—¿Qué balance hace de los primeros 18 meses de la emergencia en seguridad?
—La ley de emergencia no ha sido utilizada como corresponde. El gobierno sólo hizo uso de la reducción de los plazos de contratación. Usó la ley para contrataciones directas y violó los mecanismos porque tenía montos establecidos que sobrepasó. El Tribunal de Cuentas, en una decisión vergonzosa, no hizo una observación legal sino solamente una advertencia.
“Quedó demostrado que el gobierno compró y gastó mal. Contrató un helicóptero (para la ciudad de Santa Fe) por precios que no correspondían y ahora va a adquirir dos camiones hidrantes. Y no se entiende cuál es la emergencia, porque no se avizora ningún tipo de conflicto social. Es decir que el gobierno no les compra autobombas a los bomberos zapadores pero sí estos camiones”.
“Aún con la emergencia, el gobierno no logró elaborar un plan de seguridad en la provincia. Cuando votamos la ley, les pedimos que incorporen 4.000 agentes. Pero antes debían revisar que los planes fueran los adecuados. Hace 18 meses dijimos: necesitamos más patrullaje, más prevención. El gobierno no lo hizo, vetó ese artículo y ahora tardíamente nos pide la reincorporación (de agentes retirados). Y la prueba es que no se reincorporaron, a pesar de la oferta tentadora (un plus de 3.000 pesos además del sueldo), porque no confían en el gobierno y no avizoran un plan de seguridad”.
—Desde la Legislatura, ¿hicieron controles sobre cómo se gastaron los fondos asignados al Ejecutivo por la emergencia?
—Esa es una responsabilidad pendiente de los legisladores. La ley crea una comisión bicameral de seguimiento que todavía no se reunió. Yo lo planteé en reiteradas ocasiones y cuando volvamos del receso (legislativo), si el Senado no lo hace antes, yo voy a dar una conferencia de prensa para plantear que el Senado no la quiere integrar. Esto no es culpa del gobierno: es una responsabilidad de los legisladores y yo asumo la parte que me corresponde.
“Cuando digo que el gobierno gastó mal es porque, personalmente, sí hice un seguimiento a partir de datos oficiales. Entre 2013 y lo que tenemos cerrado de 2014, el gobierno contrató por 100 o 110 millones de pesos, de los cuales, si no hubiese estado la ley de emergencia, tendría que haber llamado a licitación por 98 millones, que gastó en forma de contratación directa. No digo que en todos los casos haya violado la ley, sino que abusó de la ley”.
—Además de recursos para equipos y contrataciones, ¿piensa que en los próximos 18 meses van a empezar a aparecer soluciones a la problemática de fondo?
—El problema de seguridad en la provincia no es de infraestructura. Cuando se fue (el ex jefe de la Policía Hugo) Tognoli, el gobierno para salir del paso creó la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos y, ahí dentro, la Subsecretaría de Delitos Económicos. Margarita Zabalza (titular del segundo organismo) dijo en la Cámara de Diputados que no se estaba investigando ningún hecho que estuviera relacionado con el narcotráfico. Entonces, no es un problema de infraestructura sino de relajamiento del poder político.
“Ha pasado más de la mitad del mandato y el gobierno no puede exhibir un plan. Lo único que hace es pedirle socorro a la Nación, que siga manteniendo a los gendarmes. Si se dinamitan todos los búnker de drogas, pero al mismo tiempo no empieza a sembrar la reconstrucción del tejido social, al que vendía drogas lo manda a robar. El problema de la provincia es que no hay un plan y no se cumple con la reconstrucción del tejido social”.
