Este martes el candidato presidencial de la fórmula Fernández-Fernández hablaba en el programa Pasaron cosas de Radio con Vos sobre la abuela de plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien hace poco reveló que usa aceite de cannabis para poder seguir marchando. En la conversación Alberto Fernández dijo que la solución no es perseguir a quienes fuman un porro, algo que entre 2011 y 2018 se llevó el 22 por ciento de las causas en la Justicia federal de Rosario.»Persiguiendo como perseguimos sólo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor, que ha decidido intoxicarse, como el fumador de tabaco, que lo hace cotidianamente», dijo el candidato de Cristina Fernández de Kirchner.
Para salir de la persecución a quienes consumen y atender a los grandes vendedores hoy existen dos proyectos en el Congreso. Ninguno fue tratado. La doctora, investigadora y autora del libro «El activismo político en usuarios de droga», Florencia Corbelle, quien repasó el último intento claro de legislar respecto a tenencia de marihuana en el Congreso, dialogó con El Ciudadano y habló de las chances que tienen los proyectos.
— ¿Los partidos a elegir en las presidenciales pueden habilitar el debate por una nueva ley de drogas?
— Estos debates no son encarnados por un partido político en su totalidad. Son llevados adelante por sectores de los grandes frentes políticos partidarios como en 2011, cuando el borrador del dictamen de esa ley lo firmaron Diana Conti (FPV), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Victoria Donda (FAP). Pero en la UCR y el FPV no había consenso hacia adentro. Es difícil que un partido político presente en una plataforma algo que los divide a su interior. Y más este contexto político. Es un tema que tiende a dividir aguas.
— ¿Lo mismo pasa con el cannabis medicinal?
—Ahí hay más consenso. Cuando se hila más fino, sobre qué se regularía y se permitiría es donde empieza a haber disidencias. Todas las iniciativas que han tenido apoyo de los sectores anti prohibicionistas (ONG, agrupación cannábicas, de usuarios y usuarias terapéuticos), fueron hechas por distintas fuerzas políticas. Tiene que haber un consenso porque no suelen salir por mayoría de un sector o un bloque en el recinto.
— ¿Cuáles son las claves de un posible debate?
—La opinión pública juega un rol muy importante. El principal problema en 2011 y 2012 fue una campaña mediática instalada en contra de la reforma durante el trabajo en comisión. Generó reparos en el FPV, que tenía mayoría parlamentaria. El trabajo en la opinión pública lo habían empezado las agrupaciones cannábicas. Después familiares y usuarios terapéuticos se sumaron a partir de 2015. Pese a la urgencia, estos cambios requieren tiempo y consolidación del activismo. El paradigma prohibicionista y las concepciones sobre las drogas tienen más de 100 años que desinstalar.
— ¿Cuál fue el efecto de la ley de uso medicinal, cuya reglamentación llegó un año más tarde y dejó a muchas personas descontentas?
— El debate se dio en toda América Latina y estuvo muy vinculado a las familias de quienes tienen padecimientos poco conocidos. En todos los casos quedó demostrado que una cosa es lo que dice la letra de la ley y otra es la aplicación: el acceso real. Hay un doble juego en el Estado entre las grandes empresas nacionales e internacionales y los pequeños productores. En Argentina no está habilitado el autocultivo, pero el hijo del gobernador Jujuy, Gerardo Morales logró el permiso para cultivar. En la otra vereda hay pequeños cultivadores que son criminalizados en todo el país. Incluso en Colombia o Jamaica, donde está habilitado el cultivo, los pequeños productores se quejan porque las licencias no son accesibles. El común denominador es no poder acceder. Es complejo. Hay que tener una regulación y trabajar para el acceso.
En Paraguay ocurrió algo muy similar. Hay queja de familiares porque el acceso terapéutico sigue siendo muy restringido. Hace poco Perú lo reglamentó con una ley ambiciosa. Hay que ver qué pasa en la práctica.
—En tu libro describís cómo se formó un sujeto político del activismo en drogas hasta 2011. ¿Tuvo cambios desde entonces?
—Sí. El debate por los usos terapéuticos transformó el activismo cannábico. Generó que muchas agrupaciones que no abordaban estas problemáticas lo hagan. Pasó en todas las provincias y muchas agrupaciones que solo abordaban el derecho al cultivo se vieron obligados a incorporarlos. Inicialmente el activismo cannábico planteaba la demanda en base al artículo 19 de Constitución, sobre las libertades individuales. En el último proyecto que casi llega a votación incorporaron el lenguaje de los derechos humanos en un contexto político donde el mundo criticaba el prohibicionismo por las violaciones a los derechos que conlleva en la práctica.
— ¿Cambió el lenguaje de la lucha con el uso terapéutico?
—Dejaron de usar el lenguaje de los derechos humanos y empezaron a hablar del derecho a la salud. Se ancla el debate en el dolor. El lema es: «El dolor no puede esperar». Entiendo esa opción en ese momento político pero podría haberse hecho un esfuerzo para articular la salud como derecho humano. El sujeto político activista de drogas maduró bastante, pero desaprovechó la plataforma del cannabis medicinal para avanzar en un futuro. Si anclan la demanda en el dolor todas las demás demandas no son visibles, como la criminalización de pequeños usuarios, productores y transportistas o quienes venden en situaciones de vulnerabilidad en sectores populares. Hoy la ley habilita la persecución de jóvenes como una herramienta de control. Muchos son levantados por la Policía y después son víctimas de distintas violaciones a los derechos humanos. Debemos discutir las facultades que habilita la ley de drogas. Y eso repercute en usuarios medicinales y otros en la cadena de venta.
—Haces la diferenciación del “encuentro” de la Policía con usuarios de clase media y con los sectores con menor poder adquisitivo ¿Existe la idea de usuario y activismo en los barrios por fuera de las Madres contra el Paco?
— El activismo cannábico formalizado en agrupaciones no tiene generalmente repercusiones en los sectores populares. Sí hay más participación en la marcha mundial de la marihuana, pero no en el marco de las organizaciones. Falta trabajarlo. En los barrios pasa otra cosa donde surgen acusaciones de venta o plantar para dirimir conflictos. Son personas que en el imaginario social en general están atadas a la venta, pero no es necesariamente así. Parece más fácil agarrar una persona que hace un pasamano en un barrio que perseguir las redes de tráfico.
