Tres jóvenes fueron detenidos y varios vehículos secuestrados este domingo en el marco de la causa que investiga el ataque a balazos contra la fachada del Centro de Justicia Penal (CJP) perpetrado el 3 de enero último, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial.
Entre los elemento incautados en cuatro allanamientos simultáneos realizados en el barrio Cabín 9 de la localidad de Pérez se encuentra una camioneta de alta gama que se presume fue utilizada para dar apoyo a los dos motociclistas que atacaron el edificio judicial.
Según fuentes del caso, la investigación fue llevada adelante por personal de inteligencia de la nueva Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en conjunto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE).
En total fueron cuatro allanamientos en simultáneo en distintos domicilios de la zona aledaña a Cabín 9 por el último atentado contra las instalaciones del Centro de Justicia Penal.
Los voceros identificaron a los detenidos como Fabián F., de 27 años, quien sería el que utilizaba uno de los rodados secuestrados desde donde se produjeron los disparos. También detuvieron a Jonatan G., de 21, y a Ezequiel G., 22 años.
Como saldo del operativo se secuestraron dos auto y una moto: una camioneta Audi Q3, un Chevrolet Prisma Joy y una motocicleta marca Motomel, que tendrían relación con la balacera al edificio judicial que investiga el fiscal Matías Edery.
Además incautaron nueve celulares, una notebook, tres cascos de motocicletas, cuatro plantas de marihuana y una bolsa negra con prendas de vestir, guantes negros y precintos que podrían ser de utilidad para la causa.
Los investigadores creen que la camioneta Audi fue utilizada como vehículo de apoyo en el ataque cometido a las 0.15 del 3 de enero pasado, cuando dos personas en moto dispararon contra el edificio judicial ubicado en Mitre al 2800.
Los agresores llevaban puestos cascos y fueron vistos por la Policía, tras lo cual se dieron a la fuga por calle Mitre hacia el norte.
Según voceros del caso, tras la inspeccionar del frente del CJP, los agentes hallaron seis vainas servidas en el suelo y contaron siete impactos contra la puerta blindada del edificio.
Agregaron que cuatro disparos impactaron en el vidrio de la puerta y tres más en la pared de la explanada.
En esos momentos, los investigadores habían adelantado que sospechaban de los ocupantes de un automóvil como refuerzo de los tiratiros, en lo que fue el tercer ataque al mismo edificio.
Los dos anteriores tuvieron lugar el 5 de agosto y el 10 de diciembre de 2018.
Ataques mafiosos
Las balaceras contra viviendas vinculadas con funcionarios policiales y judiciales y edificios Públicos como los del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los Tribunales provinciales, el edificio del Concejo Municipal de Rosario y el Centro de Justicia Penal comenzaron en mayo de 2018 y continuaron ya entrado 2020.
Fueron más de 20 ataques en su mayoría atribuidos a dos bandas narcos: Los Monos y la asociación ilícita liderada por Esteban Lindor Alvarado.
En el marco de esas intimidaciones el Centro de Justicia Penal, inaugurado a fines de 2017, sufrió tres balaceras. La primera el 5 de agosto de 2018 por calle Sarmiento. Por ese hecho y otros 17 ataques a ex viviendas de funcionarios judiciales y policiales en octubre de ese año fueron imputadas casi veinte personas. La Justicia le atribuyó la autoría intelectual al líder de la banda Los Monos, Máximo “Guille” Cantero y le achacó la responsabilidad directa en siete de los 18 ataques mafiosos.
El segundo ataque al CJP fue contra los ventanales que están por Rueda el 10 de diciembre de 2018 y los agresores tuvieron una mecánica similar: pasaron en vehículos y dispararon de noche. Unos 20 minutos antes, había pasado por el frente de los Tribunales provinciales y dispararon contra el ingreso que está por Montevideo entre Balcarce y avenida Pellegrini. Ahí dejaron un cartel que rezaba: “Con la mafia no se jode: Atte Esteban Alvarado”.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery descubrieron que el segundo ataque al CJP fue ideado por otro jefe narco, Esteban Lindor Alvarado, imputado por asociación ilícita y como instigador del crimen del prestamista Lucio Maldonado, quien fue secuestrado y ejecutado en noviembre de 2018.
