El fin de la feria judicial en Rosario supuso, entre otras cosas, el reinicio del calendario de causas de lesa humanidad de la jurisdicción. En ese marco, el pasado miércoles 8 de febrero se retomó el juicio por la causa Guerrieri IV con una inspección a uno de los centros clandestinos de detención -CDD- involucrados en esta causa: La Calamita.
Se trata de una vieja estancia ubicada en Granadero Baigorria que durante la última dictadura cívico militar funcionó como CCD y cuyos crímenes se investigan en esta megacausa que tuvo su primera condena en 2010, fue de hecho el primer fallo en la ciudad por crímenes de lesa humanidad.
De la inspección participaron dos testigos claves porque son sobrevivientes de este lugar. Uno de ellos es Antonio Huerta, oriundo de zona sur. Se trata de un hombre que tenía 16 años cuando fue secuestrado. Todavía iba a la escuela secundaria, limpiaba autos de su cuadra para ganar unos mangos y vivía con sus padres en una casilla de un barrio humilde, cerca de Las Delicias.
Hace por lo menos quince años que declara en causas vinculadas al genocidio en la ciudad pero esta visita implicó su primer regreso al lugar donde estuvo secuestrado y donde fue torturado sistemáticamente. En uno de sus últimos testimonios, en noviembre de 2022, relató paso a paso cómo fue su secuestro, se ocupó de puntualizar ante el tribunal que lo suyo no fue una detención: “No fui detenido, fui secuestrado”.
El miércoles asistió a la inspección de la que también participó el fiscal Adolfo Villatte de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario que dio algunos detalles del momento a El Ciudadano. “Salió muy conmocionado, reconoció el sótano. Él ya había dicho en las audiencias que había estado ahí y pido reconocerlo”.
No es la primera vez que el fiscal presencia algo así. El reencuentro de sobrevivientes con los CCD donde estuvieron secuestrados es un momento tan íntimo como impactante por la fuerza de los recuerdos de la pesadilla. Y, también, porque les permite constatar sus dichos ante la Justicia: los lugares que han descripto coinciden con lo que encuentran en estas inspecciones.
“El lugar tiene unas divisiones que claramente, y tal como han declarado los testigos, funcionaban como calabozos. Verlo es impresionante”, señaló.
Villatte explicó que aunque se trata de una causa que ya tiene sentencias y La Calamita es un lugar ya reconocido como CCD, ante cada juicio es importante volver a constatar cómo funcionaron estos centros.
El fiscal también subrayó que si bien La Calamita fue declarado sitio de memoria en 2013, hace diez años, el edificio está en decadencia y sería importante preservarlo no solo porque estos lugares permiten mantener vivo el recuerdo de esa época terrorífica sino también porque constituyen prueba fundamental en los juicios que se siguen llevando adelante.
Huerta dedicó su vida al trabajo, no se vinculó de manera activa con los organismos de derechos humanos ni había tenido una militancia política en la época del secuestro. Son muchos los casos que se parecen al suyo, tiene que ver con la extensión que tuvo el aparato represor sobre la sociedad civil aquellos días. Se perseguían, sobre todo, militantes -políticos, sociales, sindicales- y también a todo el círculo de personas que podían conocerlos.
Huerta dijo en una de las declaraciones que quiso hacer un “borrón y cuenta nueva”, aunque olvidar lo sucedido no fue posible y por eso el detalle de los lugares y las torturas en sus declaraciones. Recuerda cómo se los llevaron de su casa a él, su padre y su madre. Cómo los golpearon, cómo vendaron sus ojos y los subieron a un auto, cómo era el suelo que pisó, los ruidos que escuchó y los olores que sintió. También, los apodos de represores que escuchó nombrar. Toda esa memoria reunida ante el tribunal, manifestada oralmente, es lo que permite que estos juicios continúen para que la Justicia sea verdaderamente un hecho.
Circuito represivo del Ejército
La causa Guerrieri investiga cómo funcionó el plan represivo que se montó en distintos CCD de Rosario y sus alrededores, bajo la órbita del Ejército. La Calamita (en Granadero Baigorria), la Quinta de Funes, la Escuela Magnasco (Ovidio Lagos y Zeballos), La Intermedia y La Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu” son los lugares donde se cometieron los tormentos y ejecuciones que se investigan. Los crímenes ocurrieron entre 1977 y 1978. Para este juicio se constituyeron 116 casos.
La causa lleva el nombre de Pascual Oscar Guerrieri, que fue agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del CCD Quinta de Funes. La sentencia de la primera elevación constituyó el primer fallo por crímenes de lesa humanidad en Rosario y fue en 2010.
En esta cuarta elevación hay 20 imputados de los cuales solo cuatro no recibieron hasta el momento condenas por crímenes de lesa humanidad. El ministerio público fiscal ofreció 347 testigos para que presten declaración en juicio. A las víctimas cuyos casos ya se han investigado, en esta elevación se suman 62. La mayoría de ellas fueron asesinadas o desaparecidas. Todavía no se definió cómo seguirá el cronograma de audiencias este año. La Fiscalía espera que haya sentencia a mitad de este año.
