Hoy a las 11.30 se define un nuevo capítulo, y terminal, del «Juicio del Siglo». Y, otra vez, todo dependerá de la buena o mala estrella que Thomas Griesa tenga sobre la Argentina. A esa hora, el juez del segundo distrito de Manhattan, citó a los abogados de las dos partes (Argentina y los fondos buitre) y al mediador Daniel Pollack para anunciarles una de dos decisiones: o decide un embargo para el próximo lunes de la cuenta del país en el Bank of New York (BONY) o deja pagar en tiempo y forma los vencimientos por más de u$s 1.000 millones que la Argentina tiene que concretar el 30 de junio. Si la orden de Griesa es esta última, el país y los fondos buitre comenzarán una rueda de negociaciones que, como mínimo, podría durar hasta septiembre cuando el Gobierno deba nuevamente cumplir con el pago de nuevos vencimientos de deuda «performing» (con pagos actualizados y emitida luego del default de 2001). Si el magistrado de primera instancia decide lo contrario, y ejecuta su fallo de octubre de 2012 que obliga a la Argentina a pagar al contado unos u$s 1.330 millones a los fondos buitre NML Elliot, Aurelius, Olifant, ACP Master, Blue Angel, y otros 13 litigantes particulares argentinos; el Gobierno de Cristina de Kirchner deberá tomar una decisión política: o acepta la decisión del juez, baja la cabeza y continúa negociando; bajo el peligro además de comenzar a aplicarse automáticamente la cláusula Rights Upon Future Offers (Rufo); o, inicia una guerra judicial que podría derivar en múltiples y cruzadas causas abiertas dentro de los Estados Unidos o incluso llevando el «Juicio del Siglo» hasta tribunales internacionales como La Haya.
En la audiencia de hoy, estarán presentes por la Argentina los abogados Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) y Theodore Olson y Robert Cohen del fondo Elliot, y Stephen Poss y Robert Carroll de Olifant, los profesionales que representan a todos los acreedores vencedores en el caso. Todos escucharán a Griesa y no podrán hacer preguntas, y cualquier decisión que tomen como actuantes de las partes deberá ser comunicada a Pollack.
Griesa tomó la decisión de llamar hoy a una audiencia, luego de haberse vivido ayer uno de los días más intensos y preocupantes del «Juicio del Siglo». El miércoles empezó temprano, con el dato que recibió el Gobierno argentino desde Nueva York, a través de una llamada telefónica de parte de uno de los abogados del estudio CGS&H, sobre que era inminente que Griesa no reponga la cláusula Stay, que se había pedido restablecer el lunes pasado y por la cual la Argentina hubiera podido pagar sus vencimientos del 30 de junio sin temor a embargos. El dato se lo habían dado a los abogados que representan al país, fuentes del juzgado de Griesa para que estén preparados desde el lado argentino. La información era además que el anuncio del rechazo se conocería después del mediodía de la Argentina. Esto hizo que desde el Ministerio de Economía se le comunicara las novedades a Cristina de Kirchner y se acelerara la aplicación del Plan B; la estrategia preparada para el caso que Griesa no aceptara el Stay. Las acciones establecidas para esta circunstancia se habían establecido el fin de semana pasado, luego de haberse convencido el Gobierno que la idea de pagar los vencimientos de los bonos que vencen el lunes en Buenos Aires y con un plan de canje de deuda, hubiera sido engorroso y puesto al país como el declarante de una virtual «guerra judicial» contra Griesa. La orden de la jefa de Estado fue, el viernes de la semana pasada, pensar otra idea sobre cómo enfrentar la alternativa que Griesa no reponga el Stay; estrategia que terminó de diseñarse el martes y se mantuvo en secreto absoluto hasta conocerse ayer por la mañana cuál sería la decisión del juez. En su momento, desde la Casa de Gobierno, se descartaba que Griesa tomaría una decisión en contra del país. la reflexión que se escuchó fue «por qué pensamos que este juez, que desde 2012 hasta ahora nos falló en contra, ahora nos va a dar una mano. Preparémonos para lo peor». Así ocurrió, y la decisión presidencial fue que antes que se conozca el anuncio de Griesa, el ministro de Economía Axel Kicillof anunciara la embestida argentina, rodeado por el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Tan secreto era el asunto, que hasta los abogados de CGS&H se enteraron ayer de los pazos a seguir por la Argentina.
