Por Gastón Rodríguez / Diario Tiempo Argentino
En la Argentina se está preparando una nueva ley de cannabis que apunta al uso recreativo, basada en la reducción de daños y con un objetivo de máxima: quitarles al narcotráfico y sus aliados en las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial la regulación ilegal del mercado. Sus propulsores, entre los que se cuentan 28 organizaciones de la sociedad civil, entre científicas, académicas, especializadas en salud mental y de Derechos Humanos, aseguran que por primera vez en la historia del país es posible una reforma profunda de las políticas de drogas.
El Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis para personas mayores de 18 años, lanzado en septiembre pasado al cumplirse los 30 años de la ley de drogas, plantea la despenalización, no de la sustancia, sino de la conducta como un «imperativo ético». En otras palabras: no importa la sustancia que esté consumiendo la persona; en todo caso es su decisión y no puede criminalizarse.
«La idea es hacer una ley nueva basada en criterios de salud pública. Empleamos el término ‘uso adulto’, que podría ser un sinónimo de recreativo. No estamos para juzgar y decir lo que tenés que hacer con tu tiempo libre. El uso de la sustancia es privado. En ese sentido no es una ley de cannabis medicinal, aunque sí contemplamos que se puede hacer un uso terapéutico de la marihuana como, por ejemplo, para dormir o bajar un cambio», explica Emilio Ruchansky, periodista y referente del Acuerdo.
La propuesta de Regulación Legal del cannabis tiene cinco puntos en los que remarca que «debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales», recomienda la aplicación de «restricciones similares a las vigentes para el tabaco» y expresa la necesidad urgente de «no criminalizar conductas asociadas al consumo».
«Hablamos de regulación legal –continua Ruchansky– porque de hecho existe una regulación ilegal; un entramado entre narcos, policías y el Poder Judicial que en algún punto hace que todo siga sucediendo como hasta ahora. Matilde Bruera (la abogada penalista y diputada de Santa Fe) lo dice claro: «La policía regula el narcotráfico a través del Poder Judicial».
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que participa del Acuerdo, destacan que «existe una persecución policial y penal muy fuerte a la marihuana, la sustancia de mayor consumo y la más fácil de detectar» y describe que «de esta persecución se nutre la gran mayoría de las detenciones de consumidores y las incautaciones que el gobierno nacional presenta como indicadores de éxito. Esta orientación contrasta con iniciativas que en distintas partes del mundo relativizan la nocividad del cannabis y promueven su regulación».
Uruguay, en 2013, y Canadá, en 2018, regularon el mercado de cannabis como forma alternativa de disminuir el narcotráfico. En el caso norteamericano, no sólo se despenalizó el consumo recreativo de marihuana, sino también se indultó a los que habían sido sentenciados ante de la vigencia de la norma por posesión de hasta 30 gramos. Ambos ejemplos son «inspiradores» del modelo propuesto por el Acuerdo de Regulación Legal.
«Uruguay tiene 3 millones de personas. Canadá es más parecido a nosotros. También miramos algunas cosas de Holanda, como el tema de la reducción de daños. Ellos demostraron que la puerta de entrada a las drogas duras no es la marihuana sino el dealer. Regular el cannabis es una medida sanitaria porque evita que el usuario tome contacto con el mercado clandestino», sostiene Ruchansky.
Oportunidad
En su segunda semana en el cargo y luego de derogar varias de las iniciativas de su predecesora, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, adelantó que «el mes próximo vamos a estar estudiando la comercialización de la marihuana con las organizaciones que ya vienen trabajando este tema. La idea es plantear un proyecto de ley al Congreso para que lo discutan democráticamente» y hasta opinó que «el Estado tiene una proporción muy alta de decomiso de marihuana. Muchos de quienes consumen lo hacen con fines recreativos, además del consumo para fines medicinales. Ese consumo recreativo, sabemos que en muchos casos produce menos daño que el consumo de alcohol y no vamos a convertir el alcohol en ilegal».
Luis Osler, presidente del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA) y director jurídico de la revista THC, se esperanza con el momento histórico: «Nunca antes estuvieron dadas las condiciones como ahora para avanzar en una salida del paradigma prohibicionista porque una reforma de este tipo es imposible sin voluntad política».
