“Docentes rurales y salud. Un estudio sobre contaminantes ambientales”. Así se titula un convenio de colaboración que firmaron, en medio de los tremendos calores de febrero, la comisión directiva de Amsafé Rosario y el Conicet. Y en esta semana de otoño, a menos de tres meses, se logró completar el paso más complejo del plan: la toma de muestras de saliva a docentes de escuelas del departamento que se desempeñan en entornos sujetos a fumigaciones periódicas con agroquímicos, y a distancias que mayores o menores según la normativa de cada lugar, y más que nada a si esa obligación se cumple o no. Ahora se encargará de analizar las muestras un equipo que coordinan las investigadoras Lucía Caissa, del Centro de Investigación y Transferencia de Rafaela, quien en 2019 obtuvo una beca del Instituto Nacional del Cáncer para estudiar la salud de docentes de escuelas rurales del sudeste de la provincia de Córdoba, y Delia Aiasso, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien dirige un proyecto de investigación destinado a mejorar las experiencias escolares de educación ambiental. Y en un lapso de dos a tres meses se conocerá, con datos certeros, a qué riesgos están expuestos quienes trabajan dando clases en escuelas rurales de la región y cómo afecta su salud.
En la etapa operativa de campo se pudieron tomar de una veintena de muestras para analizar, tras una fuerte campaña de Amsafé Rosario sobre las y los afiliados al gremio. No es fácil: en cada población rural se han registrado choques entre quienes se benefician con el modelo productivo imperante, basado en el uso de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas, y quienes son víctimas directas de esa estructura. En no pocos casos las tensiones han llegado a la Justicia con largos procesos, y también se han registrado episodios de violentos amedrentamientos que han tenido como víctimas a familias residentes en las periferias de cada comunidad, que en varias ocasiones han resultado las más expuestas a fumigaciones y por añadidura las más vulnerables. Por ello no es casual que la toma de muestras a docentes, además de ser anónima, también haya preservado la identidad con imágenes tomadas de espaldas a cada voluntaria o voluntario.
En concreto, los muestreos se llevaron adelante este martes 16 en el Centro de Salud Los Pinos, en el kilómetro 11 de la ruta 18, en jurisdicción de Villa Amelia; el miércoles 17 en Monte Flores, y el jueves 18 en Ibarlucea.
Ahora las muestras recolectadas se analizarán en el Instituto Gema (Grupo de Investigación en Genética y Mutagenesis Ambiental y Docencia Citogenetica Básica y Aplicada y Toxicológica) de la Universidad Nacional de Río Cuarto, tras lo cual tanto el equipo científico como el gremio docente esperan contar con un cuadro de situación real, más allá de toda presunción.
La secretaria adjunta de Amsafé Rosario, Gabriela Meglio, que intervino en la campaña, explicó a El Ciudadano qe na de las claves del estudio era que las y los voluntarios del universo de docentes rurales cumpliera, además, una serie de requisitos, como tener entre 25 y 60 años de edad, no padecer ninguna enfermedad crónica (diabetes, insuficiencia hepática o renal), que no hayan sido tratados en los últimos tres años por una enfermedad grave (cáncer, leucemia) y que no tengan “hábitos de vida tóxicos”, como adicción al tabaco, al alcohol y/o a otras sustancias psicoactivas. Es decir, personas cuyas muestras deberían arrojar un estado de salud óptimo en todos los niveles. A menos qué.
Cada voluntario debió antes de acudir haber leído una hoja de información con todos los detalles del estudio y haber firmado el consentimiento informado de participación, para su inclusión.
Además del muestreo de saliva, las y los docentes mantuvieron una entrevista personal con miembros del equipo de investigación, cuyos datos recibieron. “Toda la información recolectada es estrictamente confidencial, preservándose el anonimato tanto de las personas como de las instituciones educativas en las que éstas trabajan”, es una de las reglas. Empero el equipo de trabajo se comprometió, por su parte, “a brindar a cada persona participante un informe privado con los resultados del análisis de su muestra de saliva”.
La delegada adjunta Meglio explicó a El Ciudadano que, además de la investigación sobre la salud de “docentes rurales o que trabajan en contextos rurales” se avanzó en paralelo con “otro trabajo de investigación con respecto, a cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje” en las escuelas en las que se desempeñan.
“Son dos estudios que van de la mano. Nosotros hacemos más hincapié en el estudio de docentes y salud, que tiene que ver con la extracción de la muestra de saliva”, indicó la dirigente. El fin, marcó es “efectivamente llegar a conocer cómo se encuentra la salud de los docentes que trabajan en contexto rural, donde sabemos que muchas veces las escuelas están al lado de campos que que se fumigan”.