Kicillof, Capitanich y Zannini concretaron así la jugada del Gobierno y citaron a la prensa a las 12.30 desde el microcine del Palacio de Hacienda, con el ministro como único orador y sin dar lugar a preguntas. Con firmeza, sin titubear (como lo había hecho el día que anunció que se pagaría la deuda en Buenos Aires) y leyendo lo estrictamente redactado en un comunicado; Kicillof anunció que el Gobierno le había dado la orden formal y burocrática al Banco Central para que transfiera al BONY el dinero correspondiente al pago de los vencimientos del próximo lunes; y que el país cumplía así con sus obligaciones contraídas con los bonistas que ingresaron al canje. Inmediatamente después responsabilizaron a los Estados Unidos como Estado (no sólo al Poder Judicial de ese país sino también al Ejecutivo), para el caso que los fondos transferidos fueran embargados; y consideraron que ese hecho sería un acto de violación de la soberanía de pago de la Argentina. Indirectamente también se responsabilizó al BONY, como agente financiero de la argentina para liquidar los vencimientos, para que los pagos a los bonistas «performing» se realice en tiempo y forma; señalando que si no realizaban esta operación podrían tener consecuencias judiciales de parte del país. Si esto se concreta, será la primera vez en el «Juicio del Siglo» que la Argentina y el BONY comenzarían a tener historias enfrentadas en el caso contra los fondos buitre.
Kicillof, rodeado por Capitanich a su derecha y Zannini a su izquierda, anunció además que si se concretaban los embargos a los pagos del próximo lunes, el país se reservaba el derecho de iniciar acciones judiciales extraterritoriales. Esto es, el tribunal de las Naciones Unidas de La Haya.
El ministro dijo que «no cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención: la de pretender llevar a la República Argentina al default para derribar la reestructuración de 2005- 2010». Por la tarde, la frase fue enviada por Robert Cohen a Griesa, junto con el pedido de ejecutar el lunes el pedido de retener la mitad de los pagos de la Argentina para empezar a cumplir la liquidación de u$s 1.330 millones; dinero que según los cálculos de los abogados de los fondos buitre superaría los u$s 1.600 millones. Para determinar el monto exacto, otra vez, debe definir Griesa.
Luego de anunciar la decisión oficial de transferir el dinero y responsabilizar directamente al gobierno de los Estados Unidos «por las decisiones de su poder Judicial», al agente fiduciario (BONY), a los litigantes (los fondos buitre y los holdouts) y personalmente a Griesa por eventuales embargos que lleven al país al incumplimiento de los pagos del lunes; los funcionarios argentinos se recluyeron y sólo aceptaron llamadas directas de los abogados de CGS&H para saber como actuar mañana. Ni siquiera aceptaron llamadas de los eventuales agentes financieros internacionales (tres bancos, dos norteamericanos y uno europeo), que hasta hace unos días había trabajado en alguna eventual oferta a los fonos buitre para instancias negociadoras futuras.
Una vez conocida la decisión del gobierno argentino, actuó Griesa. «El pedido de stay es denegado», publicó el juez en nu comunicado de sólo tres párrafos, que hizo acordar a los que en octubre de 2012 emitía cada vez que algún «amicus curiae» del país quería interceder a favor de la posición argentina. Griesa recordó que había nombrado a Pollack para que negocie, que era el que debía hacer alguna propuesta con respecto a como actuar ante los eventuales embargos del próximo lunes. Según Griesa, el pedido de restablecer el Stay es un pedido «inapropiado».
Inmediatamente después, como si tuviera algún dato que el bando argentino desconocía, se presentó ante el juzgado del neoyorquino Cohen que entregó un pedido de audiencia de manera «urgente» calificando de «medida descarada» y «violatoria» de las disposiciones de la justicia estadounidense a la decisión adoptada por el gobierno argentino de pagar a los bonistas del canje.
Luego, a las 17:00 horas de Nueva York, Griesa le dio nuevamente el gusto a los fondos buitre y anunció una audiencia para hoy a las 11:30 de Buenos Aires.
En el medio quedó también involucrado en eventuales juicios en su contra el BONY, que el lunes debe saber qué es lo que hace con los fondos que le girará Argentina (hasta anoche la operación no se había concretado en realidad). El banco se enfrenta a potenciales juicios cruzados. Si ejecuta la sentencia de Griesa, y envía el dinero a los fondos buitres según la fórmula que le debe indicar el juez; podría recibir juicios como los que anunció ayer Kicillof. Si no lo hace y paga sólo a los tenedores de deuda «performing», el juicio se lo harán los fondos buitre, además de poder ser declarado en «rebeldía » o «desacato» por parte del juez.
Sobre este punto, Eugenio Bruno del estudio Garrido, afirmó que «técnicamente, los bonos establecen que existen 30 días de plazo de gracias antes que se considere un default. Ahora el BNY debería analizar como cumple la sentencia judicial y en particular si pide al juzgado de Griesa una aclaración sobre como separar los pagos entre los tenedores de los bonos canjeados y los tenedores de los bonos reestructurados».
