Desde deficitarias cláusulas anticorrupción, condiciones técnicas que benefician a determinados grupos y obstaculizan la competencia, hasta ardides para sortear las objeciones ambientales y limitaciones a eventuales impugnaciones de los interesados en el multimillonario negocio que el Gobierno pretende ceder a los privados. Igual, el Ejecutivo finge demencia y mantiene el cronograma de la enajenación