Meglio refirió que se trata de un reclamo que “viene desde hace mucho tiempo”, canalizándose a través de la gremial docente. Por ello destacó: “Es la primera vez que en Rosario tenemos una entidad como el Conicet, que acompañe y que realice todo un proceso de investigación para efectivamente comprobar cuáles son los los condicionantes ambientales” y su impacto en la salud de las y los trabajadores.
Meglio explicó que Amsafé Rosario organizó una campaña de difusión con visitas a escuelas y docentes para posibilitar la toma de muestras, a la que dividió en tres días y tres zonas para hacer el operativo más eficiente y con un esfuerzo extra para no exponer a las y los voluntarios. Y, a modo de muestra, contó un caso de por qué el anonimato cobra importancia crucial: una docente que convivía en la misma casa con quien manejaba “mosquitos”, los vehículos fumigadores de tierra, de los que depende su sustento.
Ese, y otros detalles micro, fueron surgiendo en el mismo trabajo: “Desde marzo estamos realizando la recorrida de los territorios, principalmente en escuelas rurales y en las escuelas que se encuentran en un contexto rural”, distinguió Meglio a establecimientos que están en parajes netamente de campo y otros, como en Villa Amelia, “que están en el centro del pueblo pero que claramente está rodeada de campos productivos”. Además, ocurre que algunas escuelas están próximas a talleres o depósitos en los que se pone a punto los dispositivos de fumigación o se guardan máquinas o productos químicos. Se trata de dos casos de un abanico amplio por definición: “Hay un número aproximado de más de 700 escuelas rurales en la provincia de Santa Fe”, marcó la docente. Y abundó que un buen porcentaje de ese total se emplaza en el departamento Rosario.
Meglio también destacó la colaboración de instituciones como la Asamblea Ruta 18, que forma parte de la ONG Paren de Fumigarnos e integran residentes de distintas localidades como Álvarez, Alvear, Piñero y Villa Amelia, o a directivos de centros de salud como Los Pinos, de esa última localidad.
Meglio explicó que no se dieron detalles más puntuales para no generar problemas, “porque hay muchos intereses” involucrados. Fe de ello lo dan largos litigios judiciales como los de San Jorge, en el departamento San Martín; Cañada de Gómez, cabecera del departamento Iriondo, y otros, en los que las autoridades políticas locales actuaron en sintonía con productores privados y asociaciones ruralistas enfrentadas con vecinos.
“Hubo un trabajo de mucha concentración y dándole seguridad también a docentes que iba a ser anónimo”, subrayó Meglio.
La gremialista también disparó un dardo hacia Amsafé provincial, al recalcar la importancia de que el estudio se extienda a todo el territorio santafesino, y al remarcar que Amsafé Rosario tomó la “decisión política” de hacerlo realidad.
“Ahora esperamos que los resultados, por supuesto, sean buenos. Estamos a la espera. Porque si esto arroja resultados positivos, que hay algunos componentes que afectan la salud los trabajadores y trabajadoras, ya es otra situación. Vamos a tener que empezar a hablar de cuestiones de enfermedades laborales, de qué es una enfermedad profesional… El recorrido de eso se verá más adelante, dependiendo los resultados que arrojen las pruebas”.
De igual modo, los análisis químicos que hasta ahora se han logrado hacer en condiciones apropiadas no han sido auspiciosos. La dirigente gremial recordó que la Asamblea Ruta 18 hizo analizar muestras de agua que como resultado evidenciaron la presencia de contaminantes y sustancias tóxicas provenientes de agroquímicos. “Y no pasó nada sobre eso, quedó en una conferencia de prensa. Me acuerdo que una directora increpó en ese momento a un intendente, poniendo el cuerpo al reclamo, y nadie resolvió nada. Por eso te digo que es un tema que cuesta mucho instalar, que es un tema tabú en estas comunidades”.
También recordó “el caso emblemático en Entre Ríos” de una docente que “luego de una de una batalla terrible logró que se reconozca como enfermedad profesional” cómo había sido afectada pro fumigaciones, pero no se tomó como regla general: “Es solamente en el caso de esta compañera”.
En contrapartida, Meglio destacó que frente a ello “fue una sorpresa muy grata”, la convocatoria que tuvo ya desde el primer día de toma de muestras, y que convalidó el esfuerzo previos de ir a las escuelas, poner carteles y trabajar persona a persona la iniciativa: “Una actividad muy militante para esto”.
