El líder de Los Monos, Ariel «Guille» Cantero, dijo este viernes que contrata «sicarios para tirar tiros a jueces», cuando el tribunal que lo juzga por siete balaceras cometidas contra edificios y domicilios de funcionarios judiciales le preguntó por su oficio o profesión en el inicio del debate oral que enfrenta junto a otros seis acusados en la ciudad de Rosario.
En la audiencia de apertura del debate que se desarrolla bajo una modalidad virtual para los acusados y presencial para los jueces, fiscales y abogados convocados en el Centro de Justicia Penal de Rosario, los fiscales reclamaron penas de entre 24 y 9 años y medio de prisión para los siete acusados.
«En realidad contrato sicarios para tirar tiros a jueces judiciales», fue la primera frase que se le escuchó decir a Cantero con ironía cuando le preguntaron por sus datos filiatorios y su oficio a pocos minutos del inicio del juicio.
Luego, en la lectura de la acusación, los fiscales del caso, Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo, adelantaron las penas que pedirán para los acusados de los 10 ataques a tiros contra edificios judiciales y domicilios de magistrados y funcionarios en 2018.
Para Cantero solicitaron 24 años de prisión por siete hechos de «amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público en concurso ideal con daño calificado».
La misma pena y por los mismos delitos fue requerida para Matías César y Lucía Uberti.
Para Daniel Delgado y Leandro Olivera, en tanto, solicitaron 13 años de prisión; 12 años para Leonel Fernández y 9 y medio para Damián Chávez
El juicio se inició con un fuerte operativo de seguridad para el que se desplegaron 70 móviles y 250 efectivos, varios de ellos de las Tripas de Operaciones Federales (TOE) apostados en los techos del edificio del Centro de Justicia Penal, que la noche del pasado miércoles fue atacado a balazos.
Los magistrados, los fiscales y las defensas se encuentran en la sala 10 del segundo piso, mientras que en todo el interior del edificio se emplean escáners y se identifica a cada persona que ingresa.
El debate esta a cargo de los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto y se estima que se extenderá durante varias jornadas
Cantero y los otros seis acusados enfrentan cargos por diez ataques, siete de los cuales se cree que fueron instigados desde prisión por el líder de Los Monos.
Los siete imputados llegan al debate oral detenidos, aunque no todos por las balaceras, sino que algunos están con prisión preventiva por otros delitos.
Cantero está alojado en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, mientras que Olivera, Chávez, César, » Delgado y Fernández se encuentran en la Unidad 11.
En tanto, Uberti permanece recluida en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario.
Los otros involucrados, Claudio «Churro» Canavo, José Alberto Castillo y Aldana Mazzeo, ya fueron condenados a través de juicios abreviados que acordaron la Fiscalía y las defensas.
Los hechos que se les imputan son una serie de atentados que comenzaron el 29 de mayo de 2018, con ataques a balazos a dos viviendas, una de Italia al 2.100 y otra de Montevideo al 1000, en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, quien integró el tribunal que condenó al grupo liderado por los Cantero.
El 30 de junio siguiente se registró una balacera contra una vivienda ubicada en Braille al 1400 que perteneció al exintegrante de la Brigada Operativa de Judiciales, Ariel Lotito, encargado de la investigación por asociación ilícita de «Los Monos».
A continuación, el 26 de julio, se cometieron atentados contra dos viviendas, una de Zeballos al 2500 y la otra en Dorrego al 1600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal en el juicio oral y público contra la misma banda liderada por Cantero.
Más tarde, el 4 de agosto de ese año fue baleado un departamento de un edificio de Libertad al 300 que hasta 2001 perteneció a la familia Usandizaga y más tarde en esa fecha se reportó una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, ubicado en Sarmiento y Rueda.
Solo un día después, una vivienda de Tarragona al 700 bis sufrió una ataque a balazos que los investigadores atribuyeron a un error del tirador y consideraron que el objetivo era una casa cercana vinculada a la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández, integrante del tribunal que revisó la sentencia por asociación ilícita a «Los Monos».
El 10 de agosto el ataque fue dirigido a una vivienda de la familia Usandizaga en Buenos Aires al 1700 y tres días después, fueron halladas marcas de balazos en el frente de un edificio de San Luis al 1400, vinculado con la jueza de Cámara Gabriela Sansó, también miembro del tribunal que revisó la sentencia.
La cronología de atentados destinados continúa el 14 de agosto, con un nuevo ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) de Montevideo al 1900.
Y finalmente, el 28 de agosto fue arrojada una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
