El ex secretario de Comercio Interior de la Nación Guillermo Moreno fue condenado a tres años de prisión condicional y a 6 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos al ser declarado culpable de “abuso de autoridad en concurso ideal con el de destrucción e inutilización registros públicos”, al concluir el juicio por manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), entre marzo de 2006 y agosto de 2007. La sentencia tuvo el voto unánime del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. Los dos últimos son los quienes también dictaron sentencia condenatoria a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Obra publica”, en la que, como ahora, también actuó el fiscal Diego Luciani.
El TOF 2 consideró a Moreno responsable de la información sobre estadísticas que publicaba el Indec, como los índices de inflación y del PBI (producto bruto interno). El fiscal Luciani llevó adelante la acusación y pidió 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, La defensa de Moreno solicitó su absolución.
El tribunal también condenó a la misma pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y 6 años de inhabilitación especial por los mismos delitos a la ex directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del organismo Beatriz Paglieri. Y dispuso que ambos se hagan cargo de las costas del proceso.
En otro punto dispositivo del fallo, el tribunal le impuso a Moreno y Paglieri el cumplimiento “por el término de tres años” de las reglas de conducta de “fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato”, establecidas en el Código Penal de la Nación.
En cuanto a las otras dos imputadas que tuvo el juicio, María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia, los magistrados resolvieron absolverlas, pese a que, en su alegato, la Fiscalía había pedido su condena al atribuirles el rol de colaboradoras necesarias de Moreno y Paglieri.
Se alteraron indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales. La inflación no tenía que pasar el 10% y lo lograban mintiendo”, sostuvo el fiscal Luciani.
Según lo argumentado por el fiscal Luciani y su par José Ipohorski Lenkiewicz, los delitos cometidos fueron posibles porque la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, “liberó” al Indec (organismo bajo su órbita de actuación) a fin de que pudiesen “operar e intervenir ilegalmente sobre él”.
Los fiscales describieron que Moreno “ejerció presión de todo tipo sobre los cuadros técnicos, presentando escritos y pidiendo información secreta, con el claro objetivo de perforar el secreto estadístico”. En esa línea, remarcaron que el ex secretario de Comercio Interior luego ejerció otras actitudes intimidatorias hacia los comercios analizados para el muestreo del IPC, “con visitas in situ, clausuras y represalias si no se aggiornaban a los precios de los acuerdos que él mismo promovía”. Para los fiscales, estas acciones produjeron “una merma de la información libre” y “quebrantaron la credibilidad del Indec”.
Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el próximo miércoles 4 de septiembre y se descuenta que ambos ex funcionarios apelarán el fallo.
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