Distintos gremios locales rechazaron ayer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Mauricio Macri modificó la ley de Riesgo de Trabajo. En diálogo con El Ciudadano, los sindicatos consideraron que el nuevo régimen perjudica a los trabajadores en beneficio de “los grandes grupos que manejan las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART)” y consideraron “una aberración” que el gobierno haya utilizado un DNU para llevar adelante este cambio.
El secretario general de La Bancaria Matías Layús repudió que la modificación de esta ley haya salido por decreto, no respetando al Congreso Nacional. El gremialista recordó que la “la excusa del gobierno para modificar la ley es que hay muchos juicios laborales”, pero advirtió que a partir de la vigencia del nuevo régimen estos se van a incrementar porque “no se toma en cuenta la prevención, no se reconocen todas las enfermedades y el ente encargado de determinar la dolencia es un colegio médico, al cual el trabajador llegará totalmente desamparado”.
“Es otra de las tantas herramientas de este gobierno para reducir el costo laboral y avanzar sobre nuestros derechos”, exclamó Layús.
Por su parte, el secretario general de Dragado y Balizamiento Edgardo Arrieta coincidió en que la manera de modificar leyes por DNU es “una aberración”. “Si tenían alguna duda, el proyecto debió pasar por el Congreso. Esto es una arbitrariedad del Ejecutivo”, consideró el gremialista.
En tanto, marcó que no se trata de un error por parte de Macri, sino que va a tono con la ideología del gobierno nacional que “tiene su núcleo empresarial y cada medida que toma favorece a los empresarios”.
En sintonía, Antonio Donello, titular de la UOM Rosario, expresó que con el cambio en la ley “se beneficia a los grandes grupos que manejan las ART, perjudicando al trabajador”. Si bien reconoció que la norma debía ser modificada, rechazó la manera en que se hizo y los cambios que encaró el gobierno de Macri: “El gobierno busca que el trabajador tenga menos beneficios, los patrones más privilegios y los grandes grupos económicos hagan negocios. Cada medida que toma, es negativa para los trabajadores. No lo hacen por error, es la ideología que ellos tienen”.
Por su parte, el secretario general de la Federación Aceitera Daniel Yofra se preguntó: “¿Cuál es la necesidad y urgencia?”. “Esta modificación no vela por la protección y la salud de los trabajadores, sino que incrementa la rentabilidad de la patronal”, agregó.
“El nuevo sistema tiene como gestores del mismo a las ART, que tienen intereses opuestos a los de las víctimas. Se desinteresa por la prevención, rechaza la cobertura de la mayoría de las enfermedades laborales e incumple sistemáticamente con los derechos de los trabajadores en lo que hace a su salud laboral: se otorgan prestaciones médicas deficientes, se cubren parcialmente los accidentes sufridos, se cuantifica en forma inferior las incapacidades, entre otras cuestiones”, remarcó el aceitero.
También los docentes de la UNR, nucleados en el gremio Coad, se pronunciaron contra el decreto. La titular del sindicato Laura Ferrer Varela consideró que “nuevamente, como en los 90, pretenden imponer la idea de que los derechos laborales son un atraso e impiden la llegada de inversiones”.
Las principales modificaciones
La semana pasada, el presidente Mauricio Macri introdujo polémicos cambios en la ley de Riesgo de Trabajo.
La principal modificación establece que todo trabajador debe pasar por una “comisión médica” antes de iniciar cualquier juicio laboral, constituyendo una instancia previa “de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención”.
Esa comisión será la que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad.
Habrá comisiones médicas jurisdiccionales, pero habrá una de carácter nacional, a la que las partes podrán acudir en caso de que el trabajador no esté de acuerdo con la resolución.
El DNU contempla, además, la creación de un Autoseguro Público Provincial para que las provincias y sus municipios puedan “autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.
También se introducen cambios en los coeficientes de cálculo de las indemnizaciones. Se indica que los salarios que se utilicen para calcular el monto se ajustarán por aplicación de la variación del índice Ripte (Remuneraciones Imponibles Promedio de Trabajadores Estables).
Resistencia judicial
Un abogado presentó ayer un pedido de “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia contra el DNU para modificar el régimen que regula a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), lo que constituye la primera acción judicial contra el decreto macrista.
La norma establece que todo trabajador debe pasar por una “comisión médica” antes de iniciar cualquier juicio laboral.
Esa comisión será la que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad, lo cual es cuestionado por la presentación realizada por el abogado Daniel Igolnicov.
“Afecta mi derecho de trabajo, velada pero expresamente, al derogar la ley 24.635 que rige el Sistema de Conciliación Obligatoria (Seclo), que es mi medio fundamental de vida”, sostuvo el letrado Igolnicov en su escrito.
A la lupa de la Bicameral
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se reunirá el jueves para analizar los últimos DNU, incluido el que modifica la Ley de Riesgo de Trabajo. Estos tienen que ser aprobados por el Congreso, por lo que, si la oposición los rechaza, podrían perder su vigencia. Presidida por el diputado nacional santafesino del FPV Marcos Cleri, la comisión está compuesta por otros siete integrantes del FPV, seis de Cambiemos, el senador Adolfo Rodríguez Saá y el diputado massista Raúl Pérez.
