Una sentencia ejemplar. Eso es lo que esperan familiares y amigos de Jonatan Herrera, el joven de 23 años fusilado por agentes policiales cuando lavaba el auto en la puerta de su casa de barrio Tablada en el marco de la descomunal cacería de otro joven que huía a pie tras el robo de una juguetería, en enero de 2015. Dos años después se conoció la primera sentencia, más tarde confirmada por la Cámara Penal, que fue tildada de “bochornosa” por los allegados al joven asesinado, agrupados en la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Es que la pena más gravosa fue de seis años y medio de prisión para el policía Ramiro Rosales, quien disparó 11 veces en un delito que los jueces entendieron como “culposo”, es decir, como si hubiese actuado sin intención de matar. El próximo miércoles, un nuevo tribunal que fue asignado para revisar el accionar de ese uniformado dará a conocer una nueva sentencia. La Fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua.
“Como familiares de Jonatan queremos una sentencia ejemplar. No solamente para reparar el daño que produjeron en nuestras vidas sino también para que estas cosas dejen de ocurrir. Marcar un precedente para quienes todavía habitamos los barrios y sufrimos cotidianamente el abuso de poder por parte de la Policía en todos sus niveles”, dijo Julieta Riquelme, hermana de Herrera.
La joven remarcó que la incansable lucha que llevan adelante desde hace casi ocho años no sólo busca una condena acorde al fusilamiento de su hermano sino “generar conciencia en la sociedad en su conjunto para que estos hechos dejen de pasar”. De esa manera se refirió a los casos de gatillo fácil, como se conoce la violencia letal en manos de las Fuerzas, pero también a distintos niveles de violación a los derechos humanos que padecen a diario en manos de los uniformados en los barrios populares.
“Luchamos por un precedente por todos los pibes y pibas que vienen siendo asesinados por la Policía y por los que todavía sufrimos esa violencia de forma cotidiana. Para que se le ponga un freno a la Policía por todos los hechos que comete”, dijo Julieta.
“Venimos denunciando que la Policía es parte del problema y no de la solución. Creemos que es necesario preguntarse cuál es el rol de la Policía en los barrios de una Rosario tan violenta. Porque lo vivimos y porque sabemos qué decimos cuando lo decimos: es necesario que la sociedad pueda entender que llenar nuestros barrios de policías no soluciona nada. Necesitamos un Estado presente con políticas públicas para erradicar la violencia”, remarcó.
En ese sentido, Julieta se refirió al reciente nombramiento del ex comisario Rubén Rimoldi frente al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, un cargo que por primera vez desde la vuelta de la democracia es ocupado por un policía. La joven dijo que es un grave retroceso y expresó que ya es hora de plantearse realmente “cómo pensar la seguridad” y “para quiénes pensar la seguridad”, porque todos “corremos peligro”.
Fusilado
Jonatan fue asesinado el 4 de enero de 2015 en la puerta de su casa de barrio Tablada, en la esquina de Ayacucho y Pasaje Villar. Tenía 23 años y un hijo pequeño. Los policías que lo mataron dispararon más de 50 veces en el marco de la persecución de otro joven que había robado una juguetería en Saavedra y San Martín y que ya estaba reducido en el piso con un disparo en la pierna.
Además de los agentes del Comando Radioeléctrico, gatillaron efectivos de la ya disuelta Policía de Acción Táctica (PAT), que por esos días debutaba, que viajaban en colectivo y al ver parte de la secuencia se bajaron para sumarse a la cacería.
Jonatan lavaba su auto en la vereda y al desatarse la balacera intentó refugiarse tras un árbol pero fue alcanzado por varios disparos. Murió en el lugar.
Por el hecho fueron juzgados cinco uniformados. Una efectiva del Comando Radioeléctrico y cuatro miembros de la PAT. El más comprometido fue Ramiro Rosales sindicado como el autor del tiro que le atravesó la arteria hipogástrica que causó la muerte de Jonatan. Durante la investigación se determinó que disparó 11 tiros con su arma reglamentaria sin dar la voz de alto. Además, sus compañeros declararon que fue él quien obligó al chofer de colectivo a detener la marcha y luego incentivó a sus pares para que bajen e intervengan.
En abril de 2017, los jueces Juan Carlos Curto, Juan José Alarcón y Rodolfo Zvala absolvieron a la agente del Comando Gladys Beatriz G., que se presume que disparó el tiro que le dio en la cabeza, y condenaron a Rosales a 6 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Alejandro Gálvez fueron penados a 3 años y 8 meses por abuso de armas agravado. En octubre de ese año, la Cámara Penal confirmó la sentencia con el voto minoritario de Javier Beltramone quien explicó que los fundamentos del fallo no brindaban una explicación que descartara la figura del dolo eventual.
Más tarde, recurso de inconstitucionalidad de por medio, la Corte Suprema anuló la sentencia dictada contra Rosales como autor del delito de homicidio culposo y ordenó remitir las actuaciones a un tribunal subrogante para que se juzgue nuevamente la causa. Para entonces, Rosales ya había cumplido dos tercios de la pena y recuperado la libertad, pero volvió a ser detenido al quedar anulada la sentencia en su contra y dado que ahora enfrenta un pedido a prisión perpetua.
La revisión de su condena terminó el pasado 29 de junio, y ahora la familia espera conocer el nuevo veredicto, que tiene fecha para el próximo 12 de octubre.
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