La Justicia ordenó al Senasa realizar al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas provenientes de otras provincias que se comercializan en los Mercados de Concentración de Fisherton y Mercado de Productores de Rosario. Así lo resolvió la jueza Sylvia Aramberri, del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, después de hacer lugar a una acción de amparo ambiental tras encontrar que los contaminantes superaron el nivel permitido en algunos productos. También ordenó al organismo que publique el resultado de los controles, en cumplimiento de las disposiciones Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275.
El abogado Enrique Augusto Z. fue quien presentó el amparo ambiental. Cuestionó que el organismo nacional no controlara la higiene y salubridad de los alimentos, en particular la presencia de biocidas, plaguicidas, fitosanitarios y productos agrotóxicos en frutas y verduras que llegaban a los mercados de Rosario desde otras provincias.
La Justicia ordenó así peritar los alimentos y el análisis de residuos de plaguicidas sobre muestras de frutas y verduras. Eso arrojó como resultado la presencia de contaminantes por encima de los límites de tolerancia en pepinos, berenjenas, zanahorias, apio fresco, lechuga, manzanas, rúcula, y espinaca.
De las pruebas presentadas por el Senasa, la Justicia entendió que las inspecciones y los monitoreos hechos dentro del Plan de Control de Residuos e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal (Creha Vegetal) no eran representativos. Fueron pocos controles en relación a la gran cantidad de productores de la región.
Como ejemplo, de las inspecciones que se hicieron en 2016 detectaron la presencia de residuos agroquímicos solamente en dos meses del año (octubre y noviembre) y sobre seis muestras de vegetales.
La jueza Aramberri reprochó la conducta del Senasa al no cumplir el control y fiscalización de los vegetales en forma regular, oportuna y continua para evitar la producción y comercialización de alimentos contaminados por plaguicidas en valores por encima de los límites máximos permitidos, y evitar el riesgo a la salud del consumidor.
De la resolución quedaron exceptuados los productos que no provienen de otras provincias porque son responsabilidad de las autoridades sanitarias provinciales y municipales.
