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“Hemos luchado mucho por estos juicios, queremos justicia”

Lo aseguró “Pepe” Berra, uno de los testimonios de la causa Díaz Bessone, en diálogo con elciudadanoweb.com. El tribunal dará a conocer hoy la sentencia en el segundo juicio a represores de la dictadura en Rosario.

José Luis “Pepe” Berra militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), alistada en la Juventud Peronista y brazo estudiantil de Montoneros. En septiembre de 1976, con 18 años, “cayó” en el SI y recién recuperó la libertad en agosto de 1981. El año pasado dio su testimonio en la causa y hoy espera con expectativas la lectura de la sentencia. “Suponemos que va a haber condenas para los principales responsables. Esperamos la mayor pena posible dentro de lo que establece la ley”, sostuvo Berra. Y agregó: “Por estos juicios hemos luchado mucho, esperamos que haya justicia”.

“No va a ser consagrada la impunidad, estos hechos aberrantes no van a volver”, aseguró.

Hoy a las 12 se conocerá en los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 el veredicto en la causa Díaz Bessone, el segundo juicio a represores de la dictadura en Rosario, el sexto en la provincia de Santa Fe. El proceso oral y público, iniciado en julio de 2010, investigó delitos contra la humanidad cometidos en el ex Servicio de Informaciones (SI) de la Policía local, el centro clandestino de detención que funcionó en pleno centro de la ciudad (San Lorenzo y Dorrego) y por donde pasaron unas dos mil personas. El histórico juicio ventiló a lo largo de más de cien audiencias los delitos cometidos por la denominada “patota de Agustín Feced”, el difunto jefe de la Policía rosarina durante los primeros años del terrorismo de Estado.

La megacausa fue caratulada con el nombre de (Ramón) Díaz Bessone, el imputado de mayor jerarquía. Además del ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, fueron juzgados los ex policías José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini, y el civil Ricardo Chomicky, ex militante montonero acusado de “colaborar con la dictadura”. Sobre ellos pesan los cargos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, torturas y asociación ilícita, cometidos contra 93 víctimas.

 

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