La operación está en cabeza de Cima SA pero detrás se rumorea que está la segunda acreedora comercial del holding quebrado: Commodities SA, del grupo Grassi. Tentaron a inversionistas con la mira en que la Corte de Santa Fe declare inconstitucional el acuerdo impulsado por el directorio de la cerealera y habilite el esquema de cramdown
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