Para el abogado especialista en tema de drogas, al «auge» del cannabis medicinal hay que sumarle que, por lo menos en lo que respecta a la ministra de Seguridad, existe «una visión diferente del mundo» respecto a la anterior gestión. «La mentira de las estadísticas hace que tener un porro sea lo mismo que una causa de narcotráfico. El 99% de los casos son por porros, lo que en los números te da una lucha increíble contra el narcotráfico. Esto demuestra la inutilidad de criminalizar usuarios y la importancia de regular».
Para Victoria Baca Paunero, defensora oficial Criminal y Correccional del Departamento Judicial Lomas de Zamora, «el primer gran problema es la Ley penal 23.737 del año 1989».
Esa ley «debe ser modificada en forma urgente para que cese la criminalización de tenedores y cultivadores simples, las internaciones compulsivas y se adecúen las penas en forma proporcional a las de otros delitos de igual gravedad», justifica.
«Veo este Acuerdo con mucho optimismo –insiste Osler– y voy a usar esa frase trillada de que la crisis es una oportunidad. Las condiciones socioeconómicas del país son las ideales para avanzar en el desarrollo de los cultivadores y de emprendimientos solidarios y cooperativos para proveer de aceite gratuito, impactando en la salud pública. Además, con el Estado teniendo la regulación integral del cannabis, hay un control más amplio, cobrando impuestos, aplicando tasas, revisando la higiene y la seguridad, creando fuentes de trabajo y, más importante que todo, sacando de la esfera penal a los consumidores» «.
La abuela que recuperó las plantas que necesitaba su nieto
El lunes 15 de julio de 2019, en el destacamento policial de Calle 4 y 610, en La Plata, ocurrió un hecho histórico: la Justicia le devolvió 32 plantas de marihuana a una cultivadora que producía aceite para su nieto enfermo.
Unos días antes, con el pretexto de buscar un celular y armas, agentes bonaerense irrumpieron en la casa de Araceli Rea, en el barrio Aeropuerto, y aunque no encontraron nada de lo que buscaban, secuestraron las plantas que servían de medicina para un chico que todavía no había cumplido los 2 años diagnosticado con síndrome de West. También se llevaron detenidos a la mujer y su marido.
«Estuvimos desde la 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En ese tiempo, un montón de gente se concentró en la puerta de la comisaría para apoyarnos. Todo el mundo salió en defensa nuestra», le contó Araceli a Tiempo luego de su liberación.
Para la «Abuela cultivadora», como se había popularizado el caso en las redes, faltaba lo más importante. «Hice una nota pidiendo la restitución de las plantas y en una declaración espontánea frente a la fiscal expliqué el caso de mi nieto con su historia clínica, la prescripción médica y la inscripción en el RECANN (Registro Nacional de Usuarios de Cannabis)».
Tiziano, el nieto de Araceli, sufrió una meningitis a los cuatro meses de vida que le dejó secuelas, entre ellas, una lesión cerebral que le provocó el síndrome de West, además de una epilepsia refractaria que, hasta el tratamiento con cannabis, nunca había logrado paliar.
Municipios verdes
En septiembre de 2019, el Concejo Deliberante de Hurlingham aprobó una ordenanza que permite a la Comuna el cultivo de plantas de marihuana para investigación y uso terapéutico. De esta manera, todas aquellas personas que necesiten aceite de cannabis según prescripción médica podrán acceder de manera gratuita.
La ordenanza fue impulsada por Annanda Cultiva, una ONG local integrada por madres y padres de chicos con enfermedades complejas que requieren tratamiento con cannabis. Así, Hurlingham se convirtió en el primer distrito de Buenos Aires en contemplar la producción por parte del Estado municipal con fines medicinales.
En octubre de 2018, General Lamadrid fue pionero en autorizar el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica. Luego, en julio de 2019, le tocó el turno a San Vicente de promulgar una ordenanza que permitiera desarrollar un área de cultivo comunitario. Por estos días, en el partido de Rivadavia, se encuentra abierta la inscripción al Registro Municipal de Auto Cultivadores para la producción de aceites con fines medicinales y/o terapéuticos.
