El Partido Progreso Social (PPS), que tiene como referente al diputado provincial Héctor Cavallero, expresó su “más profunda preocupación” ante la situación que vive la Cooperativa de Trabajos Portuarios de la ciudad de San Lorenzo en razón de que puede peligrar la fuente de trabajo de sus afiliados, la relación con los proveedores, y hasta su continuidad misma, a raíz de la intervención de dicha institución dictada por el Juzgado federal de Campana días atrás.
Independientemente del proceso que lleva la Justicia contra su presidente, Herme Juárez, los trabajadores y asociados de esa institución viven «momentos de incertidumbre», considera el comunicado del PSP, debido a la medida dictada por el Juez juez federal de Campana, Adrián González Charvay bajo la consigna de una supuesta normalización de la marcha administrativa de la misma, para luego, y en forma inmediata apartarse de la causa, agregando aún más incertidumbre sobre el caso y retrasando las definiciones necesarias.
Pero más preocupante manifiestan, es aún es el hecho de que, quien ha sido designado interventor es un profesional del derecho que además de no poseer antecedentes en materia de cooperativismo ni en el ámbito portuario, su trayectoria se halla dedicada a la selección de ejecutivos de Recursos Humanos de grandes empresas tanto nacionales como transnacionales, lo que se encuentra sumamente alejado del mundo de las cooperativas y las actividades portuarias.
El comunicado agregó: «Inexplicablemente, se determina la intervención pese a que se trata de una causa en la que solo ha sido procesado su Presidente y dejado fuera de la misma al resto de la Comisión Directiva, que bien podría asumir la continuidad de esa institución sin intervenir en las investigaciones ni en la marcha de una auditoría».
A su vez agregaron que «si de coherencia en los actos se habla, debería hacerse público tanto la trayectoria profesional del interventor como su situación patrimonial actual, como así también su situación de cumplimiento bancario personal y ante los organismos estatales de recaudación fiscal». De esa manera, una vez terminada su actuación, debería demostrar que su intervención no tuvo incidencia en su patrimonio personal ni en el de la institución intervenida.
Por otra parte, a través del documento, Héctor Cavallero expresó: «Es además evidente, que el funcionamiento de dicha cooperativa ha sido exitoso hasta la fecha toda vez que la misma ha reinvertido el superávit que ha declarado, destinándolos a mejorar sus bienes y prestar los servicios que ofrece no solo con eficiencia, sino que compitiendo exitosamente con las grandes empresas transnacionales que brindan similares actividades, y que la ven como competidora en sus beneficios».
Por esas razones consideró preocupante que el actual interventor «termine por acción o desconocimiento con la vida» de la cooperativa abriendo las puertas a las multinacionales cerealeras y portuarias «que pongan en peligro a su vez, los derechos y los ingresos de los trabajadores e incrementen aún más la concentración económica» en manos de las grandes empresas transnacionales y de Buenos Aires en detrimento de la región.
Para finalizar, el comunicado expresó: «Que quede en claro que los ingresos de esa institución por su carácter cooperativo y su conformación, se redistribuyen precisamente en sus inmediaciones significando un fuerte elemento de actividad comercial para la sociedad del lugar que beneficia a todos sus sectores. Si esos ingresos quedaran en manos de las grandes empresas porteñas o las transnacionales, esos beneficios solo servirían para Buenos Aires o para ser girados al exterior, hundiendo la actividad social y comercial de la franja portuaria alrededor de San Lorenzo y sus poblaciones aledañas, deteriorando la calidad de vida de sus vecinos».
