Claudia fue detenida hace un año en Salta por intentar pasar cocaína por la frontera desde Bolivia, donde vivía. Necesitaba dinero, dijo, para pagar la quimioterapia de su hijo de 13 años, que tenía un cáncer terminal. La detuvieron. Estuvo seis meses en una cárcel hasta que un juez accedió a su pedido de viajar para estar con Fernando. Estuvieron juntos los últimos cinco días que el adolescente peleó hasta morir en brazos de su madre. Ahora Claudia volverá a prisión a la espera del juicio y casi segura condena. Es una entre muchas mujeres que integran el eslabón más frágil de una cadena que combina pobreza y desesperación. Las y los que pueblan las cárceles, los perejiles sin dinero sobre quienes el Estado descarga la persecución penal del narcotráfico. Seguirá encerrada, asistida por abogados de oficio, sin un peso y con la certeza de que lo que hizo valió la pena: jugarse para alejar la muerte de su hijo.
Los defensores de Claudia probaron que la enfermedad de su hijo era real. El magistrado entonces la autorizó a viajar a la localidad boliviana de Montero, a 50 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Su médica, María Estela Coleoni Suárez, del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, confirmó a Infobae la mala noticia. «Acaba de caer un gran luchador contra el cáncer, un guerrero valiente», aludió a Fernando. El adolescente había pedido la semana pasada abandonar el hospital y volver a su casa. La médica explicó que les dijo que deseaba «morir en su casa», pero lo que quería era estar con su mamá.
Fernando padecía cáncer desde hace poco más de un año. El osteosarcoma en el fémur de su pierna derecha avanzó rápido y derivó en metástasis pulmonares múltiples. Claudia trabajaba limpiando casas, no tenía dinero con qué pagar el tratamiento para su hijo y buscó ayuda en el negocio narco. Se acercó a la rotonda de Montero. Sabía –todos saben– que allí podía encontrar un contacto para pasar cocaína a la Argentina y ganarse como «mula» los 500 dólares que le pagan por traficar un kilo y que le iban a permitir pagar la quimioterapia de Fernando.
Todo salió mal: la noche del 27 de octubre de 2017, la Gendarmería argentina detuvo el remís en el que viajaba por la ruta nacional 34, cerca de la ciudad jujeña de Ledesma. Y quedó presa lejos de su hijo.
Claudia le contó al juez Ernesto Hansen su desesperación, pero el magistrado ordenó igual su detención. Estaba embarazada, y dio a luz cuatro meses después en la unidad penal para mujeres de General Güemes, en Salta. Su historia estaba condenada a la invisibilidad, pero medios nacionales la publicaron y entonces, a seis meses de los insistentes pedidos de la mujer, Hansen le permitió viajar a Bolivia por un mes para acompañar a su hijo en los últimos cinco días que le peleó al cáncer. Si la autorización hubiera llegado antes, podría haberlo acompañado más tiempo. Apenas pudo estar con él unas horas.
Claudia llegó a Bolivia el viernes por la noche. Viajó 24 horas en micro desde la cárcel salteña de General Güemes hasta su casa de Montero. Ahora deberá volver a la cárcel y esperar el juicio, ya sin Fernando.
