El próximo martes 26 de octubre tendrá lugar la audiencia en la que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dará a conocer las imputaciones a integrantes del directorio de Vicentin por los delitos cometidos en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Miguel Moreno, quien investiga denuncias por estafa en perjuicio de productores agropecuarios, acopios y entidades financieras nacionales e internacionales, dijeron voceros del caso.
Según pudo averiguar El Ciudadano, las imputaciones no solo recaerán sobre buena parte del directorio y síndicos que ocupaban esos lugares durante los años previos al default, sino que también habrá imputados por fuera del directorio. Se trata de accionistas, encargados de gestiones comerciales y apoderados, detallaron las fuentes.
La fecha solicitada por el titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario recibió el visto bueno de la Oficina de Gestión Judicial y sólo resta esperar que se notifique a las partes.
Si bien el fiscal Miguel Moreno recogió distintas denuncias de los damnificados por el default, la Fiscalía mantiene su hipótesis inicial ligada a delitos por estafa. Consideran que la ruta o fuga del dinero (uno de los puntos que pedían investigar los denunciantes) es una consecuencia necesaria del accionar fraudulento, que deja fuera del alcance de las víctimas la posibilidad de reparación económica.
El delito de estafa que sostiene como hipótesis la Fiscalía está previsto en el artículo 172 del Código Penal y establece un máximo de seis años de prisión. A su vez, consideran que las denuncias por administración fraudulenta, asociación ilícita o balance falso que pretendían investigar los denunciantes son elementos que se desprenden del delito de estafa.
«Vamos a poder probar el desfalco»
Entre los querellantes aparecen bancos internacionales, locales y acopiadores de granos. Entre estos últimos figura la corredora de granos de la familia Grassi, uno de los acreedores de peso, patrocinada por el abogado Gustavo Feldman.
En diálogo con LT8, el letrado se refirió a la audiencia y manifestó: “Vamos a poder probar acabadamente tanto el desfalco como el perjuicio, no tengo duda. Sobre todo a partir de la gran tarea que ha hecho el fiscal Moreno”.
Según consideró, entre las imputaciones va a aparecer la figura de estafa, aunque no descartó la existencia de la figura de la asociación ilícita, algo que plantearon en una de las denuncias. “No sé cual va a ser la tipificación que provisoriamente va a hacer el fiscal al momento de imputar, ni tampoco sé si va a haber medidas cautelares de privación de libertad, pero recuerdo que en su momento pedimos que se les prohibiera la salida del país y la instalación de algún dispositivo de control electrónico”.
Si bien Feldman supone cuáles serán los cargos notificados y quiénes serán los imputados, prefirió aguardar hasta el momento de la audiencia ya que el fiscal mantiene total hermetismo sobre el avance de su investigación.
Dos etapas paralelas
La noticia sobre la inminente imputación se conoció pocos días después de que Vicentin presentara a sus acreedores una nueva oferta en el marco de la etapa concursal. Lo que suceda el 26 de octubre no debería comprometer los planes de las agroexportadora, ya que la audiencia se dará en el marco de una causa ligada al fuero penal, mientras que la oferta está relacionada con la situación que se ventila el fuero comercial.
A principios de octubre, Vicentin presentó a bancos, síndicos y acreedores granarios una nueva oferta en el marco del concurso, que contempla, por un lado, una quita del 70% de la deuda de 1.500 millones de dólares a 15 años, y por otro introduce la posibilidad del pago a corto plazo para pequeños productores con una dolarización que en lugar de representarles el 70% de quita, les significa el 50%.
Por otra parte, el plan propone el ingreso al control accionario por parte de Molinos Agro, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), y Viterra (la ex Glencore), que ya es socia de Vicentin en Renova. Las tres fondearán un fideicomiso para cumplir con el pago de la deuda a los principales acreedores, a cambio de utilizar las instalaciones de la empresa en San Lorenzo y Ricardone.
Desde la cerealera sostienen que, de esta forma, el 90% del capital accionario va a quedar en manos de estas tres empresas, y los accionistas originarios se van a quedar sólo con el 10%. Asimismo consideran que la operación asegura que el 70% de la cerealera va a quedar en manos de capitales nacionales
Lo que ocurra el 26 de octubre no afectará los planes que tiene la empresa para el futuro de su concurso de acreedores. Una cosa es lo que ocurra en el carril comercial y otra cosa es lo que suceda en el fuero penal.
En términos legales, cualquier imputación sobre el directorio no debería condicionar el futuro del proceso concursal ni impedir la proyección que tiene la agroexportadora para su paquete accionario o el funcionamiento de sus plantas productivas.
