Un hombre acusado de abusar de su propia hija cuando era menor de edad y producto de los ultrajes quedó embarazada comenzó a ser juzgado este martes en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe. La víctima tuvo un bebé cuando tenía 15 años. Lo denunció por primera vez en 2011, cuando tenía 10 años pero el sistema penal hizo oídos sordos y terminó archivando la causa. Cinco años más tarde el hombre fue denunciado por su madre. Tuvieron que pasar otros cinco años para que el caso llegara a este juicio oral.
El debate está presidido por los jueces Gustavo Urdiales, Octavio Silva y Héctor Gabriel Candioti y la fiscal Alejandra Del Río Ayala solicitó la aplicación de una pena de 20 años para Jorge Marcelo C. por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y promoción a la corrupción de menores agravada por el vínculo y por violencia.
La fiscal Del Río Ayala de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual contó que la causa que investigó puso su eje en los ataques sexuales que la víctima sufrió entre enero y junio de 2015, que se producían en la casa del acusado cuando su hijos iban a visitarlo, contó.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) agregó que “el acusado cometió estos abusos de manera continua y sistemática en el marco de estas visitas, aprovechando los momentos en los cuales la víctima dormía”.
En 2015 la víctima tuvo un niño producto de los abusos sexuales. En 2016 la denunciante de los hechos fue su madre. A partir de allí, Del Río Ayala comenzó a investigar. Mientras que la denuncia que la niña hizo en 2011 cuando apenas tenía 10 años, tramitó en el viejo sistema y fue archivada.
En cuanto a la hipótesis del caso, la fiscal manifestó que “el acusado hizo uso de la fuerza física para neutralizar la resistencia de la víctima y la amenazó para que no contara nada de lo sucedido, aprovechando la situación de indefensión y temor de la niña”.
La actuación de la justicia y los derechos de las víctimas
Este caso dejó a la vista la exposición al proceso de una víctima de delitos contra la integridad sexual. El caso investigado lleva cinco años y existe, entre la evidencia de la causa, el nacimiento de un niño producto de las violaciones corroborado con un ADN y una declaración de la víctima durante la instrucción como anticipo jurisdiccional de prueba, es decir con todas las garantías para que esa evidencia sirva para el debate oral y público.
La instancia previa al juicio generó la necesidad de presentar, por parte de la Fiscalía, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para no revictimizar a la joven y obligarla a declarar en juicio.
El juez de Cámara de Santa Fe Sebastián Creus, en febrero del año pasado, confirmó una decisión de un juez de primera instancia y admitió como prueba ofrecida por la defensa la declaración de la víctima.
En este marco dispuso que 30 días antes del debate un perito psicólogo determine si estaba en condiciones de declarar y en su caso fijara la modalidad adecuada para hacerlo.
Esta decisión implicó la reacción de la Fiscalía que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión haciendo foco en la práctica revictimizante dentro del ámbito judicial y la vulneración de los derechos de la víctima pero el recurso fue denegado y el caso llegó en queja a la Corte provincial.
Con la disidencia de la única mujer, el máximo tribunal, resolvió rechazar el planteo por una cuestión formal. En cambio María Angélica Gastalidi se apoyó en los fundamentos de la acusación y dijo que las postulaciones de la querella y Fiscalía “importan -prima facie- articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad y vulneración de derechos y garantías constitucionales con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria”.
En estas circunstancias y después de un largo peregrinar de una niña, víctima de nada más y nada menos que ataques sexuales reiterados por el que su padre fue acusado, el caso llegó a juicio oral y público.
El próximo viernes se conocerá la sentencia de un caso que entre otras circunstancias dejó a la vista el tratamiento de la Justicia a las víctimas de delitos contra la integridad sexual.
