Thomas Griesa sólo avanzará en una declaración de desacato contra la Argentina si el Congreso sanciona el proyecto de ley de cambio de jurisdicción que el gobierno envió al Parlamento la semana pasada y luego de la reglamentación del cambio de domicilio para el pago de la deuda externa con vencimiento en Nueva York. “Es prematuro”, dijo el magistrado ante el reclamo insistente de los abogados de los fondos buitre NML Elliott, Olifant y Aurelius, que presionaban para que Griesa dicte el “desacato inmediato” contra la Argentina. Igualmente, el juez se negó a avanzar sobre este pedido de los fondos buitre en una nueva audiencia en su corte pedida por los abogados de los holdouts, donde además declaró “ilegal” la medida y dijo que espera que la Argentina y los fondos buitre vuelvan a negociar.
Griesa puso como límite para decidir si declara o no el desacato a septiembre, mes en el que la Argentina tiene que pagar, el 30, un nuevo vencimiento de deuda en Nueva York (bono Par) por unos 184 millones de dólares y donde ya la Argentina no giraría el dinero al Bank of New York Mellon (Bony) como lo hizo el 27 de junio pasado, días antes del vencimiento del bono Discount del 30 de junio. Para el pago de septiembre, se especulaba en el tribunal, la Argentina (la República, en la jerga del juicio) ya debería tener decidido si aprobó la ley, la reglamentó y la ejecutó, con lo que no giraría más el dinero al Bony y pagaría en Buenos Aires. Hasta ese momento, según dejó trascender Griesa, el país aún no habría incurrido efectivamente en una desobediencia contra el tribunal y no podría ser sancionada.
Buitres al acecho
“Es ilegal, y el tribunal ordena que no se puede llevar a cabo”, dijo Griesa en la audiencia del jueves pasado, en referencia al proyecto que presentó Cristina de Kirchner en cadena oficial y que ya está en el Senado para ser tratado a partir de este miércoles. El juez, además, prometió dar una respuesta rápida al reclamo de avanzar con la habilitación de la cláusula Discovery, que les permitiría a otros jueces de ese país a bucear por todo el territorio norteamericano la existencia de cuentas de la Argentina o de privados con fondos provenientes de pagos del país.
El pedido de avanzar con la declaración de desacato (contemp) fue hecho oficialmente por los abogados Robert Cohen (Elliott), Robert Carroll (Olifant) y Edward Friedman (Aurelius), luego de haberse reunido ambos con los otros abogados de los fondos buitre y holdouts que tuvieron fallo positivo en el “juicio del siglo” y que reclaman unos 1.660 millones de dólares. Friedman dijo ante Griesa: “Creo firmemente que no habrá ya acuerdo con la Argentina”, y que “actitudes como las del país no deben tolerarse”.
Por ahora, amenazas
Griesa pidió luego explicaciones al abogado del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que representa al país, Carmine Bocuzzi, explicaciones sobre por qué el gobierno de Cristina de Kirchner había decidido avanzar en el cambio de jurisdicción, pese a que él mismo había declarado ilegal esa alternativa. Bocuzzi, curiosamente, dijo que desconocía la propuesta y que se había enterado de la decisión argentina “la noche del martes” y que le faltaba realizar un “análisis exhaustivo del proyecto”, prometiendo que lo haría “más adelante”. Sobre el desacato, Bocuzzi pidió clemencia y aseguró que una orden de este tipo “no ayudaría a forjar un acuerdo, añadiendo que la propuesta no era ni siquiera una ley todavía”. Para Bocuzzi, el desacato sería “tirar más gasolina en el fuego”.
Fue allí cuando Griesa reconoció el hecho de que por ahora el cambio de jurisdicción es sólo un anuncio, y que esperaría a ver si la Argentina avanzaba con el proyecto o volvía a negociar. Insistió después Griesa en que cualquier cambio de jurisdicción sería declarado ilegal y que esta decisión ya había sido adelantada por el juez varias veces durante audiencias realizadas en su despacho.
La audiencia del jueves último fue de las más largas en mucho tiempo. Duró más de una hora veinte minutos, y sirvió para una nueva tanda de amenazas contra los que ayuden a la Argentina a “no cumplir la ley”. El magistrado advirtió que cualquier entidad que asista a la Argentina para evitar cumplir la orden de su Corte “incurrirá en una clara violación” y que el que quiera “ayudar a la República debe buscar que no se evadan las órdenes de la Corte” en referencia al cambio del lugar de pago a los bonistas.
La cláusula Discovery
Hasta septiembre, el “juicio del siglo” avanzará por otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Con la cláusula Discovery habilitada (lo que ocurriría en horas), los abogados de los fondos buitre comenzarán a presentarse en diferentes tribunales de ese país para que jueces pidan a bancos que les abran los nombres de titulares de cuentas en esas entidades, para luego verificar si allí hay movimientos de fondos provenientes de pagos del país. O, mejor aún, si hay cuentas a nombre de la Argentina. Los abogados de Elliott y Aurelius ya trabajan juntos desde hace varias semanas en el diseño de las estrategias judiciales para ejecutar embargos de otros potenciales activos físicos y financieros que el país pueda tener en los Estados Unidos. Trabajan, además, en la posibilidad de lograr otro golpe de efecto como el de la fragata Libertad del último trimestre de 2012.
