A mediados de marzo, el ataque de una clienta a una vendedora haitiana se viralizó en las redes sociales y medios de comunicación. En un kiosco de Maipú al 1200 una mujer insultó, amenazó y arrojó mercadería al piso cuando la empleada no tenía para ofrecerle un cigarrillo suelto de la marca deseada. El violento hecho generó repudio de la comunidad que este martes a la tarde fue hasta la puerta del Ministerio Público de la Acusación a pedir Justicia y medidas políticas contra la discriminación y el racismo. Es que, según explicaron, no se trató de un episodio aislado, sino que fue un ejemplo de los maltratos y acosos que más de 2.500 haitianas y haitianos radicados en la ciudad sufren a diario.
“Si lo que pasó hubiera sido al revés, seguramente íbamos presos. Parece que el color de piel pesa distinto en la Justicia. Si no se frena hoy, mañana podría ser peor. Desde hace años sufrimos maltrato y acoso en la calle y los trabajos. Queremos gritar basta. Contribuimos a la sociedad ya que estudiamos, trabajamos y pagamos nuestros impuestos, pero queremos hacerlo en armonía, sin molestar a nadie”, dijo a El Ciudadano Gérard, uno de los integrantes de la comunidad y organizador de la manifestación.
Gerard contó que son numerosas las situaciones de racismo que viven a diario. “En Pedidos Ya nos acusan que comemos la comida y no quieren que seamos proveedores, a nivel académico algunos docentes se niegan a tomarnos exámenes diciendo que no tienen tiempo que perder con los negros, y a una compatriota la amenazaron de muerte estudiantes de la UAI diciendo que los inmigrantes no son bienvenidos y haciendo referencia a Hitler. Este tipo de agresiones puede frustrar y causarle problemas mentales al inmigrante ya que la discriminación mata”, señaló.
Desde la comunidad piden que el Estado intervenga con políticas públicas contra el racismo y la discriminación. “Somos agentes de paz, Argentina nos recibió muy bien y queremos aportar a la sociedad. No hay nada mejor que la diversidad cultural. Queremos concientizar y sensibilizar a la gente. Los políticos no tiene que dejarnos fuera de agenda”, agregó.
En primera
Gerard llegó al país en 2008 junto con otros 26 haitianos bajo la falsa promesa de una beca de estudios. Habían sido contactados por una supuesta fundación que les pedía entre 5 y 8 mil dólares para ingresar a una universidad. Pero cuando llegaron a Ezeiza descubrieron el fraude. Hicieron la denuncia judicial pero la causa no prosperó y perdieron el depósito. Un grupo volvió a Haiti, otro cruzó la frontera y hubo quienes se establecieron en el país. Eligieron Rosario porque tenían un contacto en la ciudad donde hoy estudian y trabajan.
Hace 13 años que Gerard no regresa a su país natal. Con 37 años, está a punto de recibirse de licenciado en comunicación social mientras trabaja en la industria hotelera. Está casado con una rosarina y tiene dos hijas de 6 años y 18 meses. Cuenta que al principio le costó adaptarse al cambio cultural pero hoy se declara argentino.
“Fue difícil vivir con los recuerdos de allá. Cuando dormía soñaba que estaba en Haiti. Me costó acostumbrarme a la cultura. Pero hoy el asado y el dulce de leche son mis pasiones”, contó.
Gerard, al igual que sus compatriotas, denuncia la discriminación que él y sus hijas sufrieron en la escuela y en ámbitos públicos. “Mi hija tenía un moretón en la frente porque un compañero de jardín la había golpeado. La docente dijo que como ella es morocha no lo había notado. ¿Por ser morocha puede no tener la atención de la maestra?”, cuestionó Gerard y ejemplificó con otro episodio en la administración pública: “Fui a tramitar el carnet de conducir y me pidieron un papel que no tenía. Cuando quise explicar, el hombre que me atendió se levantó y golpeó la mesa exigiéndome los papeles. Los compañeros suyos siguieron mirando el celular. Pienso que si yo hubiera sido alemán no hubieran hecho eso”.
“Forman parte de la clase media trabajadora y eso me choca. Cuando el racismo es estructural es un problema político. El gobierno nacional y quienes legislan tienen que promover más políticas contra el racismo en la educación y las instituciones públicas”, cerró.
Denuncia
Fuentes judiciales informaron que la unidad de salidas alternativas -buscan una mediación antes que una sanción penal- investiga la denuncia por amenazas y dichos racistas que la vendedora de nacionalidad haitiana realizó contra la clienta tras el violento episodio que vivió en el local.
