A casi cinco meses del cierre total y absoluto de la planta de la empresa Atanor en San Nicolás, tras una explosión que disparó una nube tóxica el pasado 20 de marzo, una nueva inspección en las instalaciones de la empresa de agroquímicos determinó que sigue representando un peligro aún sin activiadad alguna: en la recorrida se encontraron residuos peligrosos sin rotular, una pileta de tratamiento de efluentes separada en apenas 70 metros de casas habitadas, cuando la distancia de seguridad recomendada supera un kilómetro. La inspección estuvo encabezada por la jueza penal Luciana Díaz Bancalari, a cargo del caso por la explosión y que había determinado una serie de medidas a cumplir en el marco de un previo conflicto judicial por contaminación, que lleva ya dos décadas, y la firma no atendió. Tras el siniestro impulsó la Mesa de Gestión Ambiental para relevar daños, un comité de expertos que coordina el especialista en derecho administrativo y ambiental Homero Máximo Bibiloni, a cargo de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y observaron in situ la serie de irregularidades que, además de derivar puntualmente en el siniestro pueden ser la causa de dos centenares de muertes de vecinos nicoleños y un cúmulo de afecciones a un número indeterminado de personas por exposición prolongada a sustancias tóxicas.
Atanor no acató condena por contaminación ambiental y volvió a ser intimada por la Justicia
Atanor es una empresa química fundada en la ciudad bonaerense en 1938, que en la década de 1990 pasó a manos de un holding estadounidense, el Grupo Albaugh. Desde allí inició una reconversión que la convirtió, según el sitio especializado Bichos de Campo, en “la única empresa en Latinoamérica que produce los tres herbicidas de mayor uso, glifosato, fenóxidos y atrazina”. Y marca –pero a modo de reconocimiento, no de crítica– que “el glifosato es un herbicida no selectivo y se complementa con otros selectivos como la atrazina, aplicada en cultivos como el maíz, y los fenóxidos (2-4d)”.
Desde una lógica distante, la organización ecologista internacional Greenpeace marca que la atrazina, cuyo uso es extendido en la Argentina, es un herbicida que está prohibido por la Unión Europea, es decir, en sus 27 Estados miembro, y en más de 40 países por su toxicidad. Y Atanor –agrega– es el principal productor en territorio nacional.
Atanor tiene plantas en el partido bonaerense de Pilar y en la ciudad cordobesa de Rio Tercero, además de la clausurada en San Nicolás.
Greenpeace aseguró que muestras tomadas tanto en los alrededores de la plana de San Nicolás como en las paredes de viviendas cercanas y en el suelo a 350 metros de las instalaciones “realizadas con la cadena de custodia correspondiente y siguiendo los protocolos indicados para estos procedimientos2, arrojaron resultados contundentes, que demostraron la presencia de atrazina.
En la actualidad existen dos fallos judiciales llevados adelante por el Foro Medio Ambiental de San Nicolás, que le exigen a Atanor hacer un saneamiento ambiental y responsabilizan a la empresa por realizar un daño irreparable al río Paraná. El agua de red de San Nicolás se toma en un 50% del río, y la otra mitad del subsuelo, del acuífero Puelche, un yacimiento ubicado a una profundidad que oscila entre los 40 y los 70 metros. La contaminación de Atanor llegó hasta allí, sostiene Greenpeace, y corroboró también un estudio realizado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires.
Tras la explosión, la Justicia clausuró Atanor y prohibió la salida de camiones con residuos
Sin noticias sobre un plan de remediación, si es que se puede generar una estrategia técnicamente viable, Atanor lanzó un programa de retiros voluntarios para los 150 trabajadores de la planta, suspendidos desde el pasado 14 de mayo.
En tanto, la producción en Atanor está paralizada desde el siniestro de marzo, cuando la jueza Díaz Bancalari impuso una medida cautelar tras una denuncia presentada por la ONG Asociación Civil Protección Ambiental del Río Paraná.
Con todo, de la inspección participaron también personal y abogados de la empresa, abogados de la organización demandante, peritos y funcionarios del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, de la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense y de la Municipalidad de San Nicolás.
