Este jueves el Senado de la Nación emitió dictamen de mayoría del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con media sanción de la Cámara de Diputados. Si bien el texto con todas las firmas que lo acompañan aún no está disponible por los tiempos del trámite virtual, el contenido de la ley es el mismo que viene de la Cámara Baja. El dictamen fue por la tarde, después de las últimas 12 exposiciones que las y los senadores escucharon de referentes y especialistas de la sociedad civil. En total esta semana pasaron 56 personas por el estrado virtual. La votación será el 29 de diciembre.
El proyecto de ley de IVE con media sanción del Diputados nació de la discusión entre los proyectos de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (presentado por octava vez en mayo de 2019), por la diputada Araceli Ferreyra, también en 2019, y el del Poder Ejecutivo de la Nación.
Con algunas modificaciones de último momento que surgieron para garantizar acuerdos en el Senado, el proyecto con media sanción plantea que Argentina permita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, que deberá garantizarse en un plazo de 10 días en la salud pública y privada. También contempla la atención postaborto. El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida. Estas causales son las vigentes desde 1921 en el Código Penal.
En los casos de las menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que estén acompañadas por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad para dar su consentimiento.
Además, habilita la objeción de conciencia de profesionales que no están de acuerdo con la práctica médica. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse y hacerse cargo de los costos de esa derivación.
Contempla también la responsabilidad de todos los niveles del Estado de implementar la Ley de Educación Sexual Integral con el fin de promover y fortalecer la salud sexual y reproductiva de toda la población, y la capacitación sobre perspectiva de género y diversidad sexual.
Debate en el Senado
El proyecto de ley empezó a tratarse el lunes, después de que el mismo viernes de la histórica media sanción de Diputados, la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, designara a las tres comisiones que lo discuten. Son Justicia y Asuntos Penales, Salud y la Banca de la Mujer, que preside el debate con Norma Durango al frente. Durango no sólo está a favor sino que forma parte de la mesa articulación feminista y transversal entre senadoras y senadores de distintos bloques que trabajan para conseguir que esta vez la ley no frene en el Senado. Incluye a la mendocina, del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti; la porteña Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio; Nancy González (FTD-Chubut); Matías Rodríguez (FTD-Tierra del Fuego); la mendocina Pamela Verasay (JPC); Martín Lousteau (JPC); y el jefe del interbloque, Luis Naidenoff (JPC).
Desde el martes hasta este jueves por la tarde, las y los legisladores escucharon a 56 expositores a favor y en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo. Pasaron referentes y especialistas de la política, la ciencia, la medicina, el derecho, la filosofía, la religión y el activismo. De Rosario expusieron el médico y referente de salud pública, Daniel Teppaz, y la abogada e integrante de la OEA, Susana Chiarotti, quienes defendieron el proyecto y pidieron que sea ley.
Este jueves, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, agradeció el debate serio, responsable y respetuoso que se dio en el Senado pese a las diferencias. Y anunció que el tema sería llevado al recinto el 29 de diciembre.
Fuentes legislativas señalaron a Télam que la firma del dictamen podría demorarse hasta el final de la tarde o incluso hasta la noche, debido a que el formato virtual del plenario alarga los tiempos y son al menos 62 senadores los que deben verlo.
Las exposiciones de este jueves
Entre las voces que hablaron a favor en el último día de exposiciones, estuvo Dorothy Estrada Tanck, profesora de Derecho Internacional Público, consideró que este proyecto «favorece los derechos de libertad y autonomía reproductiva» de la mujer y aseguró que «el acceso seguro y de forma legal es conforme a la propia convención de los derechos de los niños y niñas» y «el no acceso es violatorio al derecho de igualdad y no discriminación».
También habló Mario Sebastiani, reconocido médico obstetra que ya había expuesto en Diputados tanto este año como en 2020. Dijo que la decisión de los y las senadores pasa por definir «si la mujer va a la clandestinidad o si va a la salud pública y a la dignidad», aseguró que «a quien le ha ido peor es a aquella mujer que trató de tener un aborto, no lo logró y tuvo embarazo forzoso» e indicó que el aborto «es 14 veces menos peligrosos que un embarazo».
Una de las ponencias que más emocionó fue de Ana Correa, periodista y abogada penalista, que escribió el libro sobre el caso Belén, la joven tucumana que estuve presa tres años por un aborto espontáneo. Dijo que la clandestinidad mata, enumeró casos de mujeres muertas y criminalizadas por abortos clandestinos y dijo que el Senado «faltó a la verdad en 2018 cuando dijo que no había mujeres presas por abortos». Para cerrar, les hizo escuchar a las y los senadores un audio de Belén. Antes de que terminara, el legislador del Frente de Todos, José Mayans, la interrumpió y le reprochó a la presidenta del plenario, Norma Durango, ser «imparcial» por permitir a una miembro del sector «verde» extenderse en el tiempo asignado para hablar.
