La investigación por las intimidaciones que recibieron dirigentes de derechos humanos a través de grupos de whatsapp sumó nuevos acusados luego de dos allanamientos realizados el viernes pasado en Córdoba capital. A esa ciudad, los pesquisas llegaron para dar con el paradero de un estudiante de ingeniería de 19 años. No hallaron al sospechoso, pero sí secuestraron gran cantidad de material de interés para la causa. Además, hicieron otro procedimiento en una vivienda donde una cordobesa fue apresada. Este martes, la jueza Melania Carrara aceptó la imputación por amenazas y apología del delito solicitada por la Fiscalía para la mujer y ordenó la prisión preventiva en libertad con restricciones. Por su parte, el esposo de la acusada será imputado formalmente este miércoles por los mismos delitos. Estas novedades surgen a 24 horas de que Ponce Ashad solicitara 7 años de prisión para Lucas Semec, policía federal radicado en provincia de Buenos Aires y acusado de estar detrás de las intimidaciones a los dirigentes de derechos humanos. Sobre este uniformado pesa además el delito de distribución de pornografía infantil que surgió luego de que realizaran un peritaje a su teléfono celular.
A fines de marzo pasado la abogada Nadia Schujman presentó ante el fiscal Ponce Asahad una denuncia de un grupo querellantes y víctimas de la dictadura, concejales, diputados, funcionarios, gremialistas y referentes estudiantiles. A través de teléfonos celulares que iban cambiando de número alguien creaba grupos de Whatsapp (que superaban los 200 contactos) con los números telefónicos de las víctimas para hostigarlas y amedrentarlas, especialmente después de la masiva marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de ese mes. Los grupos tenían nombres como Muerte a Milagro Sala, El Tucu vive (por el represor Eduardo Costanzo que recientemente había violado su prisión domiciliaria) y Zitelli Vive, por el sacerdote que falleció y que debía enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad. En esa aplicación de mensajería se lanzaban amenazas como “están todos secuestrados”, “disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.
La Policía de Investigaciones realizó un operativo en abril y detuvo a 5 cinco personas. Tres de ellas, que eran de Rosario, recuperaron la libertad, ya que no tenían vínculos con la denuncia. Los que quedaron presos fueron el policía federal Lucas Semec, detenido en la localidad bonaerense de Ensenada, partido de La Plata, y Teresa C., quien cayó en la ciudad de Pablo Podestá, partido de 3 de Febrero, también en el conurbano.
Ponce Asahad elevó este lunes la acusación contra el policía Semec, en la que pidió 7 años de prisión por los delitos de amenazas calificadas por anónimas en el grado de partícipe, apología del crimen en el grado de partícipe y distribución de pornografía infantil en el grado de autor.
Es que Semec había sumado otra imputación luego de la evidencia que surgió de peritajes telefónicos, que lo encontró sospechoso de distribución de pornografía infantil, indicaron fuentes de la causa. Por todo eso, sobre la base de nueva evidencia, se amplió la imputación original a Semec, de 40 años, apuntado como autor de publicar, divulgar y distribuir desde su celular “videos con representaciones de menores de edad en situaciones sexuales explícitas”, indicaron fuentes judiciales. Las imágenes y videos de pornografía infantil, cuya promoción y distribución constituyen un delito, surgen de los peritajes al teléfono celular del policía, dijeron voceros del caso.
Últimos allanamientos
La Fiscalía solicitó el viernes pasado dos nuevos operativos en la ciudad de Córdoba. Los investigadores explicaron que uno de ellos se realizó en la vivienda de un estudiante de ingeniería de 19 años, identificado como Diego H. “El sospechoso no se encontraba, pero sí se halló dos CPU, una notebook y blisters con chips para telefonía celular que fueron enviados a analizar”, indicó el vocero judicial para agregar que al no poder ubicar al joven se le libró un pedido captura.
En el segundo allanamiento, los uniformados apresaron a Verónica A.B. y secuestraron de la vivienda los teléfonos celulares de ella y el esposo. La sospechosa iba ser acusada formalmente este lunes por los delitos de amenazas calificadas y apología del delito, pero la audiencia pasó para el día siguiente. En medio del cambio de día, el esposo, Julio César A., quien estaba presente en los Tribunales, quedó detenido el mismo lunes por orden del fiscal, ya que en el celular del que partieron las intimidaciones primero estaba como titular la mujer y después pasó a su pareja. La audiencia imputativa para Julio A. está prevista para este miércoles, cuando la Fiscalía solicitará la misma acusación que para la pareja.
