El presidente uruguayo, José Mujica, ratificó que quiere avanzar en el monitoreo conjunto de la planta de UPM (ex Botnia), horas antes de que los asambleístas de Gualeguaychú analicen la posibilidad de levantar el corte de ruta que mantienen en el paraje de Arroyo Verde desde hace más de tres años.
«El autocontrol puede ser un concepto muy valioso en la discusión ética pero tiene patas cortas en la vida material», explicó Mujica.
En un texto difundido por el gobierno uruguayo, Mujica consideró que «el sistema de control que vale es el que hace espacio a la oposición de intereses, porque es la única manera de contener la natural inclinación a ser indulgentes con nosotros mismos».
«Cuando nuestra actividad actúa sobre los intereses de otros, la tapa del libro establece que debemos ser cuidadosos en la manera en que afectamos esos intereses», puntualizó.
De todos modos, Mujica aseguró que no conoce «dirigente, funcionario, organización, empresa o país al que le guste que lo controlen sobre la manera en que hace las cosas».
Fuentes de la Cancillería argentina recordaron que Uruguay sostiene la posibilidad de realizar un monitoreo ambiental conjunto del funcionamiento de Botnia desde 2006.
De hecho, quien era jefe de la delegación uruguaya ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Héctor Gross Espiell, estuvo de acuerdo con el monitoreo conjunto para la vigilancia ambiental del Río Uruguay.
«Mi país propone y reitera su oferta de realizar un monitoreo conjunto y constante con la República Argentina», dijo entonces el diplomático.
Luego, la Corte, en su fallo, determinó que «la obligación de cooperar (que tienen entre sí el Uruguay y la Argentina) trae aparejado el monitoreo continuo de un establecimiento industrial, como la planta» de Botnia.
En tanto, la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay presentó un «proyecto de vigilancia integral y continua» de la planta.
La Argentina dejó en claro así que no quiere muestreos semanales o mensuales, sino instalar equipos «automatizados» que registren los datos de manera «permanente».
El 2 de junio pasado, la presidenta Cristina Kirchner y su par uruguayo Mujica acordaron llevar adelante «un plan de vigilancia para la Planta de UPM (Botnia), conforme a lo establecido en la sentencia».
Desde entonces, pusieron un plazo de 45 días para que se acuerde la modalidad y los criterios para avanzar en ese sentido. Y pactaron volver a reunirse alrededor del 2 de agosto en Buenos Aires.