Recorrido de la ley
La llegada al Congreso Nacional es resultado de mucho más que decisión política. La pelea por la legalización del aborto en Argentina empezó en los ochenta con las primeras luchas feministas que se cristalizaron en la Comisión por el Derecho al Aborto, creada en 1988. Continuó, se consolidó y volvió más federal que nunca con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nacida de los debates en los Encuentros Nacionales de Mujeres (ahora plurinacionales y disidentes). La lucha se potenció y ganó masividad a partir del Ni Una Menos de 2015. La Campaña presentó el primer proyecto en 2007 y lo volvió a hacer cada dos años cada vez que perdió estado parlamentario. En 2018 fue la primera vez que llegó a tratarse. Ese año, los feminismos mostraron su fuerza con un millón de personas en las calles y dieron cuenta de que en Argentina la sociedad ya despenalizó el aborto.
Después de un año atravesado por la pandemia de coronavirus, el 17 de noviembre Alberto Fernández cumplió con la promesa de campaña y a través de un video que publicó en redes sociales anunció el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa fue presentada junto con otra ley para crear el Programa de los Mil Días, que busca acompañar los primeros tres años de maternidad para quienes elijan ser madres.
El presidente había anunciado el envío de los dos proyectos en la apertura de sesiones del Congreso del 1 de marzo de 2020. Estaba previsto que llegaran a mediados de ese mes a la Legslatura, pero todo quedó en suspenso por la llegada del covid-19. En estos ocho meses los feminismos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito mantuvieron el tema en agenda y pidieron que Fernández cumpla con la promesa de campaña y que el Congreso apruebe la ley antes de que termine el año.
El hecho de que sea el propio presidente el impulsor de la ley de aborto legal no es un dato menor. Es la primera vez en la historia del país que el primer mandatario toma posición abiertamente a favor de la legalización y despenalización del aborto. A eso se suma el articulado de funcionarias, diputadas y senadoras feministas para garantizar los votos.
Los números de la clandestinidad
Desde la vuelta de la democracia, al menos 3.040 mujeres y personas gestantes murieron por abortos clandestinos en la Argentina. De acuerdo con un estudio elaborado en 2009 por el Ministerio de Salud de la Nación, en el país se producen entre 370 mil y 500 mil abortos anuales. Equivalen a entre 41 y 56 por hora.
Según un informe de Redaas y ELA, en 2016 se internaron en hospitales públicos 39.025 niñas, adolescentes y mujeres por situaciones relacionadas al aborto. Casi la mitad de ellas tenía entre 20 y 29 años y 16 por ciento eran niñas y adolescentes entre 10 y 19 años.
Entre 2016 y 2018, 459 mujeres murieron por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio; 65 de ellas estuvieron relacionadas con el aborto. Estas muertes representan el 15 por ciento del total de las muertes maternas. Además, 9 de las muertes por aborto fueron de adolescentes de entre 15 y 19 años y casi la mitad de mujeres de 20 a 29 años.
Las mujeres que mueren son personas jóvenes y sanas, que además en muchos casos tienen otros hijos. El portal de noticias LatFem indica que desde 2018 hasta la fecha murieron 16 mujeres como consecuencia de abortos inseguros. Entre todas ellas, tenían 21 hijas e hijos.
En la Argentina entre 2016 y 2018, 7.262 niñas entre 10 y 14 años tuvieron un parto: 8 de cada 10 de estos embarazos fueron no intencionales. El embarazo a término en estas edades cuadriplica el riesgo de muerte durante el embarazo, y aumenta el riesgo de complicaciones como eclampsia, hemorragia posparto, e infecciones. También existen efectos en la salud mental, e incluso en el proyecto de vida: las niñas tienen más probabilidades de abandono escolar, empleos informales, perpetuando ciclos de discriminación y pobreza.
El Observatorio de Géneros del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó el 9 de diciembre un informe sobre los costos, la afectación de la salud y vulneración de derechos que provocan la clandestinidad de las prácticas de aborto en la actualidad.
Tomando los datos de internaciones por abortos incompletos, donde están incluidas las complicaciones por abortos hechos en la clandestinidad, revelaron que la ilegalidad le cuesta a la salud pública 2.586 millones de pesos al año, un promedio 56.700 pesos por aborto clandestino. Si el aborto se legaliza, costará hasta 21 veces menos porque el 90 por ciento de las interrupciones serán con misoprostol, que vale 6 mil pesos. Las Ameu tienen un costo total de 15 mil pesos. Con la producción pública del medicamento esos costos bajarán. El ministro Ginés González García dijo que el plenario de comisiones del proyecto que valdrá 400 pesos por tratamiento.
Además, estimaron que con lo que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 mujeres, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 mujeres, lo que significa el 95 por ciento de los abortos clandestinos estimados en Argentina en un año.
