Los dirigentes del Grupo 25 de Mayo, encabezado por la diputada nacional Fernanda Vallejos, destacaron el Decreto 427/2021 que faculta a la Administración General de Puertos (AGP) a asumir la concesión de las obras y la administración y cobrar los peajes a las navieras por el uso de la red fluvial troncal del Río Paraná. Consideraron que de esta manera, la medida le confiere a la AGP “la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal”.
La diputada nacional por el Frente de Todos, Fernanda Vallejos, subrayó: “La decisión de nuestro gobierno vuelve a colocar al Estado al frente de la gestión sobre el Río Paraná. Es un acto de restauración de la soberanía nacional, inmensamente dañada durante las etapas neoliberales de nuestra historia”.
En idéntico sentido, la legisladora ponderó “las implicancias, también estratégicas, en relación con la integración y la planificación territorial y del modelo de desarrollo que queremos para la Argentina”.
El decreto firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, otorga a la AGP la concesión de la operación para las tareas de dragado y balizamiento y el cobro de peajes a las empresas exportadoras por el uso del río, clave para el comercio exterior argentino.
El dirigente agropecuario y ex titular de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti se mostró entusiasmado con la determinación del Ejecutivo. En ese sentido, destacó: “Es una decisión muy trascendente del Estado, muy acertada, muy justa. A esto hay que agregarle otros tres hechos muy importantes; la constitución de la Comisión Bicameral de seguimiento de la Hidrovía, la conformación del Consejo Federal, donde hay organizaciones sociales, dónde están las provincias, a lo que debemos sumarle la propuesta de volver a dragar el Magdalena, que va a significar una importante reducción de costos para los productores en fletes”.
La proclama del 20 de junio
La definición política que tomó el gobierno nacional va en línea con dos de los ejes centrales de la denominada Proclama del 20 de junio, que impulsó en esa fecha patria el Grupo 25 de Mayo. En ese texto, los dirigentes habían reclamado retomar el control y la administración estatal de la red troncal con una asistencia de la AGP, después de veinticinco años de concesión al consorcio Hidrovía S.A., integrado por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento, Emepa.
La relevancia estratégica de este corredor fluvial radica en que por allí se transportan grandes volúmenes de carga los 365 días del año, ubicando a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas y derivados.
En esta misma línea de razonamiento, el presidente de Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko aplaudió la decisión gubernamental porqué consideró que “favorecerá a los productores locales y a la industria nacional».
Por este motivo, el Grupo 25 de Mayo había reclamado también en la Proclama del 20 de junio ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, con el objetivo de que el Estado pueda invertir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y tecnología propias.
Para los integrantes de este centro de estudios, con este decreto, el gobierno de Alberto Fernández pone fin a la prolongación de un modelo de concesión que rigió en los últimos 25 años, y que trajo aparejadas prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como del tráfico ilícito.
El ancla de las privatizaciones
Hasta 1992, la AGP se encargaba en forma centralizada de todo lo relativo a la administración de los puertos marítimos y fluviales del país, así como la Dirección Nacional de Vías Navegables se ocupaba del mantenimiento, dragado y balizamiento, de los canales, la red troncal y todos sus accesos.
Sin embargo, con la sanción de la Ley Nacional de Puertos Nº 24.093, en el marco de las privatizaciones menemistas y la imposición del Consenso de Washington en la Argentina, se produjo la atomización del sistema nacional centralizado, en múltiples organizaciones provinciales, como paso previo para la concesión en 1995 de la tarea de mantenimiento de la red troncal a Hidrovía S.A.
La Proclama del 20 de junio advirtió que la concesión a Hidrovía S.A. significó un «caso piloto ejemplar” de un sistema de privatización del peaje y control del tráfico fluvial, inédito a nivel mundial. Ninguno de los países con sistemas de transporte fluvial desarrollados, como EE.UU., China o Europa, ha adoptado, desde entonces, el «modelo argentino» de cesión monopólica a privados, sin control efectivo del Estado; por el contrario, han mantenido la incumbencia pública para garantizar la defensa de la soberanía y el interés nacional en sus vías navegables interiores.
Otros datos destacados
La importancia de la vía troncal para el desarrollo económico y social del país se refleja en que entre 1989 y 2010, el transporte de mercaderías saltó de 700.000 a casi 17,4 millones de toneladas al año, para continuar creciendo en forma exponencial, hasta superar los 100 millones de toneladas anuales en la actualidad. Así lo precisó un informe de Proyecto Económico y el IADE.
En este sentido, otro dato relevante con respecto a la subfacturación de exportaciones -una de las operaciones fraudulentas realizadas en el río Paraná-, es que el valor total de las exportaciones del capítulo 12 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (porotos y subproductos de soja, granos de maíz, harina y grano de trigo), para el periodo 2011-2020, según datos del INDEC representó U$S 39.434 millones, mientras que el valor declarado en las aduanas de destino, alcanzó U$S 49.220 millones, una diferencia de U$S 9.780 millones.
A su vez, el 50% de la jurisdicción de la mal llamada Hidrovía se encuentra en territorio argentino, pero la marina mercante local sólo transporta el 2% de toda la carga por esta vía fluvial. Mientras que el 90% de este tráfico se embarca por la flota paraguaya y el restante 8%, tanto contenerizada como a granel, se reparte entre uruguayos y bolivianos, según consignó el secretario General del Centro de Patrones de Cabotaje, Julio González Insfrán.
Por todas estas razones, Vallejos, a modo de conclusión, señaló que “se trabajó mucho y es una muy buena noticia, que nos invita a seguir trabajando para fortalecer este camino de reconstrucción de nuestra Patria”.
