La Unidad Fiscal de causas por delitos de lesa humanidad de Rosario solicitó ayer la pena de prisión perpetua para los diez imputados por 47 casos de detenidos-desaparecidos en el juicio por crímenes de la última dictadura cívico-militar, en la causa Guerrieri III, informaron ayer fuentes judiciales.
El alegato del fiscal Adolfo Villatte se inició el 7 de abril pasado y, tras un receso, concluyó ayer con el pedido de penas perpetuas para los imputados por cometer los delitos de genocidio, desaparición forzada de persona y privación ilegítima de libertad agravada por persecución política a las víctimas.
En el debate oral, iniciado en octubre del año pasado, están acusados los militares Pascual Guerrieri, Marino Héctor González, Alberto Pelliza, Jorge Fariña y Juan Amelong.
También fueron imputados y procesados por delitos de lesa humanidad los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Pagano, Eduardo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach. Este último es el único de los acusados que no posee una condena anterior por crímenes de la dictadura, ya que estuvo prófugo desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2012, cuando fue capturado en su casa de la localidad balnearia de Ostende.
Rodolfo Isach –cuyo hermano permanece prófugo y también es requerido por la Justicia federal por delitos de lesa humanidad– también integró la Policía de Santa Fe durante los años de la última dictadura.
Según el fiscal Villatte, existen pruebas en el juicio para demostrar la participación de Isach como PCI del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, en cuyos registros quedó inscripto como Ricardo Infante.
Según testimonios producidos en el proceso oral, el nombre de guerra utilizado por Isach era Agustín.
Los militares y ex PCI están señalados como integrantes de una patota del Destacamento de Inteligencia 121 bajo cuyo mando operacional funcionaron los centros clandestinos de detenciones conocidos como La Calamita, Quinta de Funes, La Intermedia y Escuela Magnasco.
En la causa se ventilan los casos de 47 víctimas del terrorismo de Estado, de las cuales 24 permanecen desaparecidas.
