Este viernes 29 a las 10 sindicatos de Rosario y el cordón industrial convocan a un acto y plenario en la sede de la CGT local para definir próximos pasos a raíz de la detención del dirigente Román Moyano el pasado martes. Después de despedir a 23 empleados sin causa y no asistir a las audiencias del Ministerio de Trabajo, en el marco de una movilización frente a la puerta de la empresa de motos Guerrero de la localidad de San Lorenzo detuvieron al secretario Gremial del Sindicato de Mecánicos y Afines al Transporte (Smata) y, al día siguiente, fue imputado por el fiscal Aquiles Balbis por incumplimiento de mandato judicial y turbación de derechos, como detallaron desde el Ministerio Público de la Acusación.
Todos los gremios de la ciudad y la región manifestaron su preocupación ante los hechos. No sólo por los despidos sin causa en medio de la pandemia sino por la posterior detención e imputación de un representante gremial. Marcelo Barros, secretario general de Smata, habló con El Ciudadano sobre la convocatoria de este viernes: «En el cordón industrial hay muchas empresas como Guerrero, este accionar se puede llegar a replicar por eso es un problema de todos los gremios que están muy preocupados».
En su momento, después de una de las tantas audiencias fallidas, Moyano había declarado a El Ciudadano: «La empresa no acató la conciliación obligatoria, ni tampoco vino a la audiencia y presentó un escrito denunciando al Ministerio y al gremio. Está claro que no se quieren sentar a discutir porque todo lo que hicieron es ilegal». Actualmente está en libertad pero imputado, tras apoyar a los trabajadores despedidos.
Despidos sin justificación
Barros explicó que los despidos que se dieron en San Lorenzo no tienen justificación y fueron efectuados sin cumplir los requisitos para realizarlos, como el envío de tres telegramas. Habló de las «chicanas» de los abogados de este tipo de empresas para incumplir y demorar estos procesos.
Sobre el tema también se pronunció el diputado provincial y periodista Carlos Del Frade: «Esto tiene que ver con la habilidad de los abogados de las empresas de ponerlas como víctimas en vez de victimarios y sienta un precedente peligroso aunque ya lo hemos visto en algunos casos».
Para el legislador del Partido Social y Popular hay una negación de la naturaleza del conflicto: «Todo proceso individual como colectivo tiene una historia y a veces lo que se llega a ver es como la punta de un iceberg, pero es importante conocer el desarrollo; si no, estamos con un problema muy grande de lo que significa pensar la realidad tal como se nos presenta. Me llama mucho la atención que un conflicto de origen gremial sea presentado como un problema penal. El fiscal tiene que ver que lo que sucede es una consecuencia del accionar de la propia empresa».
Del Frade definió el conflicto como gremial, social y laboral e insistió en la gravedad de detener a un dirigente sindical en el marco de una protesta. En este sentido, planteó que, a partir del aumento del desempleo, que en Santa Fe se triplicó en el último año, las tensiones de este tipo se van a repetir en los próximos meses. «Que la lucha por el trabajo y los conflictos gremiales sean leídos como conflictos penales es una locura y es una señal de alarma», expresó.
Ante la situación desatada, el diputado publicó en Facebook la siguiente información: «Según el último balance presentado, Honda Motor Argentina facturó 20.745 millones de pesos en 2019 (publicado en 2020), a razón de 56 millones de pesos diarios, 2.638.150 pesos por hora y 98.672 pesos por minuto. A pesar de semejante volumen de ventas, la empresa despidió a 23 trabajadores, no fue a ninguna de las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe y, en el colmo del cinismo y la visión clasista, el secretario gremial de Smata Rosario, Román Moyano, fue detenido por orden del fiscal Aquiles Balbis, convirtiendo un conflicto gremial y social en una imaginaria realidad delictiva».
Además expresó: «Es fundamental actuar a favor de los trabajadores despedidos, rechazar la criminalización de la protesta y poner énfasis en la formación intelectual de algunos integrantes del poder judicial. Es la empresa la que incumple y genera el conflicto, no al revés. Por eso es inadmisible que se sancione a un trabajador».
«Precariedad intelectual o complicidad con las empresas»
En diálogo con El Ciudadano también consideró que «la penalización únicamente sirve para el control social que quieren imponer», y de inmediato sintetizó: «El Ministerio de Trabajo citó tres veces y la empresa no fue nunca. Lo más preocupante es la visión del fiscal que no puede abstraerse y niega la historia del conflicto al acusar a un dirigente gremial. Es de una precariedad intelectual muy grande o de una complicidad con las empresas».
Agregó que es esa cuestión intelectual la que deja entrever una cuestión netamente de clase y que «es indispensable que la Justicia actúe con madurez intelectual y piense en el origen del conflicto».
Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe se desmarcaron de la detención llevada adelante por la Policía de la provincia de Santa Fe esta semana. “No compartimos la criminalización del conflicto gremial, no es nuestra postura”, detalló la directora regional de la cartera, la histórica sindicalista Rita Colli. Aseguró que desde octubre están mediando y abriendo el diálogo para intentar solucionar el problema pero la empresa judicializó el conflicto y desconoce las medidas dictadas por el Ministerio de Trabajo, entre ellas la conciliación obligatoria.
