Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber – Especial para Fundación Pueblos del Sur
El gobierno de Alberto Fernández ya mostró su juego en materia económica. Desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo del 2022, el objetivo de la política económica apunta a resolver las urgencias coyunturales de un modelo económico fallido, para evitar que este colapse antes de finalizar el mandato presidencial. Una gestión notoriamente alejada de lo que se esperaba del Frente de Todos, que obtuvo la victoria electoral en el año 2019 prometiendo un cambio sustancial respecto al gobierno predecesor.
Las sucesivas medidas que viene implementando el gabinete económico no dan muchos argumentos para pensar en algo diferente. Sostener con cargo al futuro el modelo económico heredado es, cuanto menos, irresponsable, habida cuenta de que no hubo una propuesta de solución clara y consistente que vincule los esfuerzos presentes con una mayor capacidad de generación de riqueza, trabajo y bienestar en lo porvenir.
Abundan ejemplos: la ausencia de un plan de inserción internacional orientado al interés nacional; el cierre de las importaciones sin un criterio de reorganización productiva; la política comercial (tipos de cambios múltiples) ajustada al objetivo de acumulación de reservas impuesto por el FMI; la refinanciación de la deuda pública sin un fundamento de solvencia fiscal; la expansión del gasto social junto con un programa económico recesivo; la falta de un ordenamiento territorial que permita hacer un uso eficiente de los recursos para alcanzar un nuevo estadio de desarrollo con justicia social, entre otras tantas decisiones que se han tomado, dando por válida la misma estructura económica que viene generando crisis recurrentes.
La llegada de Sergio Massa al Ministro de Economía de la Nación ratificó esta orientación; se optó por una figura que pudiera cumplir con las metas del FMI al costo que sea. Por eso resulta que las expectativas respecto a un desenlace indeseado siguen generando fuertes tensiones en todos los frentes económicos: inflación, déficit fiscal, restricción externa, inestabilidad cambiaria permanente, problemas de oferta en prácticamente todas las cadenas de valor, pobreza, precariedad laboral, especulación financiera, etc. No hay guarismo positivo que logre cambiar el crudo diagnóstico de una economía desorganizada, que acelera el proceso de concentración y agudiza la injusticia social.
Esta lógica de “patear la pelota para adelante” resulta extremadamente riesgosa y perjudicial para el país. Sostener como objetivo las pautas del acuerdo con el FMI, no sólo agrava la situación, sino que además reduce peligrosamente las chances de revertirla. La urgencia y seriedad de esta crisis no dan tregua para cumplir el cronograma electoral. Por otra parte, si los candidatos que se ofertan para conducir los destinos del país, tampoco ofrecen soluciones claras y consistentes, entonces la dilación nos conducirá inexorablemente a una situación aún más grave, sea por la profundización de la crisis, como por la debilidad política e institucional para resolverla.
No hay que olvidar que hacia fines del gobierno de Raúl Alfonsín, en el año 1989, la incapacidad para dar respuestas política y económicamente viables, dio lugar a ciertas conductas especulativas que precipitaron la crisis; crisis que fue aprovechada (y profundizada) por propios y ajenos para generar el ambiente propicio para llevar a cabo las reformas que terminaron de destruir el aparato productivo nacional y subordinaron al país a la dependencia política y económica extranjera. La crisis fue a su vez el marco condicionante para que la dirigencia política de aquel entonces aceptara de rodillas las condiciones del Consenso de Washington, lo que en el plano interno se tradujo en la votación de las leyes que delegaron en el presidente Carlos Menem, el aval institucional para ejecutar un plan sistemático y consistente, totalmente contrario a lo que había prometido en campaña.
No hace falta repetir esta triste historia. Si las decisiones en materia económica siguen yendo en la misma dirección, es muy probable que la debilidad política, económica y social resultante sea el escenario deseado para quienes ya están proponiendo volver a los ’90. Basta observar las medidas que prometen implementar los personeros de aquella época para tomar verdadera dimensión de lo que podría ocurrir si se elige el cambio por el cambio en sí mismo.
Esto no implica, desde luego, la propuesta de una ruptura del proceso institucional. Tampoco implica tener alguna expectativa de que se modifique la agenda económica. Sí, en cambio, se trata de un reclamo vehemente para que el gobierno en todos sus niveles, genere las instancias de participación necesarias para que el pueblo organizado se exprese de manera vinculante respecto a los objetivos políticos que el próximo gobierno, cualquiera sea, tenga que cumplir.
La expresión formal e institucional acerca del país que queremos es de crucial relevancia. La ausencia de un Proyecto Nacional de todo el país, da lugar a que cada gobernante de por válido el suyo propio. Por otra parte, es muy importante que los diferentes actores de la vida política del país se expresen clara y abiertamente respecto a sus pretensiones; porque no está dicho que todos quieren lo mejor para la Argentina, más bien algunos quieren lo mejor para sí, a costa del Estado y del pueblo trabajador.
La participación política del conjunto de los argentinos es requisito necesario para dar solución de los problemas del país. Remueve al mismo tiempo la falacia de que la definición del rumbo político y económico está reservada a los gobernantes y sus tecnócratas contratados. Echa luz sobre la oscuridad de los círculos de poder concentrado que manejan a piacere los resortes del estado. En otras palabras, con un Proyecto Nacional de todos y para todos, quien gane las elecciones tendrá menos excusas para no servir a los intereses del pueblo argentino.
Esta es una tarea de extrema importancia e inmediata necesidad, que va mucho más allá de implementar un plan económico de emergencia. Implica reconocer la importancia de la participación popular para definir los objetivos y las metas que adoptará el país. Pero de una participación organizada en torno al interés común de ser una Nación justa, libre y soberana. Porque no se puede gobernar lo desorganizado, salvo que la acción de gobierno se valga de la inorganicidad para sostener la colonia y someter al pueblo a intereses extraños. Por eso debemos comenzar ya mismo.
Frente a la inacción del gobierno nacional, los gobiernos locales y provinciales no tienen excusa para asumir buena parte de la tarea; éstos tienen mayores chances de generar espacios participativos para que las diferentes organizaciones del quehacer económico aporten su perspectiva sobre el tema. Qué queremos, para quién lo queremos, cómo lo queremos lograr, en base a qué prioridades y qué podemos aportar, entre otros temas que resultan de interés para todos y significan en sí guías programáticas para la acción de gobierno.
Por una cuestión lógica, es el estado el que tiene conducir estos espacios, dándoles entidad, convocando a los actores a participar, institucionalizando y financiando el proceso, dándole espacio público, divulgando los resultados y desafíos, generando la información necesaria y comprometiéndose con el seguimiento de las agendas. Una tarea de verdadera conducción política que en Argentina hace casi 50 años que no se hace, y que llamativamente los dirigentes de la virtualidad parecen haber olvidado.
Necesitamos volver a organizarnos para participar en la definición del país que queremos. Las recetas impuestas y los tecnócratas ya hicieron lo suyo, y nos llevaron a la pobreza y la dependencia. No volvamos a repetir los errores; aprendamos de ellos para evitarlos.
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