Luego de que el gobernador Antonio Bonfatti promulgara el lunes la ley 13.392 de Centros de Estudiantes Secundarios y Terciarios, los diputados del Movimiento Evita Eduardo Toniolli (autor de la iniciativa) y Mariana Robustelli (que además es dirigente de la FUA), señalaron que “ahora Santa Fe tiene un marco legal incontrastable que garantiza que los estudiantes que quieran organizarse no vayan a tener ningún tipo de traba de parte de los directivos”.
Toniolli y Robustelli adelantaron que solicitarán, junto a otros legisladores, una audiencia con la ministra de Educación, Claudia Balagué, a fin de informarse sobre “los planes del área en la materia y aportar ideas que puedan ser útiles para garantizar la plena aplicación de la ley”.
“Construimos un marco normativo que permita a los estudiantes herramientas para la organización y la lucha. Ahora están reconocidos y promovidos por una ley, en los secundarios y terciarios y en las escuelas públicas y privadas. Aunque vaya a una escuela privada el estudiante también tiene sus derechos”, advirtió Toniolli.
En ese marco, el diputado del Movimiento Evita señaló que “desde la recuperación democrática a la fecha, docentes, padres, directivos, legisladores, funcionarios y hasta las cámaras empresarias de la educación privada discutieron sobre si los estudiantes podían o no tener su organismo gremial, si debía ser mixto, si también debían integrarlo docentes y directivos”, y agregó que “la voz de los estudiantes se escuchaba sólo marginalmente. Su voluntad de construir centros quedaba librada al humor de los directivos”.
En tal sentido, el presidente de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja señaló la centralidad de dos artículos de la flamante ley, destinados a superar aquel escollo: “El reconocimiento de los centros como organismos integrados exclusivamente por estudiantes, y la posibilidad de recurrir al Ministerio de Educación como órgano de aplicación para reclamar frente a negativas o incumplimientos en la aplicación de la ley”
“Son dos disposiciones que apuntan al reconocimiento efectivo del derecho de organización”, planteó Toniolli, y remarcó que “el proyecto original también llevó las firmas de Gerardo Rico (Movimiento Evita), Leandro Busatto (FPV), Luis Rubeo (FPV) y Oscar Urruty (PPS), y luego tuvo los aportes de la Comisión de Educación en Diputados y de Miguel Lifschitz (PS) en el Senado”.
Por su parte, Robustelli definió a la ley 13.392 como «la expresión de un cambio de época donde se recupera la participación juvenil y la política como herramientas para la transformación”, y agregó que “fortalece y potencia la organización estudiantil para continuar las luchas y desafíos para que los jóvenes avancemos en lo que falta en cuanto a derechos».
El Ministerio garantiza
“Para nuestro gobierno, la participación de los jóvenes es muy importante, y lo hace evidente a través de iniciativas como las olimpíadas santafesinas, el Plan Vuelvo a Estudiar, las prácticas profesionalizantes que acercan a los chicos al mundo del trabajo. No tenemos dudas de que los centros de estudiantes son parte de ese mismo proceso de aprender y apropiarse del mundo, con el eje puesto en la convivencia”, afirmó la ministra de Educación, Claudia Balagué al referirse a la promulgación de la ley de centros de estudiantes en la provincia.
“Con la promulgación de la ley, iniciamos una nueva etapa de diálogo y articulación de estrategias en las instituciones educativas para garantizar el funcionamiento de estos espacios de los estudiantes, que esperamos sea no de manera coercitiva sino como iniciativa de los propios jóvenes y con el acompañamiento de la institución educativa”, agregó.
