Mientras el gobierno uruguayo estudia cómo responderá al pedido argentino de que dé marcha atrás con la autorización concedida a UPM para que aumente la producción de pasta celulósica en su establecimiento de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, los integrantes de la Asamblea Ambiental de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú anunciaron para este fin de semana una nueva movilización de protesta.
Consistirá en sendas caravanas el sábado y el domingo hasta el paraje Arroyo Verde, en el trayecto entre esa ciudad y el puente internacional al Uruguay, donde realizarán una volanteada contra la pastera finlandesa y una asamblea sobre la ruta el domingo a las 17.
Los ambientalistas también dispusieron instalar un cartel frente al consulado uruguayo de Gualeguaychú con la leyenda “Gobierno de Uruguay violador y contaminante”.
Finalmente, votaron llevar a cabo una movilización náutica el 2 de noviembre próximo frente a las instalaciones de la pastera, luego de que el domingo anterior les fuera impedido ingresar al vecino país para entregar una nota de protesta en la intendencia de Río Negro, localidad en cuya jurisdicción se encuentra la planta originalmente construida por la empresa Botnia.
El miércoles la Cancillería argentina dio a conocer un informe elaborado por los técnicos argentinos que junto con sus colegas uruguayos monitorean el funcionamiento de la pastera y realizan mediciones sobre sus efluentes y reveló que ya se le efectuaron dos pedidos al gobierno del presidente José Mujica para que retrotraiga la autorización concedida a UPM, que hará que los efectos contaminantes del proceso industrial se multipliquen.
En Montevideo, a todo esto, mientras prepara su respuesta, el gobierno confía en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya lo respalde si Buenos Aires acude al organismo –como ya anunció– por el renovado diferendo.
“Oportunamente, en breve, el Estado uruguayo se manifestará al respecto, por la vía que entienda correspondiente”, dijo ayer el capitán Gastón Silbermann, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru), integrada por delegaciones de los dos países.
Silbermann evitó pronunciarse sobre el pedido argentino, indicando que “el tema lo está tratando el Poder Ejecutivo”. En este ámbito, una fuente consideró que como el canciller Luis Almagro está en misión en el exterior, si hay una respuesta formal probablemente se daría a su regreso, el fin de semana.
En la noche del miércoles, el canciller argentino, Héctor Timerman, dijo que pidió “formalmente” a Uruguay que retrotraiga la autorización dada a la planta de celulosa de UPM (ex Botnia) de aumentar la producción, por considerar que contamina el limítrofe río Uruguay.
Una semana antes Mujica había aprobado aumentar de 1,1 millón de toneladas anuales a 1,2 millones la producción de la planta, lo que generó tensión en las relaciones bilaterales, luego de un extenso conflicto que se había zanjado en 2010 en la Corte Internacional de La Haya.
“Voy a esperar un par de días” antes de volver a llevar el caso a la Corte de La Haya, dijo el miércoles Timerman, tras presentar los resultados de un informe argentino sobre la situación de las aguas en el río Uruguay, según el cual se detectaron “violaciones a la normativa vigente en la temperatura de los efluentes (en el río), así como presencia en niveles superiores a los permitidos de fenoles, fósforo, cromo y níquel, sólidos disueltos y endosulfán”.
Por su parte, aunque declinaron opinar sobre el pedido de Timerman, algunas autoridades uruguayas manifestaron su confianza en lo actuado por Montevideo y reiteraron lo defendido la semana pasada por Almagro, quien aseguró que los vertidos de la planta “están dentro de los límites” que marca la normativa uruguaya y por lo tanto “en perfecta consonancia” con los estatutos del río y lo resuelto por la CIJ.
