Un total de 44 detenidos, órdenes de arresto contra otras 6 personas, una punzante intriga acerca de los responsables ideológicos, una interna gubernamental no del todo zanjada y dudas sobre las futuras elecciones y el plan de reforma constitucional es lo quedó a la vista después del magnicidio del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise, un hecho del que se cumple un mes este sábado y al que la región mira con cierto desdén.
Los doce balazos que Moise recibió en su residencia de Puerto Príncipe también le abrieron los ojos a la región sobre un punto en el que nunca, o casi nunca, había puesto la mirada con atención: el rol de Colombia como país exportador de mercenarios, ya probado en otras zonas del mundo.
Y hasta generó algún roce entre ambos países, porque Bogotá se quejó del trato que reciben sus connacionales detenidos y de la falta de asistencia legal para ellos.
El asesinato en sí encierra una maraña de nacionalidades: el comando estaba integrado por una veintena de colombianos, reunidos por una empresa de seguridad de Estados Unidos que dirige un venezolano, financiado por otra firma de EEUU propiedad de un ecuatoriano y la mayoría de las reuniones de organización fueron en República Dominicana.
Hasta acá están arrestados 18 exmilitares colombianos, dos estadounidenses de origen haitiano, y varios ex policías –algunos por participación directa y otros por incumplimiento de sus deberes-, un médico y pastor y un exfuncionario judicial, y se busca a un exsenador, a una exjueza y otros varios civiles de roles aún no del todo claros.
La permanencia de Moise en el poder era muy cuestionada desde prácticamente todos los sectores, que daban por finalizado su mandato, lo que complejiza aún más la búsqueda de la responsabilidad intelectual.
De hecho, la Policía haitiana primero señaló al pastor y médico Christian Emmanuel Sanon y después al exfuncionario judicial Joseph Félix Badio sin mostrar más pruebas que algunas fotos de reuniones y sin que se visualice el objetivo último de matar al mandatario.
Ahora, el fiscal Bed-Ford Claude, a cargo del caso, busca a otras cinco personas: un empresario, dos líderes políticos y dos pastores. A todos los considera “sospechosos”.
Entre los señalados esta Liné Balthazar, del partido Tét Kale –el mismo de Moise-; el líder del opositor partido Inifos, Paul Denis; el empresario Samir Handal y los pastores protestantes Gérard Bataille y Gérard Forges, estos dos últimos referentes de las protestas antigubernamentales desde la Comisión Protestante contra la Dictadura de Haití.
Se los acusa a todos de “tentativa de homicidio, robo a mano armada y asesinato”, y la búsqueda también apunta a la exmagistrada Wendel Coq Thélot.
De fondo se investigan también, con asistencia de Estados Unidos, los movimientos de dos firmas claves en el operativo: la empresa de seguridad CTU Security, de Miami, propiedad del venezolano Antonio Intriago; y la financiera Worldwide Capital Lending Gropup, del ecuatoriano Walter Veintemilla.
El Washington Post informó el 15 de julio que el médico y pastor Sanon se reunió con Intriago y Veintemilla, entre otras personas, en Fort Lauderdale el 12 de mayo para discutir el futuro gobierno de Haití una vez que Moise ya no estuviera en el poder.
Existen dudas en todos los sectores sobre la suerte final de la investigación, no solo por los cerca de 30 crímenes de líderes y referentes sin esclarecer que tiene el país, sino más bien por la certeza de que el sistema judicial es tan endeble que no parece preparado para una causa de esta magnitud.
El Gobierno pidió formalmente, por carta, asistencia de la ONU para avanzar en la pesquisa y solicitó la creación de un tribunal especial para juzgar a los acusados, en base a un cuerpo similar que se conformó en 2005 tras un ataque terrorista en Líbano que dejó 22 muertos, uno de ellos el primer ministro Rafik Hariri.
Para la Cancillería se trató de un «crimen internacional» porque involucró ciudadanos de varios países en su planificación, financiación y ejecución.
A 30 días del asesinato y a 15 del entierro de Moise en Cabo Haitiano, al norte del país, el panorama político no es más claro que el judicial-investigativo.
El dos veces ministro Ariel Henry sucedió a Claude Joseph como primer ministro el 20 de julio, aún con el rechazo opositor, y desde entonces promete diálogo con todas las fuerzas y sectores y extremar los esfuerzos para llegar a las elecciones, por ahora sin fecha.
Con un Congreso diezmado que apenas tiene 10 senadores, Henry se propone encaminar al país hacia comicios presidenciales que algunas versiones estiman para enero de 2022 y otros consideran imposible en menos de un año.
De hecho, dos de los partidos de oposición, Sector Democrático y Popular y Fanmi Lavalas, consideran que no existen las condiciones para realizar sufragios transparentes.
Moise pretendía que en septiembre se votara, además de a su sucesor, el texto de una nueva Constitución cuya reforma parece destinada a sucumbir, al menos en el corto plazo. Aunque empresarios, oposición y sectores sindicales y sociales coinciden en la necesidad de una nueva Carta Magna, el borrador del texto elaborado por la gestión del asesinado mandatario no convencía.
Para la disputa por el Ejecutivo, la esposa de Moise, Martine Ettiene –herida en la madrugada del 7 de julio y recuperándose en EEUU-, pareció abrir el juego al dejar entrever la chance de su postulación: «El presidente Jovenel tuvo una visión y los haitianos no vamos a dejar que muera», dijo, sin más precisión.
Es imposible pronosticar qué respuesta tendrá, cuando ocurra, la convocatoria a las urnas: en Haití la participación electoral suele ser muy baja y, con un presidente asesinado en el medio, nadie espera que se repita una cifra alta de candidatos a la presidencia como el 2016, cuando fueron 27 los anotados.
