corte por su amistad con su coterráneo Maqueda.
Por cierto: es cada vez más frecuente en el conurbano la incursión de emisarios de las dos CGT (la que conduce Antonio Caló y la de Hugo Moyano) para agitar la creación de gremios ante la promesa de traslado de un supuesto know-how del cual los uniformados carecen. Esto ya genera críticas de los intendentes que tienen esas fuerzas activas.
Miran al de más edad
Esa certidumbre no es sólo una pose. Los abogados que atienden al gremialismo, entre los que se destaca uno de los laboralistas más caros del mercado, han revisado los fallos de Fayt y aseguran que llegado el momento el justice se expedirá en favor del sindicato.
Una devolución amarga para el oficialismo, que se había enemistado con el juez hasta que desde Olivos llegó la orden de la tregua que todavía persiste.
Hasta ahora, la única voluntad afín al deseo del peronismo sería la de Highton de Nolasco, que ha elogiado en su despacho del cuarto piso de la Corte el dictamen fiscal.
