El Senado de la Nación aprobó en la noche de este jueves por amplia mayoría, y convirtió en ley, el proyecto de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.
La discusión del proyecto, que finalizó pasadas las diez de la noche, fue seguida desde las gradas del recinto de la Cámara alta por decenas de pacientes, que aplaudieron de manera cerrada cada discurso.
El proyecto fue votado por 60 votos a favor y uno en contra, del jefe del bloque PRO, el misionero Humberto Schiavoni.
La iniciativa, que fue presentada originalmente por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos, establece –entre otros puntos– la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.
Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.
El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.
La integración de esta comisión debe ser determinada por vía reglamentaria y garantizar representación federal y de géneros.
También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.
El jefe de la comisión de Salud de la Cámara alta, el oficialista tucumano Pablo Yedlin, elogió la ley de VIH y la calificó como “precursora en el mundo y sobre todo en la región”.
“Se diagnostican por año 4.500 casos con una tasa de 11 por cien mil. En tanto que la tasa de mortalidad está en 2,8 por cada cien mil habitantes”, mencionó Yedlin, puntualizando además que “el 65 por ciento de los pacientes se atiende en el sector público” y que “el 30 por ciento de los pacientes que se diagnostican lo hace en un período tardío de la enfermedad”, es decir, cuanto ya avanzó sin tratarse.
El vicepresidente de la comisión, el jujeño Mario Fiad, saludo la ley que “viene a actualizar la ley vigente y que tiene el adicional de incluir también a las hepatitis virales y a otras infecciones de transmisión sexual desde una perspectiva de los derechos humanos”.
“Creo que estamos llegando tarde, porque no necesitamos de estas leyes para saber que el universo de las personas afectada por estas patologías tienen sus derechos consagrados”, agregó.
Fuera del Parlamento, personas viviendo con VIH de diferentes edades, provincias y organizaciones se movilizaron para reclamar la aprobación, en un colorido acto cuyo escenario cedieron por momentos a las familias que aguardaban la aprobación de otra norma que también se aprobó, la de oncopediatría.
«Este proyecto de ley viene a atacar las dos barreras principales que tiene la respuesta al VIH en la Argentina que son la pobreza y la discriminación, con acciones concretas como una pensión no contributiva, un régimen especial previsional para las personas que no lleguen a cumplir los años de aportes o políticas específicas que prohíban la discriminación», dijo Matías Muñoz, coordinador del capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH.
Participaron además organizaciones que forman parte del Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, tales como Ciclo Positivo, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (Rajap), la Red Nacional de Personas Viviendo con VIH. Y también el Inadi tuvo un puesto de información.
José María Di Bello, de la Fundación Efecto Positivo (GEP), sostuvo que “ninguna ley de ningún otro lugar del mundo” contiene “todos los aspectos de protección social” que incluye el proyecto que presentaron y acompañaron. “El hecho de aprobarla nos pone nuevamente en la vanguardia de la avanzada en la conquista de derechos”.
El histórico activista aseguró que en estos ocho años de lucha desde la redacción del proyecto, éste “evolucionó” al calor de las mismas circunstancias “y a partir de una situación terrible como fue la quita de las pensiones no contributivas a las personas con VIH durante el macrismo” se incorporó un régimen nuevo para personas positivas: “Nos dimos cuenta que no podían depender de la voluntad política del gobierno de turno”, marcó.
“Durante estos años hemos avanzado mucho a nivel de tecnologías médicas y eso nos ha dado una sobrevida, pero con ella vinieron un montón de otros impactos, que tienen que ver con lo social y laboral, y a eso le estamos dando respuesta con esta ley. Yo soy un convencido de que va a salvar muchas vidas”, consideró.
Una de las personas a las que el macrismo le quitó la pensión no contributiva fue María Sánchez, de Positivos La Matanza. Fue a partir de esta situación que se incorporó a la organización junto a otras y otros de diversas localidades como Moreno, Pilar, Mar del Plata y San Bernando.
A su turno, Andrea Rotela, de Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/Sida (ICW), contó qué suele contestar cuando las personas le preguntan para qué una nueva ley, “si ya tienen una ley» que incluye el acceso gratuito a la medicación: “Sí, tenemos una ley 100% paliativa, pensada para acompañarnos a una muerte más digna; pero hoy que la condición de persona positiva se asemeja a sobrellevar una enfermedad crónica y que se ha demostrado que indetectable es igual a intransmisible, «necesitamos otras cosas, una ley como esta, con enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género, con un capitulo específico sobre mujeres y personas gestantes”.
Con el mismo tenor, una de sus compañeras de ICW, la abogada Cecilia Rodríguez, destacó: “Las mujeres con VIH estamos expuestas a una doble situación de vulnerabilidad. Decir que tenemos la enfermedad nos somete a situaciones de violencia”.
Florencia Cevallo viajó desde Códoba y es una de las voces de Rajap que animaron la jornada desde el escenario. “Siendo mujer con VIH, lo que estoy viviendo acá es un hecho histórico que espero hace muchos años para tener una mejor calidad de vida, para ser sujeto de deseo además de derecho”, precisó.
Por su parte, la directora nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación Inadi y activista trans Ornella Infante, sostuvo que la expectativa, a partir de la sanción de esta ley, es que “el Estado argentino comience a pagar de una buena vez la histórica deuda que tiene con el sector”.
«Nosotras lo que tenemos que lograr también es la aprobación de la ley integral trans para que nos garantice también el contexto general de tener la inclusión, la igualdad de oportunidades que tienen otras poblaciones, no sólo las que conviven con VIH porque hay un sector que no es positiva y le tenemos que dar todas las herramientas para prevenirlo”, dijo.
Derechos laborales
- Al trabajo y a la permanencia en el mismo sin discriminación, despidos, suspensiones, hostigamientos, reducciones salariales, violencia, ni violación de la confidencialidad, para la población referida en esta ley. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de personas con VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y/o tuberculosis obedece a razones de discriminación.
- A que no sea condicionado el ingreso a fuentes laborales o a la promoción de puestos de trabajo por la realización de pruebas diagnósticas.
- A no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo.
- A ser beneficiarios de políticas de empleabilidad para personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y/o tuberculosis, impulsando el acceso universal, asistencia integral y no discriminación.
- A la inclusión de las personas con VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y/o tuberculosis en los programas de formación y capacitación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- A ser beneficiarios de políticas de acciones afirmativas que fomenten la inclusión laboral, tanto en el ámbito público como en el privado, para la población contemplada en esta ley, garantizando la confidencialidad del diagnóstico.
